La Ruta Canaria, una de las más peligrosas del mundo, simboliza hoy un fracaso colectivo del sistema internacional, que fuerza a miles de personas a embarcarse en travesías mortales en busca de un refugio digno. Cerramos 2024 rozando el récord histórico de 2018 de llegadas a nuestro país con casi 64.000 personas, donde un 73,2% han sido registradas por la travesía de las islas, marcando un nuevo récord histórico y superando en un 17,4% las llegadas del año anterior. Estas cifras no son solo números, sino el reflejo de una realidad estructural que cuenta historias de lucha y resiliencia y que nos exigen reflexionar sobre nuestras políticas y prioridades como país.
La izquierda transformadora tiene la obligación y la responsabilidad de liderar una respuesta basada en la justicia social, la solidaridad internacionalista y la defensa de los derechos humanos
Una de cada siete personas que llegaron a las islas eran menores de edad. Quienes deberían recibir la protección que merecen, se convierten en víctimas de explotación, violencia y discursos de odio. Frente a esta situación, la izquierda transformadora tiene la obligación y la responsabilidad de liderar una respuesta basada en la justicia social, la solidaridad internacionalista y la defensa de los derechos humanos.
El crecimiento de la ola reaccionaria en los espacios institucionales, acompañada por discursos xenófobos que criminalizan a la infancia migrante, es un reflejo de una estrategia política que utiliza el miedo y la desinformación como herramientas para fracturar la sociedad. Sabemos que la migración no es el problema, sino un síntoma de las profundas desigualdades globales que perpetúa el sistema neoliberal.
La acogida es una cuestión profundamente política que exige un modelo integral basado en corresponsabilidad entre administraciones, que garantice una protección inmediata a la infancia migrante
En un país con una pirámide poblacional cada vez más envejecida y una base juvenil en declive debido a la falta de natalidad, se ignora que la migración podría ser una oportunidad clave para sostener el Estado del bienestar y los derechos sociales conquistados tras décadas de lucha de la clase trabajadora. Sin embargo, abordar este reto no puede limitarse a respuestas asistenciales ni caer en la trampa de una gestión técnica despolitizada. La acogida es una cuestión profundamente política que exige un modelo integral basado en corresponsabilidad entre administraciones, que garantice una protección inmediata a la infancia migrante, brindándoles refugio seguro, atención sanitaria y alimentación adecuada desde el primer momento.
Este modelo debe incluir una educación inclusiva y apoyo emocional respaldado por recursos psicosociales, para ayudar a estas niñas, niños y adolescentes a superar los traumas sufridos y fomentar su integración en la sociedad. Asimismo, debe diseñar itinerarios formativos y laborales que aseguren su transición a la vida adulta con autonomía e independencia, permitiéndoles desarrollar una vida plena e independiente y contribuir al tejido social y económico del país.
En un contexto donde el discurso de ultraderecha gana terreno, las fuerzas del conjunto de las izquierdas tienen el deber de articular una narrativa contraria, que combata el racismo intrínseco y defienda la riqueza de la diversidad. Esto no es solo un fenómeno local, sino parte de una ofensiva global que busca consolidar un modelo excluyente y autoritario, incompatible con los valores democráticos. La presencia de estos niños y niñas no es un problema que deba resolverse con caridad, sino con la construcción de un Estado solidario que apueste por políticas valientes.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería es un ejemplo de cómo esta cuestión debe politizarse. Es imperativo desvincular el sistema de acogida de las fluctuaciones ideológicas de quienes estén en el poder y establecer la corresponsabilidad como principio básico. Solo así evitaremos que el futuro de miles de niñas y niños dependa de decisiones partidistas o de quienes ven en la migración una conveniencia para polarizar el debate público. En este punto, es de agradecer y valorar el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Juventud e Infancia con Sira Rego al frente, cuyo equipo le pone alma y corazón a lo que otros sólo ven frías cifras para estrategias políticas de beneficio propio.
Estas narrativas, que ven en la migración una amenaza y no una oportunidad, están diseñadas para justificar políticas de exclusión y promover una cultura del odio. Frente a ello, la izquierda debe reafirmar su compromiso con la solidaridad y construir alianzas internacionales para contrarrestar estas tendencias. La migración no es el enemigo, el verdadero adversario es un sistema que privilegia a unos pocos a costa de la dignidad de la mayoría.
La migración, y en especial la de infancia migrante no acompañada, nos interpela como sociedad y como proyecto político. Frente al ruido de quienes siembran odio, la izquierda debe levantar la bandera de la esperanza y la justicia. Porque cada vida que rescatamos, protegemos e integramos no solo transforma un destino individual, sino que enriquece a toda la comunidad. Ahora, más que nunca, es momento de elegir entre el miedo y la solidaridad, entre la exclusión y la justicia. El reto es grande, pero la respuesta puede ser mayor. Y ese es el país por el que vale la pena luchar.
