El actual Partido Popular ya ni disimula su herencia franquista. Fundado por los herederos de la dictadura fascista, están retornando a sus orígenes. La causa ha sido su “hijo pródigo”, Santiago Abascal, que se escindió del partido y montó un “chiringuito” de extrema derecha. Ahora les “lleva de calle” y ha conseguido que compren su marco ideológico supremacista, que sostiene que un grupo es superior a otros y, por tanto, debe recibir más y recibirlo primero.
El eslogan de “supremacía nazi-onal” (o “preferencia nacional” como les gusta tildarla) se ha convertido en una pieza central de las guerras culturales en el repertorio discursivo de la extrema derecha actual. Este marco ideológico y político procede de la extrema derecha francesa (Jean-Marie Le Pen y posteriormente Marine Le Pen), donde se reformuló un discurso abiertamente racista en términos jurídico-administrativos aparentemente menos agresivos: sustituyendo raza por nacionalidad, exclusión por prioridad y supremacía por preferencia.
Este desplazamiento semántico permite lo que algunos autores denominan “racismo sin raza” o “nativismo institucional”: se mantiene la lógica supremacista, pero con un lenguaje menos directo y ligado a vínculos emocionales de un “nosotros” contra los “otros”. En la narrativa racista actual del neofascismo, la “preferencia nacional” opera como un marco que define un “nosotros” (los nacionales, “los de casa”), construye un “ellos” (inmigrantes, extranjeros, minorías) y legitima una jerarquía de acceso a derechos. No se presenta como exclusión, sino como protección moral: “los nuestros primero”. Este giro retórico convierte una medida discriminatoria en una demanda aparentemente anclada en el sentido común.
No se trata solo de la posibilidad de la aplicación real de estas políticas racistas, sino de su capacidad para redefinir la agenda pública. Introducen nuevos criterios de legitimidad (nacionalidad frente a derechos universales), desplazan debates estructurales (desigualdad social, falta de fiscalidad progresiva) y, sobre todo, reconfiguran lo que era impensable hace poco para ser “decible” políticamente, debatible mediáticamente, asumible socialmente y, finalmente legislable normativamente (es la ampliación cada vez mayor de la ventana de Overton). Porque, incluso aunque sean jurídicamente inviables, porque son anticonstitucionales y contrarios a la normativa europea —al menos, de momento—, funcionan como dispositivos de hegemonía cultural.
La clave de su éxito es su ambigüedad estratégica: puede defenderse como política social “prioritaria”, pero opera como mecanismo de exclusión diferencial. A primera vista, parece una política de gestión escasa de recursos. Pero analíticamente introduce un criterio de estratificación de derechos basado en la nacionalidad. No se presenta como racismo explícito, no afirma abiertamente superioridad biológica o cultural (como el supremacismo clásico) pero establece una prioridad estructural de unos sobre otros. Se convierte en un marco ideológico que redefine quién merece derechos y en qué grado. Esto configura lo que puede denominarse un “Estado racista”, donde los derechos dejan de ser universales, para volverse condicionados por pertenencia a un determinado grupo.
El cambio más profundo no es jurídico, sino cultural: se naturaliza que “unos valen más que otros”, se redefine la justicia como favoritismo legítimo y se institucionaliza el “nosotros primero”
Si extrapolamos ese mecanismo racista, el resultado es una transformación profunda del contrato social. Se construye una ciudadanía jerárquica, donde se pasa de la ciudadanía universal (igualdad formal) a una ciudadanía estratificada: nacionales, residentes con derechos limitados y sujetos “tolerados” sin garantías. Se normaliza la desigualdad jurídica: legitima la discriminación institucional y el trato diferencial legalmente establecido (sería la norma administrativa). El Estado Social deja de atender a la población en función de su necesidad, y lo hace de acuerdo a su pertenencia. Con efectos amplificados en el ámbito socioeconómico: Competencia entre clases y grupos subalternos (trabajadores nacionales vs migrantes), desplazamiento del conflicto estructural (la desigualdad pasa a reconfigurarse como identidad), explotación (mano de obra precarizada sin derechos plenos) y rompe cualquier posibilidad de solidaridad intergrupal, lo que beneficia a estructuras de poder económico.
Esto supone una erosión democrática. Se pasa del principio de igualdad al principio de prioridad lo cual supone una restricción de derechos civiles y sociales, la legitimación de políticas autoritarias y la ampliación del margen de arbitrariedad estatal. No hace falta un giro explícitamente totalitario y fascista: basta con una deriva incremental progresiva.
Pero el cambio más profundo no es jurídico, sino cultural: se naturaliza que “unos valen más que otros”, se redefine la justicia como favoritismo legítimo y se institucionaliza el “nosotros primero”. Se consagra la hegemonía cultural del nativismo primitivo más racista y aporófobo. La “preferencia nacional” no es una simple consigna electoral, es un principio organizador alternativo del orden social que redefine silenciosamente una cuestión central: quién tiene derecho a tener derechos.
LOS PILARES DEL DISCURSO
La eficacia política del giro reside en tres mecanismos:
a) Simplificación: se vinculan problemas sociales (paro, vivienda, servicios públicos) con un único factor: la inmigración.
b) Desplazamiento del conflicto social: Se sustituye el eje clase/desigualdad por el eje nacional/extranjero;
c) Activación emocional del discurso: apelando a la inseguridad, el agravio comparativo y la pérdida de estatus, mediante mensajes simples y polarizantes.
