España ya tiene nombre para su gran apuesta en política de vivienda: Casa 47, la nueva empresa pública que aspira a convertirse en el pilar de un parque estatal de alquiler asequible “público para siempre”. El Gobierno presentó este jueves la entidad, bautizada en referencia al artículo 47 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a una vivienda digna. “No es optativo: dar respuesta a este derecho es un mandato constitucional”, subrayó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el acto.
La ministra celebró lo que considera “un avance histórico” en el Estado del Bienestar, comparando la creación de Casa 47 con la consolidación de servicios como la educación, la sanidad o el sistema público de pensiones. A su juicio, construir una infraestructura pública estable es la única forma de garantizar que la vivienda no dependa de “amenazas, recortes o intentos de privatización”, como —según recordó— ha ocurrido en el pasado.
Una empresa para construir vivienda pública… que seguirá siendo pública
Uno de los aspectos que más destacó Rodríguez fue el blindaje jurídico de las futuras promociones. El Ministerio asegura haber encontrado los mecanismos para que toda vivienda construida por la nueva empresa permanezca de titularidad pública de forma indefinida, evitando así la deriva privatizadora que ha marcado las últimas décadas en España, donde parte del parque público terminó en manos privadas.
Casa 47 —que se articulará sobre la Entidad Estatal del Suelo (Sepes)— gestionará y construirá vivienda pública a gran escala, apoyada por los activos que el Estado ya tiene a su disposición. Entre ellos, 45.000 viviendas y 2.400 suelos procedentes de la Sareb, además del impulso a grandes proyectos como la Operación Campamento en Madrid (10.700 nuevas viviendas) o las promociones previstas en antiguos terrenos penitenciarios.
Contratos de hasta 75 años: estabilidad para las familias
La ministra desgranó también las claves del modelo de alquiler que ofrecerá Casa 47. La idea central: estabilidad y previsibilidad. Los contratos podrán extenderse hasta 75 años, con un primer periodo de 14 y prórrogas sucesivas de siete años si no cambian las circunstancias familiares.
El objetivo, dijo Rodríguez, es evitar que las familias accedan hoy a una vivienda y mañana puedan ser expulsadas o que se destinen recursos públicos a hogares donde, poco después, se exigen alquileres prohibitivos.
Acceso más amplio: renta entre 2 y 7,5 veces el IPREM
A falta de conocer los criterios patrimoniales finales, los requisitos económicos serán relativamente amplios: entre 16.800 y 63.000 euros anuales, es decir, de 2 a 7,5 veces el IPREM. El Gobierno defiende esta “manga ancha” argumentando que el acceso al mercado libre es un problema transversal que afecta a la amplia clase media.
Quienes queden por debajo de ese umbral —rentas inferiores a 16.800 euros— podrán acceder a vivienda social, mientras que las rentas superiores deberían poder obtener vivienda en el mercado sin ayudas.
Alquileres limitados: nadie pagará más del 30% de su renta
El precio final de los alquileres se ajustará para que ningún inquilino destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Para lograrlo, el sobrecoste de construcción o promoción lo asumirán las administraciones públicas.
La ministra ofreció ejemplos concretos:
- En Madrid, los alquileres de Casa 47 serían un 38% más bajos que los del mercado.
- En Málaga, podrían reducirse a la mitad.
- En zonas con tensiones menores, como Olivenza (Badajoz), las viviendas procedentes de la Sareb se situarán alrededor de 400 euros al mes para hogares con rentas medias de 25.000 euros.
Un portal en 2026 y una nueva oferta pública
En 2026 estará disponible un portal online donde se podrán consultar promociones, requisitos y disponibilidad en todo el país. Además, el Ministerio anunció el lanzamiento de una oferta pública de vivienda de 100 millones de euros para ampliar el parque en manos de la nueva empresa estatal.
Casa 47 es, en palabras del Gobierno, un cambio estructural en la política de vivienda: un intento de reconstruir un parque público robusto y duradero tras décadas de reducción. Un proyecto ambicioso cuyo impacto dependerá tanto de su desarrollo jurídico como de la capacidad del Estado para ejecutar y mantener, a largo plazo, la mayor apuesta por vivienda pública en democracia.
