El reciente uso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental ha hecho que Izquierda Unida exija explicaciones. No se trata de un simple ‘error’, sino de un gesto político que, de facto, respalda la ocupación ilegal marroquí sobre un territorio reconocido internacionalmente como pendiente de descolonización. Un hecho que ha sido denunciado en el Congreso por el portavoz de IU Enrique Santiago y el diputado Toni Valero, a través de una iniciativa que exige explicaciones al Gobierno y medidas concretas para evitar la repetición de estas prácticas.
El Sáhara Occidental es el último territorio de África que sigue a la espera de su descolonización, un derecho que le reconoce la Resolución 2229 de Naciones Unidas desde 1966 y que fue ratificado en 1991 con la promesa de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, más de cinco décadas después, la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado mientras Marruecos perpetúa su ocupación con represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
La AEMET ha usado un mapa marroquí donde Marruecos se apropia del territorio que legítimamente pertenece al pueblo saharaui.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) April 8, 2025
🇪🇭 Hemos preguntado al Gobierno, al que reclamamos que avance en el apoyo a un Sáhara libre. pic.twitter.com/ypnbjp8op0
El uso de mapas erróneos que legitiman la anexión marroquí no es un caso aislado. Empresas como Enaire o medios de comunicación públicos como RTVE también han cometido estos ‘deslices’, que parecen cada vez más alineados con el giro diplomático emprendido por el Gobierno español en los últimos años. Un viraje que contradice su obligación histórica y jurídica como potencia administradora del Sáhara Occidental, según establece Naciones Unidas.
La sumisión del Ejecutivo español a los intereses de Rabat no solo traiciona al pueblo saharaui, sino que debilita la posición internacional de España. La credibilidad de un país que defiende los derechos humanos y el derecho internacional no puede sostenerse si, a la vez, respalda a una monarquía autoritaria que reprime a la disidencia y bloquea el acceso de periodistas, diputados y observadores internacionales a los territorios ocupados.
Por ello, las preguntas formuladas al Gobierno en el Congreso son cruciales: ¿Obligará a la AEMET a rectificar su error? ¿Qué medidas tomará para evitar que estas prácticas se repitan? Y lo más importante: ¿Cuándo cumplirá con su responsabilidad histórica y defenderá, de una vez por todas, el derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro?
El silencio no puede seguir siendo la respuesta de España. Es momento de rectificar, de asumir responsabilidades y de estar, sin ambigüedades, del lado de la justicia y la autodeterminación del Sáhara Occidental.
