La Ley 20/2022, ley de memoria democrática en su artículo 54 establece que el Valle de los Caídos pase a denominarse Valle de Cuelgamuros y se convierta en un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos.
Hablar de resignificación del Valle de Cuelgamuros pasa necesariamente primero por conocer la vergonzosa historia del Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos es el principal monumento del franquismo, fue construido por orden del dictador Francisco Franco para celebrar su victoria en la Guerra Civil que se desencadenó tras el golpe militar contra la II República. Su construcción se inicia en 1940 y finaliza con su inauguración el 1 de enero de 1959, en el vigésimo aniversario de la dictadura franquista. La exaltación del régimen de Franco y la victoria sobre la legítima II República española se convirtió en el mayor osario conocido, 33.833 personas están enterradas y de ellas más de un tercio lucharon contra franco defendiendo la legalidad de la II República.
La construcción del Valle de los Caídos es una clara expresión de la alianza entre la Iglesia católica, la oligarquía económica española que financió el golpe militar y el franquismo.
No debemos olvidar el rol de la Iglesia católica en el golpe de Estado de 1936 y en la represión franquista, la institución católica se convirtió desde el principio en uno de los pilares claves de la dictadura a través de la educación, la propaganda, los homenajes “a los caídos” y al propio dictador, jugando un papel de castigo en las cárceles y otras instituciones de la Iglesia.
La construcción del Valle de los Caídos se ejecuta durante la posguerra en un contexto de hambre y miseria que vive el pueblo español, donde un régimen criminal antepone la construcción de una obra faraónica. La obra costó a las arcas públicas 22.421 millones de pesetas de la época.
Pero Franco tenía que compensar a la oligarquía empresarial que rodeaba al régimen y le permitió alzarse con el poder. Tres son las grandes empresas a las que se adjudicó en un principio la ejecución de las obras: San Román, filial de Agroman, Molán y Banus y a partir de 1952 se incorpora Huarte. El gran sueño de Franco requería un gran esfuerzo económico, pero sobre todo de mano de obra; es en 1942 cuando un monje dominico propone utilizar batallones de presos políticos para continuar con las obras, se activa el mecanismo de reducción de penas por trabajos, más de 20000 presos republicanos por los cuales las empresas reciben 10,50 pesetas al día y los presos de esa cantidad perciben 50 céntimos; el sueño de cualquier empresario: trabajadores esclavos y disciplinados.
El periodista Isaias Lafuente cuantificaba en su libro “Esclavos por la Patria” los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de utilizar presos políticos en más de 1.300 millones de pesetas.
Las grandes empresas que apoyaron y financiaron el golpe de Estado franquista, no sólo las que construyeron el Valle de los Caídos, se beneficiaron de las concesiones estatales, utilizando a los presos políticos como mano de obra esclava y sentaron en sus consejos de administración a los ministros y exministros del régimen; empresas que cotizan en el IBEX y que a día de hoy aún no hemos exigido rendición por haber obtenido escandalosos beneficios a costa del trabajo y muchas vidas de los presos republicanos; la memoria democrática en nuestro país tiene un déficit de exigencia hacia esas empresas, que hoy se visten de demócratas, pero crecieron con las manos manchadas de la sangre de los defensores de la libertad en nuestro país.
El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para reeditar el gobierno progresista incluía la resignificación del conjunto monumental del Valle de los Caídos.
El PCE muestra su rechazo al compromiso alcanzado por el ministerio de Justicia con el Vaticano sobre las actuaciones a seguir para resignificar Cuelgamuros. No desacralizar el monumento e incluir a la Iglesia católica en el concurso internacional de ideas para su resignificación, van en el camino contrario a lo necesario para que avance la memoria democrática, es decir, desmantelar los símbolos nacionalcatólicos que protagonizan el monumento.
Relevar del cargo de prior de la abadía a Santiago Cantero era de justicia democrática, mantener en ese cargo a alguien que ha sido uno de los principales opositores a la ley de memoria democrática y que antes que fraile fue profesor de historia en el CEU y candidato de falange en varias elecciones, es sólo una deuda que teníamos con el cumplimiento de los derechos humanos. La permanencia en la basílica de los monjes benedictinos es incompatible con una transformación completa del espacio y una “falta de respeto” dado el papel que tuvo la Iglesia durante la dictadura.
No es comprensible que en un Estado aconfesional una institución religiosa tenga este nivel de participación en la resignificación de un monumento franquista. El PSOE, al plantear la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la abadía pone por delante de las víctimas a una institución colaboradora con el franquismo.
El Valle de los Caídos solo tiene un camino: Renombrar, desacralizar, resignificar y desmantelar. Desmontar la cruz sería lo menos que se debería hacer para resignificar el conjunto, y colocar las piezas en la explanada o en un centro de interpretación.
La memoria democrática es antifascista, mantener un lugar de culto, dado el carácter religioso que tuvo el franquismo, permitirá que siga siendo igualmente un lugar de culto político, un lugar de referencia de los movimientos fascistas de todo el mundo, un centro de peregrinaje ultra, algo intolerable. Fascismo nunca más.
