Meses de trabajo e intenso debate en lo político y lo mediático en torno a la infancia migrante no acompañada han culminado con la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias. Meses en los que hemos constatado que, ya sin rubor, el Partido Popular ha decidido, no comprar solo el marco ideológico de la extrema derecha, sino estar dispuestos a entregar incluso la gobernabilidad de comunidades y ayuntamientos a Vox asumiendo todos y cada uno de los postulados políticos. Ejemplo de ello es el acuerdo con Vox de Mazón en Valencia indicando que la cuestión del bloqueo al acogimiento de menores migrantes es la piedra angular del presupuesto valenciano.
Este Real Decreto Ley viene a substanciarse en un importante trabajo previo que se ha desarrollado desde el Ministerio de Juventud e Infancia para definir un nuevo modelo de acogimiento de los y las menores ahora tutelados por Canarias y Ceuta. Este modelo partía de la necesidad de que se tuviesen en cuenta los criterios que se han venido utilizando en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en el programa de contingencia migratoria que viene desarrollándose desde 2022 y que permitió el traslado de más de 570 menores a todas las CC.AA. Este modelo además contó, hasta la decisión de las comunidades gobernadas por el Partido Popular de reventarlo, con el consenso casi unánime de las administraciones autonómicas.
Desde esa óptica, el Ministerio de Juventud e Infancia ha trabajado en un modelo de contingencia migratoria que establece un cómputo de acogida entre todas las CC.AA. basado en criterios objetivos para la reubicación de unos 4000 menores en Canarias y unos 400 en la ciudad autónoma de Ceuta. Este modelo pondera criterios como población, renta per cápita de la CC.AA., tasa de desempleo, esfuerzo previo de acogida de menores migrantes realizada en los años anteriores y capacidad estructural del sistema de protección de cada comunidad. Estos criterios han sido consensuados previamente por las CC.AA. en el marco de sucesivas conferencias sectoriales y se han utilizado en los planes de contingencia acordados en 2022, 2023 y 2024 si bien ahora se añaden elementos específicos para comunidades fronterizas e insulares tanto para Canarias, Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La novedad ahora es que, de no acordarse en conferencia sectorial el Plan de Contingencia y Traslados derivado de estos criterios, el RD articula una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que significaría que la administración general del estado establecería la ubicación y traslado de personas menores extranjeras no acompañadas en las diferentes CC.AA. y Ciudades Autónomas.
El RDL establece elementos profundamente garantistas en cuanto a la identificación del menor, declaración de situación de desamparo, coordinación entre sistemas de protección y todos aquellos aspectos que fundamentan el concepto de interés superior del menor que emana de acuerdos internacionales que España suscribe y que también substancian la Legislación de protección jurídica del menor
Parejo a esto el Real Decreto establece elementos profundamente garantistas en cuanto a la identificación del menor, declaración de situación de desamparo, coordinación entre sistemas de protección y todos aquellos aspectos que fundamentan el concepto de interés superior del menor que emana de acuerdos internacionales que España suscribe y que también substancian la legislación de protección jurídica del menor. Por otro lado, se da solución a una demanda de las CC.AA. estableciendo un fondo estatal de 100 millones de euros para compensar a las comunidades que sobrepasen su capacidad de acogida, fondo que será gestionado por el Ministerio de Juventud e Infancia y que viene a reforzar los recursos que las CC.AA. ya reciben del gobierno por la vía de las transferencias para sostener sus sistemas de protección a la infancia.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, que siempre hemos apostado por articular un marco estructural para la infancia migrante no acompañada, hemos planteado la necesidad de que los sistemas de protección a la infancia de las CC.AA. se dimensionen y estandaricen precisamente para definir cuál es la verdadera capacidad residencial de cada uno, y poder establecer en que cifras se considera sobredimensionado y requiera la articulación de medidas bien de financiación bien de acogimiento de menores en otros sistemas. Este ha sido, por desgracia, el factor clave del conflicto permanente con el Partido Popular y con las comunidades que gobierna ya que frente a su permanente queja de sobredimensionamiento de sus sistemas la realidad es que el capítulo presupuestario para estas actuaciones sigue siendo con diferencia el más escueto de todas las políticas sociales y su optimización desde lo público se dificulta por un entramado de fundaciones, empresas de supuesta orientación social, que han aparecido por las apuestas por externalizaciones, privatizaciones y contratos de emergencia que circundan los sistemas de protección a la infancia gobernados por el Partido Popular.
Representa un hito histórico y una respuesta decidida a la decisión política del Partido Popular de priorizar el combate por el voto de ultraderecha frente a los derechos de la infancia y los más básicos estándares de asunción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes
Sin duda, este es el primer gobierno que aprueba una solución estructural a la situación que viven los menores migrantes, en los territorios frontera que reciben más presión migratoria y que llevan padeciendo este problema desde hace 30 años. Representa por ello un hito histórico y una respuesta decidida a la decisión política del Partido Popular de priorizar el combate por el voto de ultraderecha frente a los derechos de la infancia y los más básicos estándares de asunción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Responde además a una necesidad de reforma legislativa que siempre ha sido la prioridad del gobierno desde que se comenzó a trabajar para darle solución hace casi un año y medio cuando propuso la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, pero fue rechazado por el Congreso de los Diputados. Desde entonces, el Ministerio de Juventud e Infancia junto con los de Política Territorial y Hacienda han realizado una intensa labor negociadora, tanto con los gobiernos de Canarias y Ceuta como con el conjunto de las fuerzas parlamentarias y ha conseguido sumar los apoyos necesarios para lograr convalidar el Real Decreto Ley que será un antes y un después en las políticas migratorias relacionadas con la infancia en un contexto además de extrema inestabilidad política que puede generar nuevos flujos migratorios y que sean niñas y niños de cada vez menos edad los que lleguen a nuestras costas en situaciones muy difíciles en todos los aspectos; sanitarios, de salud mental, físicos…
Como ha reiterado en numerosas ocasiones nuestra ministra Sira Rego “son niñas y niños que se encuentran en situación de desamparo porque en ese trayecto han perdido a su padre, a su madre, a sus familiares o que han hecho el viaje solos o solas. Que han visto como fallecían o desaparecían en el mar familiares o compañeros/as. Que se la juegan cruzando una de las rutas más mortíferas del mundo”.
Hoy, sin duda, el gobierno de España es uno de los gobiernos mundiales más garantista con este fenómeno migratorio de la infancia en soledad.
