La revelación de los vínculos empresariales entre algunos de los principales festivales de música en el Estado español y el fondo de inversión proisraelí KKR ha generado una cascada de reacciones, tanto institucionales como culturales. Mientras el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha optado por cancelar su colaboración con la promotora Sharemusic! (propietaria de los festivales I Love Reggaeton, Love the 90s y Love the Twenties), los festivales Viña Rock y Sónar han emitido comunicados en los que condenan la ofensiva israelí en Gaza, pero rechazan que su relación con el fondo comprometa su independencia o valores.
Ambos festivales, así como la promotora Sharemusic!, forman parte de Superstruct Entertainment, plataforma internacional adquirida en 2024 por el fondo KKR, señalado por su participación en empresas implicadas en la colonización de territorio palestino. La publicación de esta información por El Salto ha desencadenado una oleada de cancelaciones de artistas, críticas públicas y presiones políticas.
En este contexto, el Ayuntamiento de Rivas (gobernado por Izquierda Unida) anunció el martes la cancelación de su acuerdo de colaboración con Sharemusic! para la cesión del Auditorio Miguel Ríos en futuras ediciones. Aunque los festivales previstos para este junio se celebrarán por imposibilidad contractual, el consistorio justificó su decisión en su compromiso con los derechos humanos y la histórica solidaridad de la ciudad con la causa palestina. Además, señaló la necesidad de incluir cláusulas éticas vinculantes en futuras concesiones de espacios públicos, en respuesta a la demanda de colectivos como la Asamblea de Rivas por Palestina.
Por su parte, Viña Rock ha condenado “la masacre que está sufriendo el pueblo palestino” y ha defendido su compromiso con causas justas. Sin embargo, ha rechazado cualquier vínculo operativo con KKR, asegurando que el fondo no tiene capacidad de decisión sobre el festival, pese a su pertenencia a Superstruct. A través de un comunicado, los organizadores han denunciado una “campaña de difamación” y han anunciado medidas legales contra quienes afirmen que el festival financia directa o indirectamente el genocidio en Palestina.
Sónar, adquirido también por Superstruct en 2018, ha expresado su “solidaridad con la población civil palestina atrapada en la catástrofe humanitaria” y ha subrayado que su independencia “se mantiene íntegra en todos los ámbitos que definen la identidad del festival”, incluyendo la gestión, la línea artística y el compromiso ético.
En paralelo, Sharemusic! también ha condenado el genocidio en Gaza tras el aumento de la presión pública. Sin embargo, el Ayuntamiento de Rivas considera que mientras persistan dudas sobre la estructura empresarial que sostiene estos festivales y sus vínculos financieros con la ocupación israelí, no se dan las condiciones para mantener una colaboración estable.
Aunque algunas promotoras han intentado desmarcarse públicamente del fondo que las sostiene, ya están pagando el coste político de sus vínculos empresariales. Varios grupos, como La Raíz, Reincidentes, Fermín Muguruza, Sons of Aguirre & Scila o Las Ninyas del Corro, han anunciado públicamente que no volverán a participar en festivales financiados por KKR. La presión también ha llegado al Congreso, donde el grupo parlamentario Sumar ha registrado preguntas sobre el papel del fondo en el negocio cultural español.
El caso evidencia cómo crece la presión social para que el mundo cultural no se limite a pronunciamientos simbólicos y afronte también las implicaciones materiales de sus estructuras de financiación. Mientras algunas instituciones públicas empiezan a actuar sobre esas relaciones, parte de la industria cultural continúa evitando asumir las consecuencias políticas de sus implicaciones empresariales.
