El pasado día de Aragón, 23 de abril, despertamos con la resaca del anuncio del nuevo pacto de gobierno PP-Vox, una criatura que es fruto de las decisiones y los intereses de sus partidos en Madrid, que han utilizado a Aragón como peón en un tablero de juego donde las ansias de poder y la batalla por el relato han pesado infinitamente más que los intereses de la ciudadanía aragonesa.
Hemos venido diciendo por activa y por pasiva que el riesgo de involución democrática y de retroceso en derechos no era un mero aviso, y este acuerdo anuncia que la voluntad de las extremas derechas es hacerlo realidad. No es sólo un acuerdo de gestión, es un ataque frontal contra los derechos humanos y un ataque a la autonomía y al autogobierno aragonés. Esta gente pactante no cree en Aragón, en la Constitución española y mucho menos en nuestro estatuto de autonomía. Y están orgullosos.
Pero también es una ofensiva contra las clases populares, contra la diversidad y la convivencia, un catálogo de intenciones y de concreciones que prioriza el odio sobre los derechos y el mercado sobre la vida.
La “prioridad nacional”, ese tótem discursivo y delirio fascista, es una estrategia de discriminación institucionalizada que pretende segregar a la población en el acceso a los servicios públicos, como primer paso hacia un apartheid que no sólo se aplicará a las personas migrantes, detrás iremos todas los que no cumplimos sus requisitos de “españolidad” a la carta, todas las que no seamos ricos, hombres, blancos y católicos.
Los derechos no son privilegios que Vox propone y Azcón dispone en función del lugar de nacimiento, los derechos son conquistas universales, son garantía de vidas dignas y de una sociedad donde todos sus integrantes contribuimos al cuidado común.
La bajada generalizada de impuestos supondrá una transferencia de rentas desde la mayoría social hacia las élites económicas, y agravará desmantelamiento de lo público
El documento no se queda en la retórica, incluye medidas tan regresivas como que haya estadísticas que vinculen migración con delincuencia, el endurecimiento de la disciplina en los centros de menores o la exclusión del acceso a la vivienda pública, a la atención sanitaria o a las ayudas sociales de las personas migrantes.
Damos por hecho que la discriminación no aplicará a las personas migrantes con dinero ni a las multinacionales que nadie sabe dónde tributan ni cuánto, ni a los fondos buitre extranjeros que especulan con la vivienda. El fondo del asunto es el capital, y el pacto es un escaparate de ajuste neoliberal salvaje. Se anuncia una bajada generalizada de impuestos que supondrá una transferencia de rentas desde la mayoría social hacia las élites económicas, y el desmantelamiento de lo público seguirá agravando las brechas de desigualdad y la desafección hacia lo comunitario, clima que necesita la ultraderecha para ampliar su nicho de votos.
El ataque a la educación y a la sanidad públicas se cebará con un territorio que necesita de lo público como motor de igualdad de oportunidades
La cohesión social va unida a la cohesión territorial, clave en un Aragón con población muy desigualmente distribuida y con un medio rural que languidece esperando unos servicios públicos fuertes que respondan a las necesidades de la gente que lo habita. El ataque a la educación y a la sanidad públicas se cebará con un territorio que necesita de lo público como motor de igualdad de oportunidades. El negacionismo de la ciencia, del cambio climático y de todo lo que suene a medio ambiente y a transición justa, queda automáticamente excluido de cualquier política pública. La supuesta defensa del sector primario se traducirá, como ha venido haciendo ya el PP en Aragón, en la defensa de los intereses del agronegocio y de los grandes propietarios de la tierra, obviando a la agricultura social y familiar, que es la que vertebra el territorio.
La ultraderecha, que ya viene aprendida, se queda con las consejerías a las que más rédito ideológico pueden sacar, relacionadas con lo que entienden como “familia”, sector primario o medio ambiente, lo que supone que van a gestionar estas áreas quienes niegan la violencia machista, la diversidad, la ciencia, los derechos, la igualdad o el cambio climático.
Los imparables avances del feminismo generan una reacción en el sistema capitalista, que necesita del patriarcado para existir y resistir, y en este pacto está reflejado ese pánico que les produce a las ultras derechas que sigamos en pie de lucha. De la misma manera, la evidencia científica de los límites biofísicos del planeta y la constatación de que el crecimiento económico no solo no es ilimitado sino que destroza las posibilidades de vida y vacía el medio rural, generan la respuesta autoritaria y la necesidad de control de estos ámbitos en el futuro gobierno de Aragón.
Frente a la reacción, más democracia
Desde Izquierda Unida de Aragón nuestra posición es nítida: organización, movilización y defensa de nuestros derechos, nuestros servicios públicos y nuestra tierra desde todos y cada uno de los espacios y fortaleciendo el tejido social. La lucha de clases es la lucha y la organización en los barrios, en los pueblos, en el ámbito sindical y desde los ejes de un feminismo radical y un ecologismo potente.
El Sr. Azcón nos presenta este pacto como garantía de estabilidad, pero si la estabilidad se basa en el recorte de derechos de las personas migrantes y la clase trabajadora, en la discriminación y el debilitamiento de lo común, la inestabilidad será norma y el conflicto social está asegurado. Y ahí nos van a encontrar.
Frente a su prioridad nacional, nuestra prioridad social y humana; frente a la desregulación, fortalecimiento de los servicios públicos, de los derechos sociales y del derecho a vivienda digna. Frente a la reacción, más democracia.
