Hemos estrenado año con la misma dinámica con la que despedimos el anterior: titulares de prensa y tertulias de “todólogos” que cada día sin excepción nos recuerdan lo mal que está la cosa para acceder a una vivienda. Eso sí, sin profundizar lo más mínimo ni ofrecer soluciones más allá de las recetas clásicas, esas que son precisamente parte del problema y no de la solución.
También en las instituciones, en los tres niveles, la vivienda continúa acaparando buena parte del debate, y en el clima político del momento —que es el de la crispación permanente y absoluta— parece haber un único consenso: existe un grave problema con la vivienda que hay que resolver. La cuestión es que más allá de las palabras, en la práctica y hasta el momento, los precios siguen incrementándose y apenas ha habido avances legislativos recientemente. Mucho ruido y pocas nueces.
Las organizaciones políticas y sociales que defendemos el derecho a la vivienda hemos cumplido el reto de poner en el centro de la agenda política los perjuicios que el modelo instaurado provoca a la clase trabajadora. El siguiente paso, el que nos toca dar en este momento, es el de hacer una profunda pedagogía. Todo apunta a que se vienen una sucesión de retórica y propuestas en los próximos meses, titulares pomposos, que disfrazados de soluciones no sólo no van a servir para avanzar en nuestro anhelado derecho a la vivienda sino que, al contrario, si se acaban poniendo en marcha apuntalarán el modelo especulativo actual.
El PP y la liberalización indiscriminada del suelo
En este nuevo marco de aparente ofensiva, el Partido Popular ha salido a escena y plantea propuestas. Liberalización indiscriminada del suelo, dicen, para agilizar la oferta de viviendas. La realidad —lo saben y por eso lo proponen— es que una mayor desregulación supondría abrir aún más el grifo al ladrillazo. Avales a la compra para jóvenes, dicen, para facilitar el acceso a la vivienda. O lo que es lo mismo, endeudamientos de por vida a quienes no gocen de una buena situación de partida a la vez que subvención encubierta para las constructoras. Insumisión a la nueva ley de vivienda porque, dicen, el problema de subida incesante de precios de alquileres no se va a solucionar topando los precios de los mismos. Se nota que ellos no son de los que pagan alquiler a principios de mes, sino de los que ponen el cazo para cobrarlo. Y, por supuesto, “ley antiocupas” porque no pierden ocasión de agitar el discurso del miedo y del odio para desviar la atención de los verdaderos responsables, quienes se están enriqueciendo a costa del salario ajeno. En definitiva, el PP nos quiere volver a llevar a la crisis del 2008, la del pelotazo urbanístico y las deudas bancarias impagables seguidas de desahucios. Nada que nos pueda sorprender a estas alturas.
El gobierno y el parque público de viviendas
El PSOE también mueve ficha. Y lo hace —de momento de palabra— asumiendo algunas de las reivindicaciones que desde la izquierda transformadora y los colectivos sociales hemos venido señalando recientemente: el impulso de una empresa pública de la vivienda, la inclusión de la SAREB en el parque público, la necesidad de apostar por el régimen de alquiler y no de compra para las viviendas públicas, la puesta en marcha de mecanismos legales que den prioridad a la administración en la compra de vivienda y suelo, o la urgencia en aplicar una nueva legislación que obligue a las viviendas turísticas a tributar como lo que son, un negocio.
También parece que se abre hueco a algunas de nuestras propuestas para fomentar el alquiler a precio asequible entre particulares, como son los programas de garantías para inquilinos y propietarios o las ayudas para la rehabilitación condicionadas. Iniciativas que en la medida en que se desarrollen contribuirán a una bajada general de precios.
En otras, como viene siendo habitual, el Partido Socialista se queda a medias. La anunciada limitación de compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes se trata de una medida necesaria pero claramente insuficiente. Si el planteamiento que subyace a la iniciativa es que las casas deben ser para vivir, entonces ¿por qué no se extiende a todas las compras que no se adquieren para este fin? También, por cierto, a fondos extranjeros.
Sin duda, lo más preocupante es que hay aspectos en los que el PSOE continúa en una posición de defensa cerrada y sin reservas al rentismo. Se percibe en las declaraciones de la Ministra de Vivienda apelando a la solidaridad de los caseros, y se percibe también en propuestas concretas como la de la colaboración público-privada para impulsar el parque público. Abrir la puerta a promotoras e inmobiliarias privadas para la gestión de viviendas públicas supone asumir que éstas van a ser objeto de negocio. No es una cuestión menor y hay que situarse radicalmente enfrente. La gestión pública de lo público es imprescindible, tal y como exigimos para la sanidad o la educación, también en el ámbito de la vivienda.
El Gobierno tiene que decidir qué camino tomar para controlar los precios de los alquileres, el de penalizar o el de premiar a los especuladores para que dejen de serlo
Mención específica merecen también las exenciones fiscales a propietarios que Pedro Sánchez ha anunciado a bombo y platillo. Otro guiño al rentismo por más que traten de camuflarlo como medida positiva en términos sociales. Es todo lo contrario. El Gobierno tiene que decidir qué camino tomar para controlar los precios de los alquileres, el de penalizar o el de premiar a los especuladores para que dejen de serlo. Con las rebajas fiscales planteadas están eligiendo la segunda opción y además a costa de una merma en las arcas públicas. Una iniciativa, en definitiva, propia de la derecha.
Y es que en materia de vivienda no hay propuestas neutrales. O contribuyen a la rueda especulativa o ayudan a frenarla y nos permiten avanzar en el derecho. Por eso, es imprescindible analizar adecuadamente y con detalle cada uno de esos titulares que leemos últimamente anunciando medidas que supuestamente nos van a facilitar el acceso a una vivienda digna. Debemos oponernos a las rebajas fiscales como nos hemos opuesto al llamado ¨bono joven para el alquiler¨ que, disfrazado de iniciativa progresista no es más que una derivación de recursos públicos a los bolsillos de los caseros. O cómo nos oponemos contundentemente al Plan Vive de Isabel Díaz Ayuso, que tras el anuncio de pisos económicos para jóvenes esconde un negocio redondo para fondos buitre, a quienes se les cede suelo público durante 50 años para enriquecerse gestionando el alquiler de viviendas cuyas condiciones de acceso no son precisamente sociales ni asequibles.
No vale cualquier cosa y las organizaciones y colectivos que defendemos el derecho a la vivienda tenemos la difícil tarea de explicarlo a través de una importante labor comunicativa y didáctica, señalando también ejemplos de buenas prácticas, que los hay.
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
País Vasco, desde hace dos décadas, protege su suelo público a perpetuidad, sin posibilidad de recalificación, y gracias a ello hoy es el territorio que cuenta con un parque público de vivienda más grande en términos relativos. Cataluña también arroja buenas noticias. Tres fondos buitre han anunciado que abandonarán próximamente la región como consecuencia del tope al precio de alquileres que se ha establecido gracias a la declaración de zonas tensionadas. Se trata de una pequeña gran victoria, no pueden seguir especulando como lo han venido haciendo hasta ahora y se van. Asturias y Navarra han tomado el mismo camino legislativo con posterioridad y ojalá pronto se desencadenen allí también acontecimientos similares.
Tras meses de movilización y reflexión colectiva, la hoja de ruta está básicamente trazada. El potente empuje social del momento, que además está teniendo una cierta traslación en el ámbito institucional, favorece que podamos seguir dando la pelea de manera contundente. Porque no debemos permitir lo que pretenden quienes no quieren que cambie nada: que esta crisis también se cierre en falso.
