“Nueva condena al Servicio Andaluz de Salud, ahora por tardar 13 meses en diagnosticar un cáncer a una paciente”, publicado en El País el 19 de mayo de 2025; “Una mujer tiene que parir en Málaga un bebé muerto sin epidural por falta de personal”, publicado en Cadena SER el 5 de marzo de 2025; “El Gobierno andaluz autorizó a las clínicas privadas facturar más caro operaciones ya contratadas por concierto público”, publicado en El Diario el 28 de mayo de 2025; “Sevilla protagoniza una `marea blanca´ histórica en defensa de la sanidad pública”, publicado en Diario de Sevilla el 5 de abril de 2025.
Estos titulares recientes son ilustrativos del estado del sistema sanitario público andaluz y de la indignación ciudadana bajo el gobierno neoliberal de Moreno Bonilla. Tal y como se describe en el “Informe sobre la situación de la Sanidad Pública Andaluza”, elaborado por Marea Blanca y los sindicatos CC.OO., SATSE, UGT y CSIF, Andalucía está a la cola de España en casi todos los indicadores analizados: financiación, gasto sanitario, listas de espera, tiempos de demora y dotación de recursos humanos. Además, se señala un “exceso de gasto farmacéutico”. No es ninguna sorpresa, en tanto el Partido Popular acabó con la subasta de medicamentos para mayor beneficio de las farmacéuticas.
El objetivo es claro: mercantilizar los bienes comunes y que unos pocos hagan negocio con el derecho a la salud
Moreno Bonilla está aplicando sin piedad un plan de desmantelamiento del sistema sanitario público a la par que riega de dinero público a clínicas privadas. El objetivo es claro y ya se ha visto en los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Consiste en transitar de un sistema público a un sistema de conciertos como paso previo a un sistema con predominio del sector privado. No en vano, Esperanza Aguirre, consecuente tatcherista, fue adelantada a lo que hoy aplica Moreno Bonilla. El plan consiste en aplicar el concepto de “acumulación por desposesión” desarrollado por David Harvey, es decir, mercantilizar los bienes comunes y que unos pocos hagan negocio con el derecho a la salud. Como se decía, el desmantelamiento del sistema sanitario se ha acompañado de conciertos con clínicas privadas, tan solo en el presente año se prevén destinar 490 millones de euros que se suman a los 3.228 millones concertados en presupuestos anteriores, pero también de un incremento de los seguros privados. Casi dos millones de andaluces han contratado un seguro médico privado ante el deterioro del SAS. Le salen rentables a Asisa los eventos promocionales que paga al presidente andaluz.
La derivación de pacientes a la sanidad privada lo inició el PSOE con María Jesús Montero como consejera del ramo
La derivación de pacientes a la sanidad privada no fue un invento del actual Gobierno andaluz, ya lo puso en marcha el Partido Socialista con María Jesús Montero como consejera del ramo. Por tanto, la estructura y normativa sobre la que se ha desplegado el plan neoliberal fue herencia del Partido Socialista que ahora se rasga las vestiduras por las consecuencias de la gestión de Moreno Bonilla.
Como ocurre cuando gobierna el Partido Popular, la privatización suele ir de la mano de la corrupción. El gobierno andaluz tiene dos causas abiertas por haber contratado en fraude de ley centenares de millones de euros con clínicas privadas.
El gobierno andaluz tiene dos causas abiertas por haber contratado en fraude de ley centenares de millones de euros con clínicas privadas
La indignación ciudadana se ve reflejada en las constantes movilizaciones que acontecen en los pueblos de Andalucía, pero también en la propia encuesta del CENTRA que sitúa a la sanidad como segunda preocupación en importancia de la ciudadanía. El Gobierno andaluz ha tratado de capear esta tormenta vehiculando el malestar social contra gobierno central y a la “herencia recibida”. Es buen sabedor de donde está su talón de Aquiles a menos de un año de las elecciones andaluzas. A estas excusas de mal pagador ha incorporado otra idea muy peligrosa proveniente de la ultraderecha que incorpora a su narrativa: los mayores suponen un gasto excesivo y es injusto que lo soporte la generación más joven. Además de ser injusto es “inviable” mantener el sistema público. Sin reparo, Moreno Bonilla dijo en entrevista concedida a La Vanguardia: “La sanidad pública para todo y para todos con una población cada vez más mayor puede llegar un momento que sea inviable”. Mismo argumento que utilizan para atacar el sistema público de pensiones.
En Andalucía nos estamos jugando una de las mayores conquistas sociales recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía: un sistema sanitario público que garantice el derecho a la salud de manera universal. En tiempos de crisis e incertidumbre este es imprescindible para dar protección y seguridad a las capas populares. Y es también un vector de igualdad en una tierra que alberga las tasas de pobreza y precariedad más altas de la UE.
