La denominada “prioridad nacional” por Vox es una mala copia de la propuesta “America first” de Donald Trump, presidente del que los fascistas españoles y el PP son absolutos y sumisos súbditos. Está sumisión la hemos podido comprobar a la vista de su silencio cómplice cuando el actual mandatario de los Estados Unidos ha desatado la guerra arancelaria contra el campo español, o cuando ha provocado el recorte de las ayudas de la PAC a campesinos y ganaderos españoles al conseguir que la Unión Europea gastara ese dinero en compras a las empresas armamentísticas estadounidenses, o cuando ha amenazado e intentando coaccionar al Gobierno español por negarse a asumir el 5% o el 3,5% del PIB en gastos para rearme. Ante estas amenazas y agresiones a España, la derecha y la ultraderecha han optado por el “America first” antes que por la “prioridad nacional”.
La propuesta de VOX, asumida por el PP, pretende eliminar derechos que cualquier ser humano debe tener, así como acabar con servicios públicos que se financian con el esfuerzo no de los españoles, sino de todas las personas que pagan impuestos. Como todo el mundo sabe, en España no pagan impuestos únicamente los españoles sino todas las personas que viven en nuestro país. Y pagan tanto impuestos directos, como el IRPF, o indirectos, como el IVA, cada vez que compran algo.
La “prioridad nacional” entendida como un criterio discriminatorio a la hora de acceder a servicios públicos que todos los contribuyentes pagan, vulnera el principio constitucional de igualdad. Está a un paso de degenerar en “prioridad regional”, o “local”, otra ordenación de privilegios atendiendo a criterios arbitrarios. Tras la utilización del criterio de nacionalidad como prioritario, nada impide continuar discriminando en cuanto al acceso a servicios públicos esenciales, aplicando por ejemplo el criterio de vecindad civil autonómica, local… y así hasta el infinito. Según esa lógica discriminatoria, los gobernantes de la Comunidad de Madrid podrían llegar a establecer que los madrileños tengan prioridad en el acceso a los servicios públicos por encima, por ejemplo, de los andaluces que residen en la misma.
Esta política de “prioridad nacional” es el preámbulo a medidas de represión violentas de los diferentes, personas de otra nacionalidad o de otra etnia, de otra orientación o condición
Mencionemos también que esta política de “prioridad nacional” o America First es el preámbulo a medidas de represión violentas de los diferentes, personas de otra nacionalidad o de otra etnia, de otra orientación o condición, para los que quedar fuera de los criterios de prioridad no es ni más ni menos que un paso en la estrategia de deshumanizarlos para convertirlos en el objetivo de políticas de destrucción. Así lo demuestra la brutal represión organizada por el ICE en los Estados Unidos contra la población extranjera o simplemente contra estadounidenses de origen étnico diferentes a los que Donald Trump y su camarilla gobernante consideran digna de disfrutar los derechos de nacionalidad.
La derecha trata a las personas atendiendo a su clase social, sus intereses y sus privilegios. Vemos a diario que ni PP ni VOX, ni otras fuerzas de derechas, están dispuestas a garantizar que todos los españoles sean tratados de la misma forma y sin discriminaciones si eso afecta a sus intereses de clase. Ya hemos visto lo que les ha durado la “prioridad nacional” a Coalición Canaria o a Vox cuando se ha tratado de desembarcar en Tenerife a 14 españoles susceptibles de estar infectados por el hantavirus. Negativa absoluta a preservar el derecho a la salud de sus compatriotas.
Con el argumento falso de que no hay recursos para mantener servicios públicos para todos, quieren bajar impuestos a quienes más ganan y centrar la recaudación en las rentas del trabajo en lugar de las del capital
Lo que pretenden VOX y PP es acabar con los servicios públicos de calidad y universales, es decir para todo el mundo, con el argumento falso de que no hay recursos para mantener servicios públicos para todas las personas. Esta premisa falsa esconde una voluntad política de dejar de recaudar, bajar impuestos a quienes más ganan —sean empresas o particulares— y centrando la recaudación fiscal en las rentas del trabajo frente a las rentas o rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario. Recaudar estableciendo la misma carga fiscal, mediante impuestos indirectos como el IVA que todas las personas pagan al mismo tipo, esto es sin tener en cuenta cuáles sean sus ingresos y su patrimonio preexistente.
La “prioridad nacional” es temeraria por ejemplo, en materia de atención sanitaria. La prevención de epidemias o graves problemas de salud pública se haría imposible puesto que los virus y las bacterias no distinguen entre las nacionalidades de sus portadores.
Consejerías de “desregulación”
Además la “prioridad nacional” va acompañada de otra propuesta de VOX que ya el Partido Popular ha aceptado en Extremadura o Aragón: las consejerías de “desregulación”, otra copia de las fracasadas propuestas de Trump, en este caso de su “departamento de eficiencia gubernamental” que fue entregado a Elon Musk nada más llegar Trump a la Casa Blanca. Tras despedir arbitrariamente a decenas de miles de funcionarios y crear auténticas colas del hambre en Washington, fue cerrada por Trump antes de que colapsara toda la administración pública estadounidense.
Los libertadores latinoamericanos mantenían que si bien eran las armas las que habían garantizado la independencia, serian las leyes las que traerían la libertad.
Las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras, para que sean mantenidas se han introducido en leyes. Los derechos conquistados se han esculpido en piedra, mediante su inclusión en leyes que deben ser respetadas. Es el caso de la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales y de atención a dependientes, el seguro de desempleo, las leyes laborales.. y tantas otras normas que protegen a los más débiles frente a la arbitrariedad y la explotación de los más fuertes.
Desregular significa impunidad para las oligarquías y los poderosos. Es imponer la ley de la selva para acabar con las leyes que garantizan las conquistas de las clases populares y les protegen
Con la excusa de eliminar “carga burocrática”, por supuesto gastos para ellos superfluos, la ultraderecha pretende acabar con las conquistas del movimiento obrero y de los movimientos sociales, eliminando las leyes que las protegen y garantizan. A eso es a lo que llaman “desregular”. Llama la atención que quienes se presentan a elecciones legislativas para formar parte de parlamentos —cuya tarea prioritaria es elaborar leyes— defiendan que la única actividad legislativa debe ser derogar las leyes existentes. Desregular es dar prioridad a la ley del más fuerte, la ley de la selva, acabar con las conquistas de siglos de luchas de las clases populares, y acabar con los controles que impiden que la corrupción se extienda y generalice, a la vez que se hace más difícil perseguirla. Desregular es garantizar la impunidad de las oligarquías, de los más poderosos.
Esta versión cañí de las fracasadas propuestas de Trump, es la puesta de largo de la acción de gobierno de los nuevos fascistas, con la absoluta permisividad de la derecha española, tanto del PP, de Junts, de Coalición Canaria…
Conviene recordar la intervención de Dolores Ibárruri en la última reunión del Buró Político del PCE celebrada en España en febrero del año 1939, apenas unos días antes del golpe del coronel Casado contra la República: “El triunfo del fascismo en nuestra patria no significaría una etapa transitoria de gobierno reaccionario, como fue la dictadura de Primo de Rivera o el bienio negro. Si triunfaran sobre la República el fascismo y los invasores extranjeros que están a su servicio, eso no sería para la clase obrera de España una simple derrota parcial y pasajera. Sería el fin de todo lo que los obreros han conquistado con decenas de años de trabajo y de combate, el fin de todo bienestar, de toda libertad, de toda dignidad, el hundimiento en la esclavitud más negra”.
