Esos 83.254 millones de euros de deuda no desaparecen, sino que se trasladan de sitio. Es decir, los asume el Estado para que las comunidades de régimen común puedan liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda (sólo en intereses se ahorrarán 7.000 millones de euros) y destinarlos a los servicios públicos. La ministra de Hacienda defiende que con esta medida se reconoce que la respuesta que se dio en la gran recesión de 2008 no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas.
¿Cómo se calcula el importe al que tiene derecho cada comunidad autónoma?
El Gobierno ha diseñado un mecanismo en tres fases. Este parte de la tesis de que los instrumentos que, como el FLA, se crearon para evitar la quiebra de las autonomías durante la crisis de deuda de 2012, no estuvieron bien diseñados y provocaron que las autonomías se endeudasen más y se sometiesen a fuertes restricciones financieras.
La ministra de Hacienda defiende que con esta medida se reconoce que la respuesta que se dio en la gran recesión de 2008 no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas.
En la primera fase se calcula el aumento de la deuda que las regiones registraron en el peor momento de la crisis entre 2009 y 2013 y se compara con el que registraron durante otro ‘choque’ económico de gran magnitud, la pandemia de Covid, entre finales de 2019 y finales de 2023. En el primer periodo, su deuda se disparó en 109.582 millones, mientras que en el segundo —debido a que el Estado asumió el grueso de las medidas anticrisis— aumentó menos, en 29.272 millones. La diferencia es el sobreendeudamiento que constituye la cuantía inicial a condonar.
De esa cantidad, tres cuartas partes se reparten en función de la población ajustada, esto es, teniendo en cuenta sus necesidades según criterios como el de la población envejecida, la dispersión… En las otras dos fases (el 25% restante de la quita) el reparto tiene en cuenta a las autonomías más endeudadas y a las que reciben un peor trato del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía.
El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante
El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Según Hacienda, los ajustes más relevantes de este sistema buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.
¿Qué ha dicho el PP?
Lo esperado. La derecha ha montado en cólera. Capitaneado el PP por Ayuso (¿cómo no?) se han indignado ante la quita de deuda planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha indicado que no va a negociar nada que signifique que los madrileños, y el resto de los españoles, paguen las deudas a los independentistas catalanes. Por eso el Ejecutivo madrileño asegura que no se callará y que recurrirá este acuerdo ante todas las instancias judiciales pertinentes: desde la vía contencioso-administrativa hasta el Tribunal Constitucional. El coste para Madrid de no financiarse con el Estado y negarse a aceptar la condonación de la deuda supondrá 1.807 millones adicionales de 2025 a 2027. Un 42% más de gasto financiero para engordar los beneficios de la banca. El resultado es que paga más que ninguna otra comunidad autónoma por su deuda. En 2025, la Comunidad de Madrid pagará por su deuda el 3,6% mientras que el promedio de las comunidades autónomas se financia al 2,4%. Precisamente por eso, porque es la que más caro se financia, es el primer territorio que tendría que acogerse a esta quita. Renunciar a la reducción de gasto financiero que supondría la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno de coalición, es un soberano disparate y una verdadera malversación de dinero público.
¿Alguien puede entender que te reduzcan considerablemente la deuda y te enfades como si te estuviesen dando una paliza?
Se trata de una buena y necesaria medida, a la que las CC.AA. deben adherirse, y destinar los ahorros a servicios públicos. Pero eso no obsta para que manifestemos desde Izquierda Unida que aspiramos a soluciones globales del sistema de financiación autonómico.
¿Qué nos parece esta propuesta?
Se trata de una buena y necesaria medida, pero eso no obsta para que manifestemos desde Izquierda Unida que nosotras aspiramos a soluciones globales del sistema de financiación autonómico y no únicamente a un parche, positivo, sí, pero que no pone las bases un nuevo modelo que ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Y que debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad.
¿Qué alternativa proponemos?
Hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios.
El nuevo modelo de financiación autonómica ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad.
¿Cómo hacerlo?
—Definiendo un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios. Es fundamental empezar la casa por los cimientos y definir un suelo de derechos, es decir, qué servicios públicos queremos garantizar en todo el Estado a todas las personas en todos los territorios. La reforma del Sistema de Financiación Autonómica debe asumir el diseño y puesta en marcha de un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios y de lo que cueste la satisfacción de los derechos a garantizar a la ciudadanía porque no es el mismo coste el que tienen zonas rurales con población dispersa que grandes urbes o territorios con población más envejecida o en peor situación sanitaria que otros. Lo que sí tiene que garantizarse son los derechos y que, para un mismo esfuerzo fiscal, las Comunidades Autónomas deben disponer de los mismos recursos por unidad de necesidad. Porque no es defendible que las Comunidades Autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos, del mismo modo que sería inadmisible que un ciudadano por disponer de más renta y pagar por consiguiente más impuestos, recibiera servicios públicos en mejores condiciones que otro con menores recursos. En cuanto a las variables a considerar en el indicador de población ajustada, además de las ya existentes, a saber, población de derecho, población protegida ponderada a efectos sanitarios, superficie, dispersión e insularidad, es muy adecuado ampliar las variables referidas a educación y protección social.
—Obteniendo los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde. Establecidos los derechos que hay que garantizar a la clase trabajadora, independientemente de la nación a la que pertenezca dentro del Estado, hay que abordar cómo se financia de una forma justa el sistema. Porque los grandes problemas de insuficiencia no son solo en la financiación autonómica sino también en la financiación de la Hacienda estatal, de las corporaciones locales y en la financiación de la Seguridad Social. Es un problema de insuficiencia de ingresos y no de exceso de gastos. Por eso hace falta una reforma fiscal que impida la competencia a la baja entre comunidades autónomas a costa de la suficiencia de ingresos y que garantice la progresividad para que, quien más tenga, más pague.
—Estableciendo mecanismos de solidaridad que garanticen la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos en cualquier lugar del Estado y articulando herramientas de condicionalidad positiva para acceder a dichos mecanismos. Consideramos que la puesta en marcha de un Plan de reducción de la Deuda que la mayoría de las comunidades autónomas tienen con el Estado debería estar condicionada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades autónomas beneficiadas.
A pesar de las mejoras que deberían incorporarse en el mecanismo según IU, instamos a las comunidades autónomas a que se adhieran al mismo y a que destinen los ahorros a blindar nuestros servicios públicos.
En definitiva, defendemos una reforma del Sistema de Financiación Autonómico que proporcione más recursos, potencie la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del Estado.
Eso es solo posible con un modelo federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población, y no a los territorios para convertirlo en un instrumento útil para la clase trabajadora, la de Catalunya y la del resto de territorios del Estado plurinacional.
