El diputado y portavoz de IU en el Congreso del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado una serie de preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno en relación a dos nuevos centros de detención de migrantes ubicados en Mauritania, uno de ellos en la capital Nouakchott y otro en Nouadhibou, en la frontera del Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí. Los centros han sido financiados por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación del Gobierno español dependiente del Ministerio de Exteriores.
Según se señala en el escrito presentado por el diputado de IU, el primer centro contaría con 107 plazas y dos cunas para bebés y el segundo con 76 plazas y dos cunas también. «La FIAP no detalla —dice Santiago— si van existir protocolos para evitar que las autoridades mauritanas sometan a tratos inhumanos, crueles o degradantes a las personas recluidas», durante las 72 horas que según la web de FIAP permanecerán detenidos los migrantes.
El escrito informa que Mauritania practica frecuentemente redadas para detener a migrantes, operaciones que incluyen allanamiento de moradas sin autorización judicial y detenciones arbitrarias por perfil racial. «Según se ha publicado —señala el escrito del diputado Santiago— existen casos en los que las autoridades de Mauritania realizan redadas en las que contaría con información y participación de enlaces de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI». «En total, —dice el diputado de IU— España contaría con más de 80 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y CNI desplegados de manera permanente en Mauritania en tareas de externalización de fronteras», que es como se conoce a la intervención en el control migratorio en países terceros.
Por todo ello Enrique Santiago pide tener confirmación de los centros de detención en ese país y saber su propósito, así como de qué partida presupuestaria de la administración española provienen los fondos para su construcción. El diputado de IU inquiere también sobre si la normativa de esos centros permite internar en ellos a personas privadas de libertad, incluidos menores, sin orden judicial. Directamente pregunta también sobre la participación de policías o funcionarios españoles en las redadas de migrantes en Mauritania y traslado a las fronteras de Mauritania con otros países. Finalmente se interesa por conocer las medidas que tomará el Gobierno para el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y que en el caso de estas últimas se garantice la asistencia de ACNUR, asistencia jurídica y sanitaria y todas las garantías establecidas en el derecho de asilo en los casos en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o funcionarios españoles participen en un país extranjero en operaciones con migrantes o personas refugiadas.
