El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de 12 medidas en materia de vivienda en el foro «Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar», organizado por el Ministerio de Isabel Rodríguez en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Los objetivos del paquete son «más vivienda, mejor regulación y mejores ayudas».
Entre las medidas destacadas se encuentra una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia de la Ley de Vivienda, medida criticada por Izquierda Unida por «premiar a los especuladores a costa de las arcas públicas «. Además, se limitará la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, duplicando el gravamen fiscal que deben pagar, priorizando la disponibilidad para residentes.
El Gobierno transferirá más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda, encargada de construir vivienda social de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata y otras 17.000 progresivamente. Asimismo, se blindará la titularidad pública de la vivienda construida por el Estado.
Otra de las medidas es el lanzamiento de un PERTE para fomentar la construcción industrializada y modular, que reducirá los tiempos y costes de edificación. Este proyecto arrancará en Valencia para apoyar la reconstrucción económica tras la DANA.
Además, se creará un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos que participen en alquileres asequibles. Este modelo, inspirado en el aplicado en Francia, asegurará el cobro de la renta y promoverá una mayor oferta a precios asequibles. También se pondrá en marcha un programa para rehabilitar viviendas vacías destinadas al alquiler asequible, con ayudas para reformas a cambio de mantener el alquiler durante cinco años.
También se endurecerá la regulación del fraude en alquileres de temporada, y las ventajas fiscales de las SOCIMIS estarán condicionadas a la promoción del alquiler asequible. Además, se aprobará un nuevo Plan Estatal de Vivienda en 2026, que priorizará ayudas a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas.
Durante su discurso, Sánchez afirmó que estas políticas buscan «proteger a la ciudadanía» y evitar una sociedad dividida entre quienes heredan vivienda y quienes no pueden acceder a ella. También criticó las políticas neoliberales del PP que, según él, dejaron el mercado inmobiliario en manos de especuladores.
Sin embargo, el paquete de medidas anunciado por Feijóo ayer en Asturias en materia de vivienda va en otra línea. La bajada de impuestos a la compra de vivienda de segunda mano podría beneficiar principalmente a sectores con mayor poder adquisitivo, dejando al margen a quienes más lo necesitan, como jóvenes y familias vulnerables. Además, no se presentan soluciones claras para aumentar el parque público de vivienda o frenar la especulación inmobiliaria, problemas clave de la crisis actual.
Por otro lado, las medidas antiokupas propuestas por el PP enfatizan más el castigo que la prevención. En lugar de abordar la falta de acceso a una vivienda digna que lleva a estas situaciones, se centran en criminalizar a colectivos vulnerables. Una política más efectiva pasaría por invertir en vivienda social y por implementar programas de mediación que permitan soluciones habitacionales estables, evitando conflictos sociales y judicialización innecesaria.
