Juan José del Águila: «El coronel Eymar fue uno de los personajes más siniestros de la dictadura»

Luchador por las libertades, abogado, magistrado, investigador y escritor, Juan José del Águila está preparando, junto a la historiadora Matilde Eiroa, la publicación de un libro sobre uno de los personajes “más siniestros” de la dictadura: el coronel Eymar.

MANUEL GONZÁLEZ: Fuiste reo antes que juez.

JUAN JOSÉ DEL AGUILA: He estado procesado tres veces. En la primera, en un consejo de guerra celebrado en 1962 en Algeciras, me absolvieron y condenaron a mi padre a dos meses de arresto y multa. Hubo un boicot a los cines por un aumento abusivo en el precio y la policía armada detuvo a un hermano menor de edad. Avisé a mi padre y cuando le acompañé para que le explicasen qué había hecho y su condición de menor de edad, uno de los policías le pegó una bofetada. Nos interpusimos mi hermano y yo, que recibimos numerosos golpes de porra, hasta que nos tumbaron.

El resultado fue un Consejo de guerra por agresión a la Fuerza Armada. Yo ya había empezado la licenciatura de derecho en Granada —curso 1960-1961— y le pregunté a los profesores de la Facultad el porqué de ese proceso, si los agredidos habíamos sido nosotros, muy especialmente mi padre y, además, no estábamos en guerra. No supieron contestarme adecuadamente.

M.G.: Pero también fuiste condenado.

J.J.A.: En abril del 68. Había terminado la mili y me detuvieron en Algeciras repartiendo octavillas de Comisiones Obreras y de las Comisiones Cívicas y me condenaron a un año de cárcel.

M.G.: ¿Entraste en la cárcel?

J.J.A.: Claro. Primero un mes en prisión provisional en Algeciras. Después, cuando ya me condenaron, ingresé en la prisión de Carabanchel. De ahí, a los pocos días, me trasladaron a la prisión de Jaén donde hice varias denuncias contra funcionarios y me trasladan a Segovia.

M.G.: También fuiste procesado como abogado.

J.J.A.: Fue por una actuación profesional en defensa de dos trabajadoras a las que no conocía, porque fui designado en 1971 por el turno de oficio. Inicialmente fui absuelto, pero, después, por un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, fui condenado.

M.G.: ¿Por qué?

J.J.A.: Una de las trabajadoras procesadas estaba pintando en una pared consignas para el Primero de Mayo, cuando “un tiro al aire” de un policía le traspasó el muslo. Acababa de suceder la muerte de Pedro Patiño por el disparo de un guardia civil [la mujer de Patiño, Dolores, era secretaria del despacho de la Cruz y a Juan José del Águila le tocó comunicarle el asesinato de su esposo], y en el escrito de conclusiones provisionales, critiqué abiertamente el uso de armas de fuego en situaciones que no originaban peligro para los agentes. Esto motivó una larga historia de actuaciones judiciales, que me obligaron a renunciar a la defensa de las dos trabajadoras y que terminaron en mi segunda condena: un mes de prisión que hube de cumplir por tener antecedentes y que pasé en Carabanchel, en la séptima galería destinada a presos fuguistas, peligrosos y homosexuales. Es obvio que el hecho de no llevarme con los políticos fue una forma de castigo por parte de la dirección de la cárcel.

M.G.: ¿Todo eso te indujo hacia la abogacía?

J.J.A.: Entre otras razones. Recuerdo que fue decisiva la película “Doce hombres sin piedad”, en la que un miembro del Jurado consigue convencer a los once restantes de la inocencia del acusado, al que estaban dispuesto a condenar a muerte.

M.G.: Con 22 años viniste a Madrid y te afiliaste a dos organizaciones clandestinas: la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española) y el PCE. ¿Por qué?

J.J.A.: La razón fundamental de cambiar de Granada a Madrid es que deseaba compatibilizar los estudios de derecho con la sociología, materia novedosa en aquellos tiempos y en los que me inició en Granada el catedrático de Derecho Político Murillo Ferrol. Estudié sociología en los cursos 1962 a 1965, en la primera escuela que impartió esas materias por las tardes, en unos cursos que fueron organizados por miembros del PCE (Eloy Terrón, Pablo Cantó y Esteban Romay, un estudiante de la Facultad de  Económicas), en el viejo caserón de San Bernardo.

Mi ingreso al mismo tiempo en la FUDE y el PCE se remontan a principios del curso 1963-64. La razón y justificación principal fue la ejecución de Julián Grimau.

