La situación política marcada por los últimos escándalos de corrupción ha llevado a Izquierda Unida a dar un paso al frente con una propuesta legislativa ambiciosa. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha presentado este lunes en el Congreso un paquete de 35 medidas con el que su formación busca transformar el malestar ciudadano en acción institucional. “Estamos ante una herida profunda en la ética pública, y eso exige respuestas concretas, no solo explicaciones”, ha defendido Maíllo.
La iniciativa se plantea como una “salida política a la legislatura”, tras el impacto del caso Cerdán y la tensión creciente dentro del Gobierno de coalición. IU reivindica que muchas de estas propuestas llevan décadas sobre la mesa y ahora exigen un impulso definitivo. La clave, insisten, está en convertir la lucha contra la corrupción en legislación eficaz.
El eje central de la propuesta es una ley integral contra la corrupción, que implicaría no solo sanciones penales más duras, sino también consecuencias económicas directas para los corruptores: desde el reintegro de beneficios ilícitos hasta la inhabilitación para contratar con la administración durante diez años. A esta se suma una ley específica de expropiación de bienes obtenidos por medios corruptos.
IU también reclama la creación de una oficina estatal de prevención de la corrupción, con autonomía plena y funciones de investigación, y un refuerzo claro de la Fiscalía Anticorrupción. Frente a posiciones como la del PSOE, que ha planteado eliminar la acusación popular, la formación de Maíllo defiende mantenerla como herramienta democrática esencial.
Además, la batería incluye propuestas como limitar los aforamientos, eliminar la inviolabilidad del monarca, reformar la ley de indultos para que no se apliquen en casos de corrupción, controlar los regalos institucionales, y poner fin a la llamada «puerta giratoria» con una incompatibilidad de tres años para cargos públicos que pasen al sector privado.
En materia de fraude fiscal, IU aboga por la creación de una Policía Fiscal dentro de la Agencia Tributaria, así como por prohibir que bancos españoles operen en paraísos fiscales. También proponen endurecer el tratamiento del delito fiscal, con ampliación de plazos de prescripción y penas más severas.
La propuesta llega en un momento en que las relaciones entre los socios del Gobierno están seriamente tensionadas. Maíllo ha sido claro al advertir al PSOE: “Queremos mantener el Gobierno, pero hay que actuar. Un Ejecutivo no se sostiene solo pidiendo perdón. Se mantiene haciendo leyes”. IU abordará ahora el plan con el resto de partidos de Sumar y, previsiblemente, con el PSOE, al que interpelan para que convierta esta agenda en compromisos reales antes de que la desafección avance más o sea aprovechada por la extrema derecha.
