El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente el “marcado carácter ideológico y misógino” de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que resolvió la demanda por competencia desleal presentada por Just Eat contra Glovo. Aunque el fallo desestimó la millonaria reclamación económica, la organización sindical sostiene que el verdadero problema no es el resultado procesal, sino el contenido de la resolución, que según su criterio sustituye el análisis jurídico por “un discurso ideológico alejado de los principios del Derecho”.
El magistrado Álvaro Lobato, autor de la sentencia, critica abiertamente el modelo de laboralidad de los repartidores conocidos como riders y pone en cuestión la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconocen la relación laboral entre estos trabajadores y las plataformas digitales. Para CCOO, el juez ignora la presunción de laboralidad recogida en el Estatuto de los Trabajadores y defiende la tesis empresarial de Glovo “desde sus convicciones personales huérfanas de fundamentación jurídica”.
Uno de los aspectos que más indignación ha suscitado es la deslegitimación de la Inspección de Trabajo. La resolución califica de “beligerantes” y “hostiles” los informes y declaraciones de las inspectoras de trabajo, cuestionando su objetividad con comentarios que CCOO considera “estigmatizadores”. El fallo sostiene que “los procesos de toma de decisiones están contaminados por tendencias psicológicas con anclajes biológicos”, una afirmación que para el sindicato supone un ataque discriminatorio hacia las funcionarias por su condición de mujeres.
“Se trata de un desprecio institucional que podría vulnerar los principios de igualdad y no discriminación”, alerta CCOO, que recuerda que la ley otorga un valor probatorio reforzado a las actas de la Inspección de Trabajo. Según el sindicato, expresiones de este tipo afectan a la dignidad profesional de las inspectoras y erosionan la legitimidad de un organismo esencial para la defensa de los derechos laborales.
Además, la organización reprocha que el fallo desprecie la función protectora del Derecho del Trabajo y el mandato constitucional de velar por la parte más débil en la relación laboral. “La sentencia está plagada de tópicos ideológicos y carece del rigor técnico necesario”, lamentan.
Ante esta situación, CCOO ha anunciado que presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reclamará medidas disciplinarias contra el magistrado. También ha emplazado a la Generalitat de Catalunya a elevar una protesta institucional, en línea con la carta pública que ya remitió el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
“El respeto a la igualdad y la dignidad profesional de quienes defienden los derechos laborales es irrenunciable”, subraya el sindicato, que exige una interpretación del ordenamiento jurídico acorde a la realidad del trabajo en plataformas y a los valores constitucionales de protección e igualdad efectiva.