M.G.: En 1985, junto a Manuela Carmena y Cristina Almeida, hiciste de maestro de ceremonias en el homenaje a María Luisa Suárez. ¿Cómo calificarías su contribución a la lucha contra la dictadura?

J.J.A.: Para mí, María Luisa Suarez no sólo fue maestra, sino la persona que me facilitó entrar en el despacho laboralista de la calle de la Cruz cuando salí de la prisión de Segovia a finales de 1969. Antonio Montesinos y Manuela Carmena ya estaban allí. Casi todos los abogados laboralistas madrileños y de provincias tuvieron sus primeras experiencias profesionales en ese despacho.

M.G.: La política del PCE de participación en las instituciones franquistas llevó, en el caso de los colegios de abogados, a que en 1970 pidieran la amnistía de los presos políticos y el desmantelamiento de los tribunales especiales. ¿Qué significó ese congreso de León de 1970?

J.J.A.: Para mí, recién salido de la cárcel, significó una experiencia y aprendizaje de los más importantes de mi vida. Creo que también lo fue a nivel nacional por su repercusión en los medios. Incluso diría que políticamente fue incluso mayor que la reunión de Munich de 1962, por celebrarse dentro de España y haber podido lograr un frente amplio entre las diversas fuerzas políticas a las que pertenecían los abogados ejercientes. De ahí salieron peticiones de amnistía, de desaparición de Jurisdicciones Especiales (TOP y Jurisdicción de Guerra o Militar) y otras muchas demandas de democratización de órganos y funcionamiento de la Abogacía.

Solo nos faltó sacar adelante la aprobación del Estatuto del Preso Político. Esa fue una de las pocas victorias que tuvo el franquismo: no reconocer la existencia de presos políticos. Solo los reconoció desde el 48 al 55. A partir de ahí, el nuevo reglamento penitenciario no los reconocía.

M.G.: En la presentación de la segunda edición de El TOP, la represión de la libertad (1963-1967) te marcaste como objetivo la rehabilitación de Julián Grimau. ¿Consideras que se ha conseguido?

J.J.A.: Desgraciadamente no se ha logrado la rehabilitación completa de Julián Grimau y los miles de presos políticos que hubo en la dictadura. La simple entrega de un diploma a un representante del PCE en un acto público, para que este a su vez lo entregase a las hijas de Grimau, no cubre ese objetivo. Se le sigue calificando de criminal en libros y prensa y se siguen reproduciendo las acusaciones del consejo de guerra sin explicar que han sido declaradas nulas, como en un libro reciente de Miguel Platón.

M.G.: En la segunda edición de El TOP cuentas que no se te ha permitido acceder a los procesos que no terminaron en sentencia, entre ellos, el de Santiago Carrillo. ¿Ha cambiado algo?

J.J.A.: Existe una bolsa de asuntos —ignoro cuantos son— que se estaban tramitando en los dos juzgados instructores de la Jurisdicción de Orden Público (JOP) y que no llegaron a juicio al extinguirse dicha jurisdicción en enero de 1977 y que, por tanto, no hubo sentencia del TOP. Esa documentación se encuentra en un archivo judicial dependiente de la Comunidad de Madrid, y deberían estar ya en el Archivo de la Memoria de Salamanca, junto al resto de la documentación transferida del JOP y el TOP.

M.G.: Has denunciado quela Ley de Protección de Datos te impide poner en Internet las sentencias recopiladas en el cd TOP-DAT, una base de datos para explotar, que has editado con la Fundación Abogados de Atocha en 2005.

J.J.A.: Efectivamente, en la segunda edición de El TOP he podido incluir las 86 sentencias que habían desaparecido del archivo cuando publiqué la primera edición. He podido recuperarlas en el Archivo de Salamanca y he incorporado los datos personales a la segunda edición. Al disponer ya de las sentencias, la Fundación Abogados de Atocha propuso al Consejo General de la Abogacía que pusiese y administrase en su web corporativa esta base documental, pero el responsable de Protección de Datos se opuso.

M.G.: Hace unos días anunciaste en una conferencia en el Caum que estás trabajando sobre una de las figuras jurídicas emblemáticas de la represión franquista, el coronel Eymar. ¿Quién fue?

