La Diputación Permanente del Congreso rechazó en su sesión de ayer día 22 de enero la petición de un grupo de diputados del Partido Popular para hacer comparecer, en una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para, según afirmaban los diputados de la derecha en su petición, «informar sobre la situación procesal del Fiscal General del Estado, incompatible con el ejercicio de su cargo, y sobre la implicación de la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Justicia en la ‘dinámica delictiva’ que señala el Tribunal Supremo en su reciente auto».
El portavoz de Izquierda Unida y diputado en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, intervino en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso y mostró el rechazo de su formación a esa comparecencia del ministro de Justicia. Para Santiago, la imputación del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe provincial de Madrid y del teniente fiscal de la secretaría técnica, «supone criminalizar el funcionamiento de una institución como el Ministerio fiscal».
La imputación de los fiscales se produjo a raíz de una nota emitida desde la fiscalía para desmentir un bulo manipulador difundido por el gabinete de la señora Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, en relación a los delitos tributarios de su pareja.
Enrique Santiago calificó de sorprendente la resolución judicial que imputa a los fiscales e igualmente sorprendente que a partir de ahora puede ser considerada como delito «la obligada dación de cuentas al fiscal general por los fiscales». La imputación, añadió, ignora la norma que regula la dependencia jerárquica en la fiscalía, tal y como establece el artículo 124 de la Constitución. «La resolución judicial —señaló— adolece de absoluta falta de indicios de criminalidad, lo que debería llevar de forma inmediata al archivo del procedimiento». Calificó la causa contra el fiscal general del Estado de caza de brujas y denunció la participación en la misma de «una conservadora y politizada asociación de fiscales que ejerce una de las acusaciones», que ha puesto en peligro la autonomía del ministerio fiscal.
Para el diputado de Izquierda Unida, «es la derecha política la que ha abierto una investigación judicial al fiscal general del Estado», convirtiendo a sectores de la Justicia en actores políticos, «bien poniendo en entredicho la aprobación de las normas que aprueba el Parlamento o bien abriendo procedimientos judiciales al dictado del PP, usando a sus organizaciones satélites como acusaciones».
La apertura una investigación judicial al fiscal general del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal cuyo origen no es tan desconocido, señala Santiago, muestra que a la derecha no le importa deslegitimar para sus fines una institución esencial en el Estado de derecho como es el Fiscalía General del Estado. «Se les ha ido la mano en sus ataques a la democracia y al Estado de derecho. Ataques en coordinación con los sectores más reaccionarios de la Justicia, de los poderes económicos y de los medios de comunicación», afirmó Santiago y denunció en nombre de su grupo parlamentario lo que calificó como «estrategia trumpista», convocando a toda la sociedad a «defender la democracia a la que la derecha está poniendo en grave peligro en todo el mundo».
Durante su intervención, Enrique Santiago se refirió a la contratación en el Senado, a sueldo del PP, del abogado del grupo extorsionador «Manos limpias», así lo calificó, que participa en la causa contra el fiscal general y atribuyó a este abogado, Víctor Soriano, que está asignado al grupo parlamentario popular en la Cámara Alta, ser gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal y denunció «como ya hemos empezado a ver —dijo— la filtración de forma absolutamente irresponsable de información procedente de los dispositivos electrónicos intervenidos al fiscal general». «Es imprescindible —añadió Santiago en relación a las filtraciones— recuperar la vía de la exigencia de responsabilidad civil a los jueces, como es exigible al resto de profesionales de este país».
Para el portavoz de IU, a diferencia de la petición de comparecencia del ministro de Justicia que hacía el PP, quien debería comparecer en el Cámara es el señor Feijoó, para «explicarnos la utilización de buena parte del poder judicial por el PP», como muestra el ejemplo de la organización, por parte del que calificó de «panfleto digital ultraderechista OK diario«, de unas jornadas jurídicas a las que asisten junto al empleado del PP en el Senado, el señor Soriano, jueces como Manuel García Castellón, Eloy Velasco o Enrique López, el exresponsable de justicia del PP. Todos ellos jueces destacadamente vinculados al PP».
«Los que acabaron con Pablo Casado por denunciar corruptelas que implicaban al hermano de Ayuso ahora quieren acabar con el fiscal general por cumplir con su deber de perseguir otro presunto delincuente del círculo personal de la señora Ayuso», en claro referencia a la pareja de esta, «el comisionista Alberto ‘el de Quirón’, dijo, que es «quien está investigado por un presunto delito tributario que es defraudar más de 120.000 euros a la hacienda pública… Delitos que su abogado siempre ha estado dispuesto a reconocer para obtener reducción de condena, no reducción de multa, que sabe su abogado que se tiene bien merecida», concluyó Santiago para anunciar su voto en contra a la comparecencia del ministro de Justicia tal y como pedía el PP.
