Hablar de democracia en España sin cuestionar la monarquía es aceptar una farsa. No puede haber democracia mientras el jefe del Estado sea impuesto por derecho de sangre y la soberanía popular sea pisoteada por un régimen heredado del franquismo. La monarquía no es solo un vestigio del pasado, es la garantía de que el poder sigue en manos de las mismas élites que siempre han explotado al pueblo.
Es fundamental tener en cuenta que la monarquía española es la piedra angular del Régimen del 78, un sistema diseñado para perpetuar la dominación de los grandes capitales y los herederos del franquismo. Juan Carlos I fue elegido por Franco para preservar su legado y su sucesor, Felipe VI, es el garante de un orden que se basa en la explotación de la clase obrera y en la represión de quienes se atreven a cuestionarlo. La Transición, que nos han vendido como un ejemplo y una conquista democrática, no fue sino un pacto entre las élites para impedir que el pueblo rompiera con la dictadura. La realidad fue que en lugar de abrir un verdadero proceso democrático que pusiera fin a las estructuras dictatoriales consolidadas durante décadas, se instauró un sistema político basado en una falsa reconciliación que dejó intocadas las estructuras de poder político, económico y mediático de la dictadura. En vez de desmantelar las estructuras del franquismo, se optó por integrar a quienes habían sido sus pilares, permitiendo que el régimen se adaptara y se perpetuara bajo nuevas formas: el régimen liberal del 78. El sistema monárquico se erige hoy como un símbolo de esa falta de ruptura con el pasado, una herencia no solo simbólica sino real que sigue condicionando el presente político de España.
La monarquía española es la piedra angular del Régimen del 78, un sistema diseñado para perpetuar la dominación de los grandes capitales y los herederos del franquismo
La Constitución Española de 1978, lejos de ser garante de la justicia social, se configuró para consolidar el poder de las oligarquías económicas y políticas que ya dominaban el país desde la dictadura. En lugar de ser un marco que garantizase los derechos de la clase trabajadora, es una carta que favorece al capital y perpetúa el statu quo. Es un texto que no refleja las aspiraciones del pueblo, sino los intereses de una minoría que ha logrado mantener su control sobre las instituciones, los recursos y la vida política de España. La Constitución española vigente no es un escudo para los derechos de la mayoría, sino un candado que protege los privilegios de unos pocos y la monarquía el símbolo de ese Estado. No es solo una cuestión de forma política, sino de poder real: la monarquía y el capitalismo son dos caras de la misma moneda. Defender la república no es solo exigir el derecho a elegir a nuestro jefe de Estado, sino luchar por un cambio radical que ponga fin a la explotación y la opresión.
Esta falta de democracia real ha generado una desconexión profunda entre el sistema político y la realidad social del país. El pueblo no puede seguir aceptando una Constitución que no le representa. No puede seguir viviendo bajo un sistema que le ha excluido del poder real y que sigue siendo un instrumento de control de las élites. Necesitamos una república de y para la clase trabajadora y la mayoría social. Una república que no sea un mero recambio institucional, sino un proceso que garantice la redistribución de la riqueza, la socialización de los medios de producción y la erradicación de la explotación. Un Estado donde la economía esté al servicio del pueblo y no de los especuladores. Una república que recupere lo público, que acabe con los privilegios de la Iglesia católica y de las grandes fortunas, y que haga de la vivienda, la sanidad y la educación derechos inalienables, no mercancías para el lucro de unos pocos.
Pero una república no se construye solo con discursos, sino con la organización de la clase trabajadora y el pueblo. La historia nos demuestra que cada avance en derechos ha sido fruto de la lucha obrera. Desde la lucha antifranquista hasta las huelgas y movilizaciones actuales que han arrancado derechos, el poder popular es la clave para transformar la sociedad. Por eso, es imprescindible fortalecer las organizaciones de clase, levantar un movimiento republicano de masas y articular un proyecto político que haga frente al poder de la oligarquía. Los militantes comunistas debemos seguir firmes en nuestra tarea histórica: acabar con el capitalismo y construir una sociedad sin explotación. No podemos permitir que la república se reduzca a un cambio de caras dentro del mismo sistema.
Frente a quienes defienden la monarquía como símbolo de estabilidad, debemos responder con la verdad: no hay estabilidad en un país donde millones viven en la pobreza, no hay democracia en un sistema que impide al pueblo decidir sobre su presente y su futuro. La monarquía no es el pasado, es el presente de opresión que debemos derrotar. La historia nos ha enseñado que los derechos no se conceden, se conquistan con lucha y organización.
La clase trabajadora no debe resignarse a un sistema que la oprime, sino tomar en sus manos la construcción de una nueva sociedad. No se trata solo de elegir al jefe del Estado en las urnas, la república debe ser el marco para un nuevo modelo de sociedad basado en la solidaridad y la equidad. La república no es solo una necesidad, es una urgencia. Es hora de romper con el Régimen del 78 y abrir camino a un horizonte de justicia y dignidad para el pueblo trabajador.
Porque sin república y sin socialismo, no hay democracia.