J.J.A.: Se trata de una investigación histórica, que estoy realizando junto con la historiadora y profesora Matilde Eiroa, de la Universidad Carlos III, sobre uno de los personajes más siniestros —y hubo muchos— de la dictadura franquista, el coronel Enrique Eymar Fernández, juez instructor militar especial desde 1940 a 1963, en diferentes juzgados militares especiales con distintas denominaciones y que tuvo un muy especial protagonismo en la instrucción de miles de causas, que terminaron en consejos de guerra, que impusieron penas de muerte ejecutadas y muchos miles de años de prisión a “los enemigos del franquismo”: primero fueron los republicanos; después, todos los opositores políticos (comunistas, anarquistas, socialistas, separatistas). Es uno de los verdugos más sanguinarios y sin piedad del franquismo. Matilde ya lo está redactando.

M.G.: ¿hablamos de decenas o centenas de penas de muerte?

J.J.A.: De miles.

M.G.: ¿Un militar jurista?

J.J.A.: No tenía la licenciatura de derecho, ni experiencia jurídica, ya que pertenecía al cuerpo de Infantería. Fue herido en la Guerra de África en el año 1924 y se le declaró inútil total para el servicio. Un hijo suyo, falangista, fue asesinado en Paracuellos y él mismo fue procesado por los llamados nacionales, por negligencia, cuando entraron en Madrid, aunque al mes le levantaron el procesamiento y le designaron coronel y juez de prisioneros en 1940. Estuvo activo hasta la creación de la Jurisdicción de Orden Público (JOP) en diciembre de 1963 y, después de muchas medallas y cruces, Franco le otorgó el grado de General Honorifico.

M.G.: Creo haber leído en tu blog que estaba presente en las ejecuciones.

J.J.A.: Además de juez instructor, Eymar desempeñaba el cargo de secretario de los consejos de guerra. El Código de Justicia Militar establecía que tanto el juez instructor del sumario como el secretario del consejo de guerra tenían que estar presentes en el cumplimiento de las penas de muerte para dar fe.

M.G.: ¿Cómo surge tu vocación de jurista?

J.J.A.: De mi propia experiencia. También tuvo importancia el que se me denegase el acceso a la Magistratura en la segunda convocatoria ya que la realización de los cursos de doctorado sumaba puntos, y, en tercer lugar, el crimen de Julián Grimau, que ha sido determinante para toda mi trayectoria profesional como investigador y aflorador.

M.G.: Empezaste la tesis en el 87 siendo abogado, la terminaste en el 97 siendo magistrado y, a partir de ahí, iniciaste la senda de su publicación.

J.J.A.: El tribunal de tesis, que presidió Gregorio Peces Barba, aconsejó su publicación, lo que me llevó a un muy problemático recorrido por varias editoriales. La experiencia y anécdotas de este proceso podrían servir de base a otra tesis.

M.G.: ¿Qué pasó?

J.J.A.: Hubo una editorial que me adelantó medio millón de pesetas y que, por cambios en su dirección y política de publicaciones, rechazó editar el libro. Lógicamente, no les devolví el dinero.

La editorial Planeta me hizo otro contrato para editar cinco mil ejemplares y me abonó otro medio millón. Al principio planteó que en el manuscrito deberían suprimirse las relaciones de procesados, abogados y procuradores, a lo que me negué. Se lo planteé al codirector de la tesis, Antonio Miguel Bernal, que puso el grito en el cielo y me dijo que, si persistían en ese planteamiento, haría un escrito para que lo firmaran catedráticos y profesores de historia de toda España, denunciando que Planeta trataba de censurar la reciente historia de la dictadura.

Vine a Madrid y así lo hice. El representante de la editorial no entendía las razones de la necesidad de publicar todas las relaciones. Le estuve hablando más de media hora hasta que al final transigió y se publicaron.

M.G.: ¿Qué acogida tuvo el libro?

J.J.A.: Es curioso que, a pesar de que estaban invitados y asistieron periodistas de varios medios, no se publicó nada en los diarios de más tirada de la capital.

Pero lo más desconcertante fue que, a los pocos meses, los responsables de Planeta me dijeron que habían decidido saldar la edición, porque no tenían espacio en sus almacenes.

M.G.: Menudo disgusto.

J.J.A.: Me produjo una gran frustración personal y profesional, pero seguí investigando. Fruto de ello fue la segunda edición ampliada, donde se incorporaron los datos de las sentencias que faltaban del primer trimestre de 1972 y además “afloré” varios juzgados especiales de mediados de los cincuenta.

M.G.: Sostiene Enrique Lillo, otro gran abogado, que parte de la culpa de que no se haya profundizado en la memoria democrática es que no se quiere hablar del papel protagonista que tuvo el PCE. ¿Piensas que hay algo de eso?

J.J.A.: Enrique Lillo siempre fue un gran abogado dentro de las CC.OO. y muy apreciado por los compañeros y trabajadores. Casi siempre coincido con él. Fue de los primeros que hicieron una defensa critica de las dos ediciones del libro del TOP y puede que también aquí tenga razón.

