Las seis sindicalistas condenadas por su participación en las protestas frente a la pastelería La Suiza están cerca de ingresar en prisión. Esta tarde, a las 19:00h, se ha convocado una concentración en la Plaza Mayor de Gijón para mostrar apoyo a las afectadas, que ven cómo se agotan los recursos legales disponibles para evitar la entrada en la cárcel.
El caso se remonta a las concentraciones organizadas por la CNT a las puertas del negocio, ubicado en la Avenida de Schulz, tras la denuncia de una trabajadora embarazada que alertó de tareas que podían poner en riesgo su salud y relató un presunto caso de acoso sexual. El equipo de acción sindical trató de negociar con el empresario, que se negó a mantener reuniones. Ante esta negativa, se organizaron protestas en las que participaron las ahora condenadas. Según ha quedado reflejado en la sentencia, estas movilizaciones constituyeron un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la administración de justicia.
Las seis condenadas, conocidas como “Las Seis de La Suiza”, agotaron todos los recursos judiciales posibles: recurrieron ante la Audiencia Provincial de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, ha denegado las últimas peticiones de la defensa, que solicitaba separar las penas y suspender el ingreso en prisión. En su auto, el juez argumenta que no mostraron arrepentimiento y no hicieron frente personalmente al pago de la indemnización por los daños.
La Fiscalía apoyó la suspensión de la pena, aunque ese apoyo no tuvo efectos prácticos. La acusación particular fue ejercida por el ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Desde el Grupo de Sofitu a Las Seis de La Suiza se critica que el local de la pastelería ya estaba en venta un año antes del inicio del conflicto: “Este hecho señala que la intención de la administración de la empresa de deshacerse del local era previa y, tras cerrar la pastelería en el popular barrio gijonés, reabrió con otro nombre en una calle de Oviedo, situada en el casco viejo de la capital asturiana, en una ubicación privilegiada, próxima a la Catedral”.
El grupo denuncia que el empresario no solo no habría sufrido perjuicios, sino que habría conseguido su objetivo de cerrar el negocio en Gijón y abrir uno nuevo en un enclave más exclusivo. Herminia, integrante del grupo de apoyo, sostiene que “la condena es injusta porque las concentraciones siempre fueron autorizadas y nunca tuvo que intervenir la policía”. Añade que la sentencia pretende “ser ejemplarizante” y “meter miedo a los trabajadores”.
La Plataforma Abogacía Defensa de la Acción Sindical, creada a raíz de este caso, ha manifestado su solidaridad con las condenadas y ha expresado su rechazo al contenido del auto judicial. En su comunicado afirma que “no entra en el fondo del asunto” y recuerda que las sindicalistas estaban denunciando “acoso y explotación laboral de una trabajadora embarazada”. Además, considera que todas las resoluciones judiciales “crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación”.
Desde el grupo de apoyo destacan la actitud de las seis condenadas ante lo que consideran una represión injusta: “Encaran el futuro con la tranquilidad y la inmensa dignidad de quien se sabe injustamente reprimida por dar lo mejor de su vida por construir un mundo mejor”. Añaden que “sus nombres se suman ya a la larga lista de mujeres y hombres que, a lo largo de la historia, han sufrido la represión por movilizarse para conseguir mejoras sociales que hoy en día asumimos como naturales”.
