El Congreso ha aprobado este jueves la ley de multirreincidencia con una mayoría tan amplia como incómoda: 302 votos a favor gracias a la suma del PSOE, el PP, Junts y el PNV; 36 en contra de la coalición Sumar, Podemos y el BNG; y la abstención de Esquerra Republicana y Coalición Canaria. El resultado no solo saca adelante un endurecimiento del Código Penal para delitos leves reiterados —como el hurto de teléfonos móviles—, sino que evidencia un giro político que sitúa al Gobierno en una alianza puntual con la derecha en una de las materias más sensibles: la política criminal.
La norma, impulsada originalmente por Junts, refuerza las penas de prisión para quienes acumulen tres delitos de la misma naturaleza, aunque sean leves y aunque el valor de lo sustraído no supere los 400 euros. En los casos de hurtos continuados menos graves o graves, la horquilla se eleva hasta penas de uno a tres años. También se incluye de forma expresa el robo de dispositivos móviles y tecnológicos.
El argumento de sus defensores apela a la “alarma social” trasladada por alcaldes catalanes ante una supuesta “oleada de delitos” protagonizada por un “reducidísimo grupo de personas”. Sin embargo, el propio debate parlamentario dejó al descubierto una contradicción difícil de obviar: los datos oficiales no reflejan un incremento descontrolado de la delincuencia, y España mantiene tasas comparativamente bajas en el contexto europeo. Aun así, el Congreso ha optado por ampliar un Código Penal que ya figura entre los más severos de la Unión Europea y por reforzar el recurso a la prisión para infracciones de escasa entidad económica.
Una reforma innecesaria y regresiva
El actual Código Penal ya contempla el agravamiento de penas por reiteración delictiva: cuando una persona acumula más de tres condenas por hurto y la cuantía supera los 400 euros, la sanción puede pasar de multa a prisión de seis a dieciocho meses. La reforma va más allá y elimina, en la práctica, ese umbral económico, facilitando el ingreso en prisión por la reiteración de delitos leves.
Las críticas de los grupos de izquierda apuntan a un problema de fondo: el endurecimiento punitivo no ha demostrado ser eficaz para prevenir este tipo de conductas, vinculadas en muchos casos a situaciones de exclusión social, adicciones o marginalidad. “La realidad no se cambia a golpe de Código Penal”, advirtió Esquerra Republicana al justificar su abstención, pese a reconocer la presión de alcaldes preocupados por la convivencia en sus municipios.
Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar, Podemos y EH Bildu fueron más contundentes al denunciar un “populismo punitivo” que centra el foco en los llamados “robagallinas” mientras elude reformas estructurales en materias como vivienda, desigualdad o precariedad. La crítica no es menor: ampliar el recurso a la prisión para delitos leves puede saturar aún más un sistema penitenciario que ya presenta una de las tasas de población reclusa más altas de Europa occidental.
El trasfondo político
La tramitación de la ley no puede desligarse del contexto parlamentario. Los primeros movimientos del PSOE para desbloquear el texto se produjeron poco después de que Junts suspendiera su apoyo al Gobierno, poniendo en riesgo la estabilidad de la legislatura. El acuerdo en esta materia fue uno de los compromisos asumidos para recomponer la relación.
El resultado es una fotografía política insólita: el partido que lidera el Ejecutivo votando junto al PP y Junts en una reforma que la derecha y la ultraderecha llevan años reclamando. Durante el debate, el PP aprovechó para vincular la delincuencia con la inmigración y cargar contra la regularización de personas migrantes, en un discurso que refuerza el marco más reaccionario del debate público.
Aunque el PSOE ha insistido en que no “fía todo al punitivismo” y que trabaja en medidas complementarias, la señal enviada es clara: ante la presión política y mediática en torno a la seguridad, la respuesta vuelve a ser el endurecimiento penal. Por su parte, el Secretario General del PCE y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso ha sentenciado que «endurecer la multirreincidencia no arregla nada, tan solo saturará las cárceles con excluidos.».
El riesgo de esta reforma no reside solo en el aumento de penas, sino en el mensaje político que transmite: que la inseguridad se combate endureciendo el Código Penal, incluso cuando las estadísticas no avalan un escenario de excepcionalidad. Convertir la “alarma social” en motor legislativo puede ofrecer réditos a corto plazo, pero consolida una lógica en la que la prisión se convierte en respuesta casi automática a conflictos que exigen políticas sociales, preventivas y comunitarias.
Con esta votación, el Congreso no solo ha aprobado una ley. Ha validado una forma de hacer política criminal que prioriza la severidad sobre la evidencia y que amplía el castigo para los delitos de menor entidad mientras otros debates estructurales siguen pendientes.
