Desde febrero de 2024 se tramita en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, mes en el que la Cámara Baja aprobó su tramitación por 310 votos a favor y 33 en contra de Vox. Una vez se aprobó su tramitación se inició el trámite de enmiendas, trámite que concluyó a finales de septiembre del pasado año. Desde entonces los Grupos Parlamentarios han mantenido diversos contactos para tratar de alcanzar un acuerdo para transformar la ILP en ley, aunque hasta el momento no ha sido posible, siendo que los grupos han planteado recientemente la comparecencia de expertos en la materia para ilustrar a sus señorías sobre el alcance real y conveniencia de concertar legalmente la regularización, más aún cuando PP y Junts, que aprobaron la inicial tramitación, están imponiendo continúas dificultades y retrasos.
Debe recordarse que una ILP es un mecanismo de democracia directa a través del cual la ciudadanía puede proponer leyes para su toma en consideración, debate y aprobación en las Cortes, siendo su aprobación vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento.
Las entidades impulsoras de la iniciativa, decenas de colectivos sociales y ONG, manifiestan que la ILP era la forma de incidencia más participativa, implicando a la ciudadanía a través de la junta de firmas a pie de calle y en su defensa y discusión posterior en el Congreso de los Diputados, por lo que durante el año 2021 se recogieron más de 700.000 firmas para llevar a cabo la iniciativa.
A través de este mecanismo se ha conseguido posicionar en el debate legislativo la agenda basada en el respeto a los derechos de las personas migrantes, agenda que pasa por alcanzar como mayor hito la aprobación de una regularización extraordinaria, lo que sería una respuesta urgente a la invisibilidad y vulnerabilización de las más de 500.000 personas migrantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa y que ya viven dentro del territorio español.
En cuanto al carácter legislativo de la iniciativa, esta propuesta de ILP pretende modificar, en un artículo único, Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social indicando que «el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021».
De acuerdo con la exposición de motivos, la regularización extraordinaria que propone la ILP «permitirá visibilizar la totalidad de la población migrante que reside en el país, compensar las desigualdades que presentan como punto de partida, y a la vez, garantizar los derechos laborales en condición de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación» puesto que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta, según el texto propuesto, «insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español».
En los próximos meses veremos cuál es el compromiso real de los grupos políticos de la derecha “moderada” con los valores sociales y cristianos al facilitar o no la aprobación de la ILP
Los motivos, suscribe la iniciativa, subyacen en unos «criterios de acceso a la residencia altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento» y un procedimiento administrativo «lento, burocrático y que cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación», lo que hace «imprescindible» la búsqueda de mecanismos que garanticen que dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad como consecuencia del estatus migratorio irregular.
La tramitación de esta ILP ha coincidido con la reciente aprobación de un nuevo Reglamento de Extranjería, norma que establece también mecanismos de regularización, aunque la pretensión de la ILP es ir mucho más lejos de lo planteado en el reglamento y llegar a muchos más supuestos y perfiles de los contemplados en el reglamento, anhelo que está chocando con grupos como PP y Junts que están poniendo serias trabas a la aprobación de la ILP y a la ampliación de supuestos de regulación.
En los próximos meses podremos ver cuál es el compromiso real de los grupos políticos de la derecha “moderada” con los valores sociales y cristianos que se supone preconizan y si finalmente facilitan la aprobación de la ILP o si por el contrario se quitan la careta y muestran su cara más racista y antisocial.
