El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, valoró en un contacto con los medios anteayer 26 de febrero, que «la quita de la deuda de las comunidades autónomas tiene sentido si es el preámbulo de un nuevo plan y un nuevo modelo de financiación autonómica, que lleva ya 11 años caducado”. Además, ha añadido que “junto a la autonómica, tiene que abrirse el debate de la financiación local”, y que los ayuntamientos puedan tener “suficientes recursos para satisfacer las demandas de servicios”.
Antonio Maíllo ha exigido que esa quita de 83.200 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas ofrecida por el Gobierno y que asumirá el Estado, debe dedicarse a la mejora de los servicios públicos y no a «agujeros fiscales» en forma de bajada de impuestos. «Esa condicionalidad —dijo— tiene una profunda carga política sin la cual no es posible ni creíble este proceso”.
El máximo responsable de IU valoró de forma positiva la quita de la deuda y afeó la sobreactuación y el tono bronco del Partido Popular, actitud de estos que unas horas después se vio nuevamente confirmada tras el plantón escenificado por los representantes de la derecha en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Sin embargo, Maíllo alertó que cuando llegue el momento de la verdad, «nadie se puede negar, ni nadie puede oponerse a la quita de la deuda» y que los gobiernos del Partido Popular de las diferentes autonomías «van a tener muy difícil explicar a sus sociedades y a su electorado que renuncian a una quita de deuda en las cuentas autonómicas».
Antonio Maíllo también consideró que junto a la quita de la deuda hay que afrontar un nuevo modelo de financiación autonómica para corregir situaciones de comunidades infrafinanciadas, como puede ser el caso de País Valenciá, Región de Murcia, Andalucía o Aragón, así como la cuestión de la reforma de la financiación local, una reforma que «debe abordarse en los términos del acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 2019, en los que Izquierda Unida se siente identificado como una propuesta de consenso». «Aunque no son nuestras propuestas —detalló Maíllo— IU se siente cómoda en este acuerdo amplio», sobre todo en lo que se refiere al criterio de suficiencia de recursos y la flexibilización de la regla de gasto en los ayuntamientos.
En ese sentido Maíllo planteó la derogación de la Ley de Reordenación de la Administración Local y de la de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos que el superávit que tienen puedan dedicarlo a hacer políticas y desarrollar sus propios servicios.
Fuente: Izquierda Unida
