Apenas ha pasado un año desde que Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, irrumpiera en la política nacional con su partido ultraderechista Se acabó la fiesta, que logró tres escaños en las elecciones europeas de 2024. Pero su debut institucional no ha venido acompañado de estabilidad: al revuelo interno de su grupo parlamentario se suma ahora un rosario de causas judiciales que acorralan al eurodiputado andaluz.
Actualmente, el Tribunal Supremo mantiene abiertas tres investigaciones penales contra Alvise, y estudia otras dos denuncias que podrían derivar en nuevas causas. La más grave de todas tiene que ver con la presunta financiación ilegal de su formación política. Este viernes, el propio Alvise compareció de forma voluntaria ante el alto tribunal para declarar sobre un pago de 100.000 euros que recibió en efectivo del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain. Según Pérez, se trataba de un pago por una charla sobre “libertad financiera” y no para costear su campaña electoral. Romillo, sin embargo, contradijo esa versión: afirmó que el dinero se entregó expresamente para apoyar los gastos de campaña de Se acabó la fiesta.
La investigación por financiación irregular no es la única. El Supremo también instruye un caso por la difusión de un documento falso: una PCR supuestamente positiva del entonces candidato Salvador Illa, elaborada con el logotipo de una clínica que posteriormente desmintió su autenticidad. La Fiscalía de Barcelona denunció los hechos por falsificación de documento privado y calumnias.
La tercera causa abierta afecta a Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio en València. El Supremo investiga a Alvise por mensajes lanzados contra ella en su canal de Telegram, con posibles delitos de injurias, odio y coacciones. El tribunal considera que el eurodiputado pudo alentar a una comunidad de casi 40.000 seguidores a hostigar a la fiscal.
Además de estos tres frentes judiciales ya activos, el Supremo evalúa otras dos denuncias. Una proviene del Juzgado de León y parte de una querella del diputado socialista Javier Alfonso Cendón, por presuntas calumnias relacionadas con el caso Tito Berni. La otra, remitida por un juzgado de Madrid, se refiere a una posible revelación de secretos tras la difusión de conversaciones vinculadas a la operación Kitchen.
Otras dos investigaciones previas fueron archivadas. Una por desórdenes públicos en Ferraz durante las protestas contra la Ley de Amnistía, y otra impulsada por Vox y Santiago Abascal por presuntas calumnias. Ninguna de las dos prosperó judicialmente. En menos de un año en el Parlamento Europeo, Alvise Pérez se ha convertido no solo en un fenómeno político disruptivo, sino también en un protagonista habitual de la crónica judicial.
