Nada más conocerse los resultados electorales en Andalucía, Vox sacaba pecho afirmando que lo que los andaluces han dejado claro es que quieren prioridad nacional. Más allá de la intención propagandística de dicha afirmación, que no se sostiene en ningún dato, lo que sí deja en evidencia es que el racismo y el clasismo son la prioridad del partido de extrema derecha. Una prioridad que el Partido Popular, cada vez con menos complejos, comienza a asumir como parte de su propio repertorio.
La extrema derecha rara vez inventa algo nuevo. Suele limitarse a cambiar las palabras y vestir de nuevo sus ya conocidas obsesiones de racismo, clasismo, miedo al pobre y odio al diferente, presentándolas como supuesto sentido común ligado a valores tradicionales. A una parte de la población sensible a la incertidumbre e inseguridad con respecto a su presente y su futuro, se le presenta la contradicción de que el problema son “los de fuera”, y que hay que priorizar a “los de aquí”. Sin embargo, la trampa consiste en que en realidad se está diciendo que el problema no es “los de arriba”, los que concentran la riqueza, precarizan el trabajo, especulan con la vivienda o destruyen los servicios públicos. Señalan a “los de abajo”, a la persona migrante, al trabajador sin papeles, a la mujer que limpia una casa sin contrato, al jornalero explotado, al joven que cruza una frontera buscando futuro o al vecino que no tiene la nacionalidad, pero sostiene con su trabajo una parte imprescindible de nuestra vida cotidiana.
La “prioridad nacional” no es una política social. Es una política de exclusión. No busca mejorar las condiciones de vida de la mayoría, sino dividir a esa mayoría para que no mire hacia los verdaderos responsables de sus problemas. Mientras los salarios pierden poder adquisitivo, los alquileres expulsan a familias enteras de sus barrios y los servicios públicos sufren años de recortes y privatizaciones, Vox ofrece un culpable fácil: el inmigrante. Es la vieja receta de la extrema derecha europea, adaptada al lenguaje de nuestro tiempo.
Frente a esa lógica, debemos levantar una barrera de contención en torno a los valores que defienden la prioridad humana. Los derechos básicos no pueden depender del lugar de nacimiento, de la nacionalidad o del tiempo de residencia. La sanidad, la educación, la vivienda, el trabajo digno, la protección frente a la explotación y el acceso a los servicios públicos no son premios reservados a quienes la derecha considere preferentes.
Por eso son tan importantes medidas como la regularización de personas migrantes (rechaza por Vox, PP y Junts), que no es un gesto caritativo, sino de justicia social que implica sacar a cientos de miles de personas de la invisibilidad administrativa que las condena a la explotación con jornadas abusivas y sin acceso a derechos básicos. Significa fortalecer la Seguridad Social, ampliar garantías laborales y reconocer que muchas personas migrantes ya viven, trabajan, cuidan, producen y sostienen este país.
La prioridad humana no niega los problemas materiales de las clases populares, sino que los toma muy en serio. Precisamente por eso rechaza que la respuesta sea enfrentar al penúltimo contra el último. La batalla contra la extrema derecha no se ganará solo denunciando sus pactos ni escandalizándose ante sus discursos. Se ganará construyendo una alternativa de país basada en derechos, igualdad, inversión pública, empleo digno, vivienda accesible, servicios públicos fuertes, regularización y solidaridad de clase. Una alternativa que diga con claridad que ninguna institución democrática debe asumir políticas que siembran odio, sospecha y miedo.
