La jornada “Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo”, organizada por Izquierda Unida el pasado 4 de mayo en Congreso de los Diputados, giró en torno a una idea central: la IA no puede quedar al margen del derecho laboral, de la fiscalidad ni del control democrático. La jornada, coordinada por el diputado Francisco Sierra y presentada junto al portavoz parlamentario Enrique Santiago, fue inaugurada por la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien reclamó una “regulación urgente” de la inteligencia artificial para impedir que los algoritmos y las grandes plataformas tecnológicas impongan un nuevo modelo de precariedad y vigilancia sobre los trabajadores. La ministra defendió que la IA debe ser considerada desde el inicio como una cuestión laboral y no exclusivamente tecnológica.
La automatización y la gestión algorítmica están modificando ya las relaciones de trabajo, la organización empresarial y el reparto del poder dentro de las empresas. En este punto, la ministra alertó de que el verdadero riesgo no es únicamente la destrucción de empleo, sino la capacidad de la inteligencia artificial para intensificar el control empresarial sobre las personas trabajadoras. En ese sentido, conectó su discurso con las conclusiones de la Comisión de Expertos de Alto Nivel impulsada por el Ministerio de Trabajo, cuyos análisis advierten de que la IA puede convertirse en una herramienta de vigilancia permanente si no existe regulación pública y negociación colectiva.
Díaz defendió que España debe avanzar hacia un marco legal similar al que inspiró la llamada “Ley Rider”, aprobada en 2021 que obligó a las empresas a transparentar los algoritmos que afectan a las condiciones de trabajo y sentó un precedente europeo en materia de control algorítmico. Ahora, según la ministra, el reto consiste en extender ese principio a toda la economía digital y a los sistemas de inteligencia artificial que intervienen en la contratación, los despidos, la evaluación del rendimiento o la organización de turnos. El Ministerio demanda mecanismos de auditoría obligatoria de algoritmos, control humano de las decisiones automatizadas y participación sindical en la supervisión de los sistemas de IA.
También pidió a los “tecnoligarcas” y grandes propietarios de plataformas digitales que “bajen de la nube y pasen por Hacienda. La ministra insistió en que “las empresas de IA deben tributar”, obtienen beneficios extraordinarios mediante la automatización y deben contribuir económicamente a financiar la transición laboral.
La digitalización puede aumentar la productividad pero esos beneficios no pueden quedar exclusivamente en manos de las empresas propietarias de la tecnología. El discurso de Díaz insiste en que la automatización debe traducirse en mejoras sociales, reducción de jornada, mayor bienestar y redistribución de riqueza. La IA puede liberar a las personas de tareas rutinarias y peligrosas, pero únicamente si existe intervención pública y regulación democrática.
Frente a quienes sostienen que la automatización debe quedar en manos del mercado, Trabajo defiende que el futuro laboral dependerá de quién controle los algoritmos, quién se beneficie de ellos y cómo se repartan sus ganancias. Para la vicepresidenta, la IA no puede ser únicamente una herramienta empresarial: debe quedar sometida a derechos laborales, negociación colectiva y obligaciones fiscales.
Soberanía tecnológica
Otro de los ejes presentes en el debate es la necesidad de avanzar hacia una verdadera soberanía tecnológica europea y estatal. La inteligencia artificial no puede depender exclusivamente de infraestructuras privadas controladas desde Estados Unidos o China. La preocupación alcanza especialmente a la denominada “soberanía documental”: el control público sobre datos estratégicos relacionados con expedientes judiciales, historiales sanitarios, información educativa o archivos administrativos. Se trata de evitar que la información sensible del Estado y de millones de ciudadanos quede fuera del control democrático efectivo. Desde esta perspectiva, la regulación de la IA no se limita al ámbito laboral, sino que se vincula también con la autonomía tecnológica, la ciberseguridad y la defensa de servicios públicos esenciales.
