[Con motivo de la presentación del XXI Informe Asturiano de verificación del estado de los derechos humanos y de la paz en Colombia]
Vosotros, productivistas
sois la naturaleza que se destruye.
Sois la Tierra arruinándose
justo antes de hundirse.
Sois la lepra del aire, la ruina del suelo,
el mercurio en la sangre.
Alain Damasio
¿Qué desarrollo?
En el orden global actual, una quinta parte de la población mundial acapara cerca del 80% de los recursos disponibles, mientras el resto ha de subsistir con las migajas sobrantes. Según la Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad, en las últimas cuatro décadas la producción global —medida por el PIB— se ha triplicado. Sin embargo, la mayor parte de esta producción adicional ha sido absorbida por la élite prevalente. Al tiempo que el 1% más rico acumula el 42% de la riqueza general y el 5% concentra el 69%, la mitad más pobre de la población mundial sólo tiene acceso a un 1% de la misma (https://globalinequality.org/global-income-inequality/). A esta dinámica algunos aún la llaman “desarrollo”. Incluso “crecimiento”.
Conviene señalar, a renglón seguido, que la riqueza no se define únicamente por los niveles de consumo, sino que expresa, sobre todo, relaciones estructurales de poder: quiénes controlan los medios de producción —tierras, fábricas, bancos, corporaciones, fondos buitre, entre otros—, mediante qué mecanismos se reproduce intergeneracionalmente la desigualdad —emparejamiento por nivel de renta, homogamia, capital cultural, etc.— y cómo se moldea, por tanto, el tiempo de vida de las clases trabajadoras. Aquellas que, siendo las generadoras del valor socialmente producido, reciben apenas una fracción de las ganancias extraídas. El obrero, como recordaba Marx, no es sino “tiempo de trabajo personificado”.
En este sentido, resulta notorio que el “poder” en la economía mundial está lejos de distribuirse de forma equitativa o verdaderamente “democrática”, pues se concentra en manos de unos pocos. El punto es que remarcar este hecho suele ser encapsulado por los defensores del statu quo como una forma de oposición al desarrollo económico como tal. Así de contundente se muestra al respecto Francia Márquez, activista ecosocial y vicepresidenta de la República de Colombia:
“Cuando decimos que no queremos minería a gran escala en nuestros territorios y usamos el derecho fundamental a la consulta previa para exigir la protección en un país que se proclama Estado Social de Derecho, nos dicen que nosotros los negros y los indígenas nos oponemos al desarrollo del país. Una se pregunta, ¿qué desarrollo si la gente negra e indígena son las que viven con las necesidades básicas más insatisfechas del país?”.
Una compulsión productivista
Imaginemos ahora que el planeta es una tarta. Parece evidente que la apropiación de un trozo enorme de esta conlleva que solamente quedarán porciones diminutas para el resto. Pues bien. El problema fundamental es que, además, estamos reduciendo drásticamente los ingredientes de la misma- sobreexplotación de recursos energéticos y minerales, devastación de la biodiversidad, contaminación atmosférica, de ríos y mares-, lo cual significa que la tarta es más pequeña, por lo que cada vez ¡tocamos a menos para repartir! ¿Acaso la situación es sostenible?
Por otro lado, tampoco la crisis climática es una contradicción más del capitalismo, una barrera que tarde o temprano será levantada: superando el capitalismo mediante la revolución anhelada, o a través de una “tecnología mesiánica” desarrollada por el “Leviatán Climático”, en una suerte de nueva torsión autoritaria capitalista- empleando aquí la expresión de Geoff Mann y Joel Wainwright-. De igual manera, caeríamos en un error si nos limitamos a tomar el correcto diagnóstico —que identifica el cambio climático como la manifestación más intensa de la crisis sistémica del capitalismo, es decir, la incompatibilidad estructural entre este modo de producción y los límites biofísicos del planeta— como una validación definitiva de nuestro marco teórico de partida, por más sólido que este sea.
Por encima de todo, lo que apremia es comprender que la actual policrisis —energética, climática, económica, alimentaria, securitaria— pone en jaque las condiciones mismas de la civilización tal y como la conocemos. Que no podemos seguir comprando tiempo. Que las lógicas de la emancipación —sean revolucionarias o reformistas— deben transformarse radicalmente. Que mirar hacia otro lado ya no es una opción. Que debemos actuar en consecuencia. Es un imperativo ético y planetario. El capitalismo no puede salvarse a sí mismo como el barón de Münchhausen, tirándose de la coleta en la ciénaga.
¿Mitigar, adaptarse o sufrir?
