La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado esta mañana en Madrid su XXIII Informe Anual, coincidiendo con la semana del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio. La organización ha alertado de los desafíos que enfrenta el sistema de asilo en España y ha reclamado una respuesta más justa y eficaz ante el incremento sostenido de solicitudes de protección internacional.
Durante la presentación, el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha realizado una intervención en la que ha reflexionado sobre el contexto global que empuja a millones de personas a huir de sus países. “Estamos en un mundo tremendamente violento: guerras, dictaduras, fundamentalismos, violaciones de género, emigración por cambio climático…”, ha afirmado. También ha criticado que, pese a los avances científicos y tecnológicos, “la sociedad no parece que haya variado mucho a lo largo de los años y de los siglos”. A su juicio, la respuesta no debe pasar por la caridad, sino por “la solidaridad y la justicia”. Berzosa ha cerrado su intervención agradeciendo la presencia de diferentes representantes institucionales, con una mención especial al coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en quien, ha dicho, “está nuestra esperanza, de a ver cómo salimos de esta”.
Berzosa ha pedido una mayor implicación institucional y social ante una migración que considera consecuencia directa de un sistema global “enormemente desigual, en lo económico, en lo político y en los derechos humanos”.
Una tasa de reconocimiento muy por debajo de Europa
Uno de los principales datos que recoge el informe es que en 2024 solo el 18,5 % de las personas que solicitaron asilo en España obtuvieron algún tipo de protección internacional, una mejora respecto al 12,23 % del año anterior, pero muy lejos de la media europea, situada en el 46,6 %.
Para CEAR, esta cifra pone en evidencia la distancia entre el volumen de solicitudes —en fuerte aumento— y las decisiones positivas por parte de la administración. De hecho, España ha recibido este año 167.366 solicitudes, el número más alto de su historia, situándose por primera vez como el segundo país de la UE en número de peticiones, solo por detrás de Alemania.
El informe señala que la subida en la tasa de reconocimiento se debe, en buena parte, al aumento de la protección subsidiaria, especialmente a personas procedentes de países como Mali. Sin embargo, ha descendido el porcentaje de personas reconocidas con el estatus de refugiado, que baja del 8,3 al 6,6 %.
Durante este año, se resolvieron más de 96.000 expedientes, pero la acumulación sigue creciendo: hay más de 242.000 solicitudes pendientes, lo que supone un aumento del 26 % respecto a 2023. A juicio de la organización, este esfuerzo administrativo “no ha tenido un impacto real en la situación de las personas que esperan respuesta”.
El codirector de CEAR, Mauricio Valiente, ha atribuido estos datos al modelo migratorio español, que favorece vías como el arraigo y no prioriza el reconocimiento del derecho de asilo. “Es un modelo distinto al de otros países europeos. Aun así, consideramos que hay un margen de mejora considerable”, ha apuntado.
CEAR también ha advertido sobre las limitaciones del nuevo Reglamento de Extranjería, que, aunque introduce mejoras en el acceso al arraigo, deja fuera a quienes vieron rechazada su solicitud de asilo. La organización considera que la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes podría ser una herramienta más adecuada, como ya ocurrió con la medida aplicada a los afectados por la DANA, aunque con restricciones que dejaron fuera a muchas personas.
Procedencias, perfiles y obstáculos
Por noveno año consecutivo, Venezuela encabeza la lista de países de origen de solicitantes, con más de 66.000 peticiones, lo que representa casi el 40 % del total. Aunque la mayoría de expedientes se resuelven con autorizaciones de residencia por razones humanitarias —una fórmula fuera del marco del asilo—, CEAR advierte sobre un posible desplazamiento de personas desde Estados Unidos hacia España debido al endurecimiento de políticas migratorias en ese país.
Colombia ocupa el segundo lugar, con 40.140 solicitudes, aunque con un descenso del 25 % respecto al año anterior. A pesar de ello, la gran mayoría de resoluciones han sido desfavorables. Mali, por su parte, registra un crecimiento notable de peticiones, impulsado por la llegada de migrantes a través de la ruta canaria ante el agravamiento del conflicto interno y la situación humanitaria.
En el acto también ha intervenido Alma Henríquez, activista salvadoreña que tuvo que abandonar su país por denunciar violaciones de derechos humanos tras la llegada al poder de Nayib Bukele. Desde España, ha relatado las dificultades a las que se enfrenta como solicitante de asilo: “La vida para una persona inmigrante no es fácil. Realmente se vive mucha discriminación por las personas que te estigmatizan como delincuentes”, ha afirmado. También ha denunciado la imposibilidad de alquilar una vivienda en condiciones dignas y ha reclamado una mayor agilidad administrativa.
CEAR ha advertido de que entre el 70 y el 80 % de las personas que llegan a España en patera o cayuco solicitan asilo, en un contexto marcado por un fuerte aumento de llegadas irregulares tanto en Canarias como en Baleares. En este último archipiélago, las entradas por mar se han triplicado respecto a 2023, con una presencia significativa de familias monomarentales.
El informe también denuncia el uso abusivo de los visados de tránsito para impedir que personas en tránsito pidan asilo en suelo español. Según CEAR, España fue el país europeo que más recurrió a esta práctica en 2024. Además, continúa la dificultad generalizada para conseguir cita y formalizar la solicitud, lo que deja a muchas personas en un limbo administrativo.
La organización concluye que, pese a algunos avances, el sistema español de asilo sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del fenómeno migratorio y las obligaciones internacionales del país.
