La Universidad pública española ha vivido el último cuarto de siglo bajo el mantra de la “modernización” y la “excelencia” que acompañaba la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, producto del Plan Bolonia. Durante estos veinticinco años se han creado más de una cuarta parte de las universidades que actualmente conforman el Sistema Universitario Español, todas ellas privadas impulsadas por fondos de inversión y grandes grupos empresariales. Desde 1998 no se crea ninguna universidad pública. De las 96 universidades autorizadas en nuestro país, 50 son públicas y 46 privadas. Estos datos son la muestra de que, mientras se prometía democratizar el acceso a la educación superior y la puesta en marcha de una reforma pedagógica, en paralelo se imponía otro proyecto menos inocente: la conversión de la universidad en mercado sometido a los códigos del capitalismo académico.
La lógica empresarial coloniza lenguaje y prácticas: competitividad, ranking, indicadores, impacto inmediato. El pensamiento crítico debe justificarse en términos de retorno económico. La palabra mágica de los planes de estudios es la “empleabilidad”, que se ha usado para subordinar docencia e investigación a los intereses del mercado. En ese contexto, la Universidad pública deja de ser un derecho social, un espacio humanista para la formación de ciudadanía crítica, y pasa a ser nicho de negocio.
El capitalismo académico también reconfigura por dentro la vida universitaria. El profesorado vive atrapado entre la burocracia y la carrera por la productividad: guías interminables, rúbricas milimétricas, plataformas que todo lo cuantifican. Se exige evaluación formativa continua sin financiación para la contratación de profesorado o aumento del número de grupos, innovación docente sin tiempo para preparar clases, excelencia investigadora con contratos precarios. La universidad-exprés de los créditos ECTS y la administración sin refuerzos convierten cada curso en una carrera de obstáculos.
Para el estudiantado, la factura es doble. Por un lado, grupos masificados vacían de contenido la idea de aprendizaje centrado en el estudiante. Por otro, un modelo de financiación que desplaza costes hacia las familias, encarece másteres y consolida la idea de que la formación de calidad es la que se compra. Los préstamos-renta y las tasas disuasorias actúan como filtro de clase.
Nada de esto es inevitable. El problema no es el impulso de una reforma, sino el contexto y la lectura neoliberal que los gobiernos han hecho de ella. Frente al capitalismo académico, la alternativa no pasa por nostalgia, sino por un proyecto de Universidad radicalmente pública: financiada con impuestos progresivos, con plantillas estables, sin universidades privadas concebidas como negocio y con tiempos lentos para pensar y enseñar.
Defender la universidad pública hoy no es una causa corporativa del profesorado, es una batalla por la democracia. Allí donde el conocimiento se privatiza, donde la crítica se mide en créditos y la precariedad ahoga el pensamiento crítico, lo que está en juego no es solo el futuro de un servicio, sino la posibilidad misma de una sociedad capaz de pensar más allá del beneficio inmediato.
