La renuncia de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat Valenciana, anunciada este lunes a las 9.00 horas y formalizada a las 15.00 horas, cierra un año marcado por la mayor catástrofe humana reciente en el territorio valenciano: la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 229 personas. Sin embargo, más que un gesto de responsabilidad política, la dimisión llega forzada por la presión judicial, social y mediática, y por el rechazo creciente incluso dentro de su propio partido.
Mazón anunció su decisión sin pronunciar la palabra “dimisión”, apelando a motivos personales y al «estado de ánimo de la opinión pública», pero sin aclarar todavía quién será su sustituto. La renuncia, que se publicará en el BOE mañana, abre un periodo límite de 12 días hábiles para que el Partido Popular y Vox acuerden una candidatura. Hasta que ese relevo se materialice, Mazón seguirá como presidente en funciones, pero políticamente ya es un pato cojo: cualquier decisión del Consell dependerá del visto bueno de la ultraderecha.
El Secretario General del PCE, Enrique Santiago, ya ha calificado como «inmoral» la manera del President de la Generalitat de anunciar su dimisión, la cual será en diferido. «Hay que echarlos», sentencia el dirigente de IU.
Una verdad que terminó imponiéndose
La declaración de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza, según la cual Mazón permaneció “con total normalidad” en el restaurante El Ventorro la tarde de la catástrofe, ha sido una de las piezas clave que ha precipitado su salida. La gestión posterior, plagada de contradicciones, ocultaciones de información, versiones modificadas y ataques a las víctimas y a los medios públicos, agravó la indignación social. La imagen del funeral de Estado del 29 de octubre —con familias gritando “asesino” y “rata cobarde” ante Feijóo y los barones del PP— ha pasado ya a la historia política reciente.
Las víctimas no olvidan
Las asociaciones que representan a los familiares han considerado la marcha de Mazón “insuficiente” y han insistido en que el siguiente paso es que responda ante la justicia. La acusación es clara: mantener una agenda personal y de ocio mientras se producía una tragedia anunciada, no activar protocolos de alerta y mentir sistemáticamente sobre su paradero en una gestión que costó vidas.
Un Consell rehén de Vox
La renuncia abre ahora una crisis institucional. El PP necesita los votos de Vox para investir a un nuevo president. Santiago Abascal ya ha advertido que no regalará su apoyo y ha aprovechado el momento para atacar al Gobierno Central, acusándolo de intentar “exonerar su responsabilidad criminal” con la dimisión de Mazón.
Mientras tanto, Génova presionaba para que María José Catalá asumiera el liderazgo, pero la alcaldesa de València ha rechazado el movimiento. El candidato preferido de Mazón es su número dos, Juanfran Pérez Llorca, pero Vox pretende imponer a un perfil propio. Si no hay acuerdo, el reloj corre hacia nuevas elecciones anticipadas.
Una renuncia que llega tarde
La salida de Mazón no repara la pérdida de 229 vidas, no devuelve lo destruido ni sana el dolor de quienes aún buscan respuestas. Pero marca un hito político: la ciudadanía organizada, la investigación periodística y la presión judicial han logrado lo que durante meses el PP intentó evitar.
La democracia ha hablado.
Ahora la justicia tiene la palabra.
