El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha celebrado este lunes que el PSOE haya dado finalmente su respaldo a medidas clave para afrontar la crisis habitacional, después de “mucho discutir y cuatro años de retraso”. Así lo ha expresado en un mensaje difundido a través de su cuenta de X (antigua Twitter), donde recordó que “la vivienda es un derecho y hay que poner todos los recursos para garantizarlo”.
La reacción de Santiago se produce en un contexto político marcado por el anuncio del Gobierno de transferir hasta 40.000 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la nueva Empresa Estatal de Vivienda. La medida permitirá destinarlas al alquiler social a precios que no superen el 30% de los ingresos familiares, con el objetivo de frenar la escalada de la precariedad residencial.
En paralelo, el espacio político de Sumar, del que forma parte IU, ha presentado una propuesta para multiplicar por nueve el presupuesto del próximo Plan Estatal de Vivienda, con una inversión cercana al 1% del PIB —65.000 millones de euros— para crear un gran parque público de alquiler asequible entre 2026 y 2029.
“La vivienda es un derecho y hay que poner todos los recursos para garantizarlo. Tras mucho discutir y 4 años de retraso, el PSOE acepta este camino”, señaló Santiago en su mensaje, en referencia tanto a la transferencia de la Sareb como al respaldo gubernamental a un plan más ambicioso.
El dirigente de IU insistió en que la respuesta ante la emergencia habitacional debe ser proporcional a la gravedad del problema. “Que duela el bolsillo de los corruptos y de los corruptores, y que tenga las consecuencias patrimoniales que deban tener”, reivindicó también estos días en relación con la necesidad de fortalecer la Ley Anticorrupción, cuyo contenido enlaza con la gestión pública de recursos como la vivienda.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en mayo de 2023, establece un marco legal para regular precios de alquiler en zonas tensionadas y sancionar a grandes tenedores. Sin embargo, desde IU y Sumar han reclamado acelerar su aplicación práctica y dotarla de recursos suficientes.
El giro del PSOE, que hasta ahora se había mostrado reticente a elevar sustancialmente el gasto en vivienda pública, es interpretado por Santiago como una rectificación “necesaria” tras años de bloqueo y retrasos. “Era imprescindible que este Gobierno pasara de las palabras a los hechos. Ahora tenemos que garantizar que estas medidas lleguen cuanto antes a las familias que más las necesitan”, apuntó en declaraciones posteriores.
El debate sobre la vivienda ha cobrado especial relevancia en un momento de tensión política, marcado por la entrada en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la necesidad del Ejecutivo de coalición de reconectar con los sectores sociales que exigen actuaciones decididas contra la desigualdad y la precariedad.