En un célebre artículo de Lonnie G. Thompson y Gioietta Kuo, publicado en 2010, “Climate Change: The Evidence and Our Options” ( https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2995507/pdf/bhan-33-02-153.pdf), los autores enfatizan el papel de las actividades humanas en el cambio climático, en particular el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI). En este marco, plantean tres opciones para atravesar la situación en que nos encontramos: la mitigación (reducir la magnitud y el ritmo de los cambios en el clima que nuestras actividades ocasionan), la adaptación (ajustarse a sus impactos) o el sufrimiento. En realidad, una combinación efectiva de las dos primeras es completamente imprescindible si no queremos ir de cabeza hacia la tercera. Por ejemplo, medidas como el desarrollo de infraestructuras resilientes al clima, la mejora en la gestión de los recursos hídricos, la implementación de sistemas de alerta temprana o la diversificación agroecológica —que preparan a comunidades y ecosistemas para afrontar los impactos del cambio climático que ya están acaeciendo— deben coordinarse con otras iniciativas que contribuyan a reducir las emisiones de GEI, tales como el despliegue masivo de energías renovables, políticas decididas de reforestación o la transición hacia un consumo energético más eficiente. Como incide Eva Sempere, articular internamente estas acciones significa intervenir en el mientras tanto, si es queremos proteger de manera tangible a las clases más vulnerables (o mejor dicho: más vulnerabilizadas)- que son quienes padecen con mayor crudeza los cambios en los patrones climáticos, el incremento de la temperatura global y la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos que estos procesos conllevan- y no sucumbir a una melancolía anestesiante.
No obstante, deberíamos distinguir con nitidez la necesidad de la adaptación como respuesta social al cambio climático (reiteremos: complementando estrategias proactivas de mitigación) del discurso que convierte la adaptación en aceptación del orden social establecido. En esta versión, adaptarse implica naturalizar las relaciones de poder existentes, asumir que estas no pueden ser modificadas. Dicho de otro modo: la aserción de que “la sociedad debe adaptarse” es la forma en que las “adaptaciones” se hacen funcionales a las dinámicas de las formaciones socioeconómicas capitalistas del norte global. Desde esta perspectiva, lo que nuestras sociedades deberían ir haciendo es ajustarse al “estado de la naturaleza”, gestionando las “externalidades”. Y esta es, en definitiva, una justificación ideológica– aunque pase por técnica– que hunde sus raíces en nuestra tradición metafísica occidental y que el propio Marx ridiculizaría magistralmente: los economistas burgueses consideran que todos los modos de producción son históricos y, por ello, transitorios; sin embargo, sostienen en paralelo que el capitalismo es un modo eterno e inmutable. Parece aconsejable ser cautos asimismo con la reciente transformación del concepto ecológico de resiliencia en un fetiche político —particularmente tras su incorporación en los posicionamientos institucionales en el contexto de la crisis climática y sanitaria global—. Pues, como ha señalado la investigadora Kathleen Tierney, este giro ha llevado paradójicamente a asumir que la única respuesta razonable ante los desastres es aceptar sus causas, en lugar de promover la construcción de sistemas alternativos —sociales y tecnocientíficos— que permitan prevenirlos.
Externalizar lo que nos avergüenza
El cambio climático es una “guerra de clases”, concluye Jason Hickel. Y tiene razón- siempre y cuando las clases no se interpreten como entidades preexistentes a los conflictos ecosociales y los estados, capas postizas respecto a las mismas-. Sin lugar a dudas, los ricos son los principales responsables del exceso de emisiones. A día de hoy, el incumplimiento del Acuerdo de París —que, como es sabido, plantea como objetivo limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales— es prácticamente un hecho consumado. Los millonarios, por sí solos, están en camino de agotar el 72 % del presupuesto de carbono restante. Y se da la circunstancia de que los países del norte global son responsables del 86 % de las emisiones acumuladas que exceden el límite planetario seguro.
He aquí la clave. Desde la Segunda Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, las sociedades hegemónicas han liberado volúmenes crecientes de gases de efecto invernadero, intensificando el efecto de retención de calor en la atmósfera y elevando la temperatura media global. Pero la verdadera novedad histórica- como subraya Xan López en El fin de la paciencia: un ensayo sobre política climática-, es que la concentración de GEI ha aumentado en el último siglo y medio más que en los cinco millones de años anteriores. Y nosotros, europeos, formamos parte de ese 20% más rico de la población mundial que dispone del 80 % de la riqueza planetaria. Lo revelador- no nos engañemos- es que esta expansión no responde únicamente al capitalismo a secas, sino, en buena medida, al modelo de desarrollo impulsado por el Estado de Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y Europa, principalmente: un desarrollo dependiente por completo de la utilización desmedida de combustibles fósiles para las tecnologías domésticas y los consumos cotidianos.
