En España, las personas migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas enfrentan diversos obstáculos que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sociales, económicos y culturales (DESC). Es importante recordar que España se adhirió en 1977 al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, tratado que recoge estos derechos. Como denuncian las organizaciones sociales y las de migrantes, estas son algunas de las principales barreras que deben superar estas personas.
Escasez de citas para solicitar asilo. Es uno de los principales problemas. La plataforma de solicitud, que gestiona el Ministerio del Interior, otorga un número insuficiente de citas, generando un mercado ilegal de reventa, que oscila entre los 30 y los 500 euros. Además, una vez se consigue una cita, la demora en la formalización alcanza los 9 meses de media, llegando incluso a los 24 en algunas localidades del país. Luego, entre citas, el tiempo es escaso para presentar alegaciones o subsanaciones. Lo más grave es la denegación por razones ajenas a la ley. A esto hay que añadir los trámites administrativos exigidos en algunas de las comisarías, contrariamente a lo dispuesto en la ley de asilo.
Obstáculos para lograr el empadronamiento. El empadronamiento condiciona el acceso a otros muchos derechos básicos de la población, como la educación o la sanidad.
Trabas en el acceso y mantenimiento de cuentas bancarias. Tal y como establece el Real Decreto 164/2019, las personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, como pueden ser las personas migrantes y los solicitantes de protección internacional, se beneficiarán de un régimen gratuito de cuentas de pago básicas. Sin embargo, en numerosas ocasiones, las entidades bancarias se saltan la normativa vigente, denegando la apertura de cuentas bancarias o, incluso, la gratuidad de las mismas aludiendo a diferentes motivos, como puede ser la no aceptación de la tarjeta roja (documento identificativo de la persona solicitante de protección internacional), el pasaporte o la exigencia de documentación adicional no requerida por la normativa. Estas prácticas ilegales impiden a las personas migrantes realizar gestiones básicas que afectan a su día a día, como pagar recibos, acceder a un puesto de trabajo al no poder domiciliar la nómina o, en casos extremos, no tener acceso a ayudas públicas al no disponer de una cuenta bancaria donde realizar el ingreso.
El problema de la vivienda. Las personas migrantes y refugiadas no solo se enfrentan al escenario de escasez de vivienda pública y subida desorbitada del precio de los alquileres como el resto de la población, sino que además, a la hora de intentar adquirir una vivienda en alquiler, el colectivo migrante sufre discriminación debido a su origen étnico; muchos arrendadores se niegan a alquilar a estas personas cegadas por sus prejuicios y estereotipos. Este rechazo se hace patente también para las personas beneficiarias de protección internacional. A pesar de que cuentan con apoyo económico para el alquiler establecido en el programa de acogida del Ministerio de Inclusión, a menudo se les niega el alquiler de la vivienda por el mero hecho de ser extranjeros.
Discriminación en el acceso a un empleo. El empleo es otro de los ámbitos económicos donde las personas migrantes sufren rechazo. No solo lidian con una mayor tasa de desempleo, —siete puntos superior a la de las personas españolas— sino que tienen que enfrentar diversas trabas y plazos administrativos que dificultan su empleabilidad. Un ejemplo muy claro es el permiso de trabajo que otorga la tarjeta roja a las personas solicitantes de protección internacional pero que únicamente es hábil transcurridos 6 meses desde su expedición. Esto, junto a la demora de las citas para la renovación de documentos y otros factores como el recelo de los empleadores, dificulta el acceso a un empleo donde se respeten los derechos de los trabajadores.
Dificultades en el acceso a la sanidad pública. El empadronamiento es un requisito fundamental y, en muchos casos, complicado de obtener para que estas personas puedan disfrutar de los servicios del sistema nacional de salud. Las personas que obtienen el reconocimiento de protección internacional, quedan desprotegidas hasta que se les tramita la Tarjeta de Identificación de Extranjero.
Por todo lo anterior, podemos concluir que es urgente garantizar los DESC a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento, mediante programas formativos dirigidos a profesionales de la Administración Pública en materia de derechos humanos, migración y asilo para que puedan identificar y establecer medidas para superar los obstáculos. Además, es fundamental diseñar políticas que velen tanto por agilizar los trámites administrativos como por combatir la discriminación y el prejuicio hacia las personas migrantes.
