España enfrenta una creciente presión internacional debido a dos polémicas que han situado a su política marítima y logística bajo el escrutinio mundial. Por un lado, Izquierda Unida (IU) en el Grupo Parlamentario SUMAR han denunciado el supuesto tránsito de armamento destinado a Israel a través de puertos y aeropuertos españoles, lo que, según afirman, viola órdenes internacionales y podría convertir a España en cómplice indirecto del conflicto en Gaza. Por otro lado, el Gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una investigación formal sobre presuntas restricciones impuestas por España a buques estadounidenses que buscan atracar en sus puertos.
IU y SUMAR han elevado sus críticas al Ejecutivo español, acusándolo de permitir que infraestructuras nacionales sean utilizadas para el transporte de armamento hacia Israel, en pleno contexto de escalada bélica en Gaza. Las organizaciones exigen la inmediata incautación de los cargamentos bélicos y el cumplimiento estricto de las resoluciones internacionales que instan a detener el flujo de armas hacia la región.
El portavoz de Izquierda Unida y del grupo parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, ha instado al Gobierno a establecer un protocolo que permita inspeccionar y retener materiales militares transportados por buques que hagan escala en puertos españoles y que tengan como destino Israel. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las resoluciones internacionales y contribuir a frenar lo que ha calificado como un genocidio en Gaza.
Desde octubre del año pasado, cuando comenzó la escalada de violencia en Gaza, la Corte Internacional de Justicia ha emitido varias medidas cautelares (24 de enero, 28 de marzo, 24 de mayo y 19 de junio de 2024) que ordenan bloquear cualquier suministro militar que pueda perpetuar estos crímenes. Asimismo, la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos por crímenes de guerra.
Santiago ha recordado que España está obligada, tanto por su legislación nacional como por tratados internacionales, a impedir el envío de armas a Israel. Citó la Ley 50/1997 de Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas como fundamentos legales para actuar.
“El Gobierno español ya ha dado pasos importantes, como la negativa al atraque del buque Marin Danka en mayo y, más recientemente, de otros dos buques en el puerto de Algeciras. Sin embargo, es imprescindible establecer un protocolo normativo que dé seguridad jurídica a las autoridades portuarias y garantice la aplicación efectiva de las medidas internacionales”, explicó Santiago.
Simultáneamente, la Comisión Federal Marítima (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre prácticas regulatorias del Gobierno de España que, según denuncias, habrían impedido la entrada de ciertos buques, incluidos algunos con bandera estadounidense, en al menos tres ocasiones durante este año.
En una declaración oficial, la FMC señaló que la investigación comenzará con un periodo de comentarios públicos de 20 días, durante el cual se recopilará información sobre los casos documentados de denegación de entrada. Esta medida busca garantizar la transparencia y la eficiencia en el comercio marítimo internacional, un principio que la comisión considera esencial para el sistema global de transporte de mercancías.
Izquierda Unida expresa que: «Nunca hemos solicitado que no se permitiera atracar en España a los barcos con material militar para que Israel continúe el genocidio e Gaza. Hemos pedido incautar ese material en puerto español y ponerlo a disposición de la Justicia».
