La misión del barco Handala, parte de la Flotilla de la Libertad, tenía un objetivo claro: romper el bloqueo ilegal que Israel impone sobre la Franja de Gaza desde 2007, un cerco que ya dura 18 años y que condiciona la vida del 40% de la población, nacida y criada bajo esta asfixia. Además de llevar ayuda humanitaria, la travesía buscaba enviar un mensaje de esperanza al pueblo palestino y exigir el cumplimiento del derecho internacional, vulnerado sistemáticamente con la pasividad —o complicidad— de gobiernos y organismos internacionales.
El Handala 2025 partió desde Siracusa (Sicilia) y pasó por Gallipoli (Italia), recibiendo el apoyo de colectivos locales y la presencia de figuras como el eurodiputado Jaume Asens, que promueve en España una querella por el asalto al Madleen en aguas internacionales. A bordo viajaban 21 voluntarios de nueve nacionalidades, incluidos activistas palestinos, europeos, australianos y estadounidenses como el sindicalista de Amazon Chris Smalls o la diputada francesa Gabrielle Cathala. Entre ellos, los españoles Sergio Toribio y Santiago González Vallejo, veteranos de la campaña Rumbo a Gaza.
Como en anteriores misiones, el riesgo de abordaje era previsible. A 40 millas de Gaza, y tras rechazar la “oferta” egipcia de fondear lejos de las aguas palestinas, el barco fue interceptado por el ejército israelí en aguas internacionales. Los ocupantes fueron trasladados al puerto de Ashdod, interrogados y encarcelados en la prisión de Givon. El “juicio” posterior, calificado por los activistas como una farsa, les acusó de intentar entrar ilegalmente en Israel, pese a que nunca invadieron su territorio reconocido internacionalmente. La condena: prohibición de entrada a Israel durante 99 años.
El relato de los participantes denuncia no solo el secuestro marítimo, sino también las condiciones de detención, el robo de pertenencias y el trato desigual respecto a los presos palestinos. “Israel dispara deliberadamente a brazos y piernas para causar amputaciones, y provoca hambre en la infancia de Gaza. Esto es un genocidio”, afirmó en sala uno de los voluntarios.
La misión del Handala fue precedida por ataques a otras embarcaciones solidarias, como el bombardeo por drones del Conscience o el abordaje del Madleen. Ninguna de estas agresiones ha provocado sanciones internacionales. Israel sigue participando en acuerdos con la Unión Europea, la OTAN, la OCDE o la Unión para el Mediterráneo, organismos que se declaran defensores de la paz y la seguridad.
Los activistas acusan a la UE y a sus Estados miembros de incoherencia: discursos vacíos mientras se mantienen relaciones políticas, comerciales y militares con un Estado que viola el derecho internacional. Reclaman medidas contundentes: embargo de armas, ruptura de relaciones y sanciones, como las que en su día se impusieron a la Sudáfrica del apartheid.
La Flotilla de la Libertad asegura que continuará enviando barcos hasta que el bloqueo de Gaza llegue a su fin. Paralelamente, impulsará nuevas demandas ante la Audiencia Nacional y la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros responsables políticos y militares israelíes. También se sumará a campañas como el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra empresas que se lucran con la ocupación, entre ellas la española CAF, que construye infraestructuras en territorios palestinos ocupados.
“Seguiremos navegando —afirman— hasta que el mar deje de ser una frontera de muerte y vuelva a ser un puente de vida para Palestina.”
