La vivienda no solo es el principal factor de desigualdad social en España. También se ha convertido en un obstáculo estructural para el desarrollo económico. Así lo advierte un informe del Gabinete Económico de CC.OO., que cuantifica el impacto que tendría una reducción del 30% en los precios de la vivienda: supondría un aumento de 25.000 millones de euros en la demanda agregada y la creación de 410.000 empleos en cinco años, una quinta parte del empleo generado en el último lustro.
El problema no es nuevo, pero se agrava. Según datos del sindicato, el 45,1% de los hogares están expuestos a los costes variables de la vivienda, ya sea porque viven de alquiler o porque pagan una hipoteca. En total, 6,3 millones de hogares cuyos ingresos se ven condicionados por un gasto que crece muy por encima del resto de precios. El IPC interanual ha caído al 2% en mayo, pero el precio de la vivienda en propiedad se ha disparado un 12,2% respecto al mismo periodo de 2024.
La consecuencia es clara: salarios que recuperan poder adquisitivo en términos estadísticos pero que en la práctica se ven absorbidos por el encarecimiento de un bien básico. La renta disponible de los hogares se reduce, el consumo se contrae, la inversión productiva se ve desplazada por la especulación inmobiliaria, y la economía pierde impulso.
La rentabilidad bruta de la vivienda cerró 2024 en el 12,9%, frente al 7,3% del capital invertido por las empresas o el 3,2% de la deuda pública. Un desequilibrio que, según el informe, desincentiva la inversión en sectores productivos y empuja el ahorro familiar hacia el ladrillo. Mientras tanto, el parque de vivienda pública sigue siendo irrelevante en comparación con los países de nuestro entorno.
Los efectos de este modelo, alimentado durante décadas por políticas que priorizaron la propiedad sobre el acceso, no son solo sociales, sino también económicos. Abaratar el precio de la vivienda, asegura el sindicato, permitiría liberar renta para el consumo, aumentar la demanda de bienes y servicios y, con ello, impulsar el empleo.
Ya advertía hace unos días CC.OO. de cómo el precio de la vivienda distorsiona el conjunto del coste de la vida. Aunque la inflación se ha moderado y los salarios pactados en convenio crecen de media un 3,4%, el esfuerzo para acceder a una vivienda digna sigue aumentando, impidiendo que esa mejora llegue a los bolsillos. Por eso el sindicato exige un cambio de rumbo: frenar la especulación, ampliar el parque público y garantizar el acceso a precios asequibles.
Para CC.OO., revertir el modelo especulativo no solo es una cuestión de justicia social. Es una condición imprescindible para que las mejoras económicas lleguen a las mayorías sociales y no se desvanezcan en un mercado de la vivienda desbocado.
