El Gobierno ha anunciado una inyección extraordinaria de recursos para el sistema de atención a la dependencia que supondrá 2.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas en 2026 y otros 4.000 millones en 2027. La medida, presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será aprobada mediante un real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.
Según explicó Sánchez, el objetivo es alcanzar el compromiso de que el Estado financie el 50% del sistema de dependencia, reforzando una red de protección que presta servicio a cerca de 1,6 millones de personas. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, afirmó el presidente, quien calificó la iniciativa como la mayor inversión realizada en este ámbito durante la democracia.
Tras el Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy defendió que la reforma constituye una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España” y aseguró que supone “la mayor ampliación de la red de protección social del país en décadas”. El ministro enmarcó la medida dentro de la estrategia de transformación de los cuidados que impulsa su departamento, orientada a construir un modelo más cercano, personalizado y centrado en las personas.
En la actualidad, el Estado transfiere más de 3.600 millones de euros anuales a las comunidades autónomas para financiar la dependencia. Con el incremento previsto, la aportación estatal se duplicará en 2027, permitiendo a las administraciones autonómicas ampliar prestaciones, contratar más personal, reducir las listas de espera y reforzar los servicios de atención.
El real decreto también contempla un aumento de las cuantías que reciben las comunidades por cada persona con dependencia reconocida. En el grado I, la financiación mensual pasará de 76 a 90 euros por beneficiario; en el grado II se duplicará de 130 a 260 euros; y en el grado III aumentará de 290 a 660 euros al mes.
Bustinduy subrayó además que la reforma pretende blindar estos niveles de financiación mediante su incorporación al marco normativo, dificultando futuros recortes. A su juicio, ello permitirá consolidar un modelo de cuidados estable y garantizar que los recursos destinados a la dependencia no vuelvan a convertirse en una “variable de ajuste”.
Entre los objetivos de la iniciativa figuran reducir los tiempos de espera para acceder a las prestaciones, mejorar la calidad de los cuidados y dignificar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector. El ministro avanzó asimismo que el Ejecutivo aspira a dejar atrás un modelo “asistencial y masificado” para avanzar hacia otro que facilite que las personas puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, con los apoyos públicos necesarios.