Es tentador circunscribir la crítica al hecho incontrovertible de que la extracción y producción de combustibles fósiles se concentra en un número reducido de empresas, en un sector oligopólico. Pero lo cierto es que las emisiones generadas se producen debido al uso social final de estos recursos, al consumo energético diario de amplios sectores de la población del mal llamado “primer mundo”. Retomando a Marx: “la producción es consumo” y “el consumo es producción”. Más aún: “La producción no solo crea un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto”. Lo cual se revela con contundencia en nuestras sociedades de servicios, que continúan desplazando sistemáticamente los efectos negativos generados por nuestro modo de vida sobre los países más pobres de otras regiones del mundo. Como sintetiza Stephen Lessenich, para que durante una breve pausa laboral podamos elegir entre las múltiples variedades de Nespresso, se talan hectáreas de selva tropical brasileña en zonas de extracción de bauxita, y los residuos tóxicos generados terminan en vertederos de basura en algún lugar de África. Tal es el mundo en que vivimos, aunque externalicemos aquello que nos incomoda o avergüenza.
Colombia: custodia de la biodiversidad
El extractivismo continúa siendo una de las formas fundamentales de dominación en Colombia. Ya sea a través de la depredación de “recursos” naturales —minerales, petróleo, bosques— o mediante la apropiación de saberes ancestrales que acaban convertidos en patentes privadas al servicio de corporaciones transnacionales. Ocho años después de la firma del Acuerdo de Paz, un periodo marcado por las constantes campañas de deslegitimación impulsadas por sectores opositores y por la escasa voluntad política de los gobiernos de Juan Manuel Santos (2014-2018) e Iván Duque (2018-2022), el gobierno de Gustavo Petro, desde agosto de 2022, ha asumido el compromiso de cumplir dicho acuerdo como piedra angular de su política de Paz Total. Sin embargo, pese a los esfuerzos, programas e iniciativas tanto del gobierno como de la sociedad civil, uno de los desafíos más persistentes —y dolorosos— para la paz en Colombia sigue siendo el asesinato de defensoras y defensores en las zonas rurales del país: auténticos baluartes de la tierra y de la vida.
Como denuncia el XXI Informe Asturiano de verificación del estado de los derechos humanos y de la paz en Colombia, las élites económicas continúan financiando grupos armados y estructuras paramilitares; alimentando la guerra, sofocando las denuncias, silenciando los asesinatos y sometiendo la voluntad colectiva a través de la cooptación y el terror. Las prácticas de Coca-Cola en el país ilustran de forma paradigmática este ataque permanente contra el medio ambiente, la salud pública, los derechos laborales y las culturas autóctonas.
El gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez es consciente de que la violencia brutal que sufren los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los colectivos afrodescendientes y los sindicatos de clase está profundamente ligada al actual modelo extractivista. Por ello, está comprometido- con sus errores y a pesar de limitaciones de todo tipo- en revertir esta lógica del expolio, a elevar el nivel de vida mediante una justa redistribución de la renta y la riqueza, a descercar los bienes públicos y comunes, y a reconocer plenamente los derechos de los pueblos históricamente agraviados. A ello suma un compromiso inequívoco con la ampliación de derechos para las mujeres y el colectivo LGTBIQA+, combatiendo los discursos de odio y confrontando sin ambigüedades las múltiples formas de violencia interseccional. Este es el mensaje decidido de Francia Márquez:
“Mi apuesta es por luchar frente a la violencia hacia las mujeres y, en este sentido, eso se contrapone con una política de muerte, con un modelo económico de desarrollo que usa el racismo como una forma de mantenerse en su supremacía blanca. Tenemos que escoger si queremos seguir contribuyendo para que la vida se extinga en este planeta o si tomamos la decisión real de asumir nuestra responsabilidad y cuidar la vida entre todos. Este es el gran desafío que tenemos hoy como humanidad”.
Y este es el camino hacia la paz: una paz cimentada en modelos que sean socialmente justos y ecológicamente sustentables; una paz que defienda los derechos, los territorios y la soberanía en todas sus formas —energética, alimentaria, productiva, digital—. La paz es la custodia de la biodiversidad, el uso creativo del conocimiento heredado para enfrentar los desafíos del presente. La paz demanda una nueva ética, una política simbiótica que cuide a quienes cuidan, que honre a quienes se acuerpan para proteger y abrazar a la comunidad. Hoy, la urgencia nos llama a replantear todo para garantizar la subsistencia colectiva.
Fuente: nortes.me
