En los últimos meses, una amplia variedad de colectivos sanitarios españoles —desde organizaciones internacionales con presencia en el país hasta sociedades científicas y profesionales— se han movilizado para denunciar la destrucción deliberada del sistema sanitario de Gaza por parte del Estado de Israel. Estas iniciativas han puesto de relieve no solo la devastación de hospitales y centros de salud, sino también el asesinato y persecución del personal sanitario palestino y las graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Entre los actores más activos destaca Health Workers for Palestine (España), que ha emitido manifiestos exigiendo al Gobierno español y a la Unión Europea un posicionamiento claro contra el genocidio y la ocupación, el fin del envío de armas y la ruptura de relaciones institucionales con Israel. Este colectivo también promueve el boicot a empresas farmacéuticas como Teva, vinculadas a la industria sanitaria israelí, y reclama agilizar la acogida de pacientes palestinos críticos en España.
Semanalmente se concentran en el exterior de centros sanitarios numerosos profesionales para denunciar y visibilizar la destrucción sistemática del sistema sanitario de Gaza.
ONGs médicas internacionales con presencia en España han denunciado directamente los ataques contra sus instalaciones. Médicos del Mundo condenó la destrucción de una de sus clínicas en Gaza y un ataque con dron en Deir al Balah que mató a ocho personas, entre ellas tres niños. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado repetidamente del carácter sistemático de la destrucción del sistema sanitario gazatí y ha suspendido temporalmente sus actividades en Ciudad de Gaza por la inseguridad extrema. Ambas organizaciones subrayan que los ataques a hospitales, clínicas móviles, ambulancias y fábricas de medicamentos no son anecdóticos, sino tácticas de guerra para aniquilar la capacidad de atención sanitaria.
En el ámbito nacional, sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) han emitido comunicados denunciando la “situación inhumana” en Gaza, reclamando el libre acceso de ayuda humanitaria y medicamentos esenciales y defendiendo el derecho universal a la atención sanitaria. La Organización Médica Colegial (OMC) también ha expresado su preocupación por el asesinato de trabajadores sanitarios palestinos y ha pedido a las autoridades españolas y europeas medidas urgentes para frenar estas violaciones.
Todos estos esfuerzos comparten un enfoque: visibilizar ante la opinión pública española y europea que la destrucción del sistema sanitario de Gaza no es un efecto colateral, sino un ataque directo a la población civil y a quienes la atienden. Además de denunciar, estos colectivos reclaman acciones políticas concretas: embargo de armas, sanciones económicas, acogida urgente de pacientes palestinos y presión diplomática sostenida para poner fin a los crímenes de guerra y al genocidio.
Las movilizaciones sanitarias en España se inscriben así en una red internacional de solidaridad sanitaria que aspira no solo a documentar las violaciones del derecho humanitario, sino a exigir responsabilidades y a mantener viva la defensa del derecho a la salud como un derecho humano universal. Aunque persisten retos —como coordinar esfuerzos, garantizar seguridad al personal en Gaza y transformar la denuncia en políticas efectivas—, la respuesta del sector sanitario español constituye un faro ético y profesional que insiste en que la salud no puede ser usada como arma de guerra ni negada a una población entera.