Juan José del Águila, “aflorador” / restaurador de memoria

Él no ha descubierto casi nada porque ya sabía que la historia de los represaliados y los verdugosestaba ahí. No le ha llevado el azar, sino el tesón, a encontrar lo que había vivido y sufrido

Juan José del Águila se autodefine como investigador “aflorador”. Prefiere esta palabra que se ha inventado a la de “descubridor”, por las connotaciones de azar o suerte que evoca esta segunda. No le falta razón. A él no le ha llevado el azar, sino el tesón, a encontrar lo que había vivido y sufrido. Él no ha descubierto casi nada porque ya sabía que la historia de los represaliados y los verdugosestaba ahí, esperando esa mano que le dedicase el tiempo y los conocimientos necesarios para sacarla a la luz.

Como los buenos guisos, Juan José prepara sus proyectos con ingredientes variados y a fuego lento. Por el año 2005 le comentó a Carlos Álvarez que estaba trabajando en una investigación sobre el coronel Eymar y el poeta le respondió con una dedicatoria a su poemario Versos de un tiempo sombrío en la que le definió como “restaurador de la memoria histórica”. En estas dos décadas no ha parado de reconstruir la historia de quienes lucharon por la democracia y de quienes se encargaron de reprimirles, de las víctimas y de los victimarios, a los que él prefiere llamar verdugos.

Nacido en Málaga en 1943, estudió derecho en Granada y con 22 años se trasladó a Madrid con la finalidad de completar sus estudios de derecho con los de sociología. Expulsado de la Universidad de Madrid, finalizó los estudios de Derecho en la Universidad de Valencia. Le acompañaron en esta andadura la que después sería su mujer, María Teresa García Rodríguez, y Manuela Carmena, que lo cuenta en el entrañable artículo que escribió en el blog  justiciaydictadura.com, entrada 167, con motivo del fallecimiento de Maite.

Ya licenciado y de vuelta a Madrid, en 1970 empieza a trabajar en el despacho de María Luisa Suárez, en compañía de Manuela Carmena y Cristina Almeida, despacho que había organizado el PCE. María Luisa, una mujer procedente de la Institución Libre de Enseñanza, llegó a formar parte del Comité Central del PCE en la clandestinidad.

En 1991 se convierte en magistrado de lo social, trabajo que desempeñará en Sevilla y Madrid hasta su jubilación en 2012. En 1987 inicia la investigación sobre el Tribunal de Orden Público para su tesis de doctorado. Leerá la tesis en 1997, doctorándose cum laude. Dada su novedad, completitud y rigor, se publica en Planeta en 2001. El libro, con introducción de Gregorio Peces Barba, uno de los abogados que más casos defendió ante el TOP, apenas estuvo unos meses en las librerías. En 2020 El TOP fue reeditado por la editorial GPS, de la mano de la Fundación Abogados de Atocha, a la que donó los derechos, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. A sus 82 años sigue investigando y aflorando historias que la sociedad española no debería desconocer.

El TOP, “civilizar” la represión

El TOP, la represión de la libertad (1963-1977) es un monumento al trabajo histórico en el ámbito judicial. Narra el nacimiento del Tribunal de Orden Público ligado a la necesidad de aggiornamento de un régimen necesitado de ser aceptado en Europa y que intentaba aparentar ser un Estado de derecho mientras practicaba el fascismo. En 1962 había recibido el varapalo del Informe de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra titulado “El imperio de la Ley en España”, y decide trasladar la represión de los derechos laborales y las libertades desde las salas de la justicia militar a la civil. Para ello crea el TOP, para “civilizar” la represión.

El Consejo de Ministros demoró la creación de la Jurisdicción de Orden Público (JOP) para poder celebrar el consejo de guerra contra Grimau y fusilarle

La aprobación de la ley que dará nacimiento a este nuevo tribunal se cruzará con el arresto, intento de asesinato, juicio, condena a muerte y fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau. Juan José del Águila desvela que el Consejo de Ministros demoró deliberadamente la fecha de aprobación del Proyecto de Ley de creación de la Jurisdicción de Orden Público (JOP) con el fin de que pudiera celebrarse el consejo de guerra del 18 de abril que acabaría en el fusilamiento de Grimau. Es decir, que prevaricaron. Sospecha Del Águila que el papel desempeñado por el entonces ministro Manuel Fraga en este “crimen de Estado” ha sido una de las causas de la oposición del PP a anular la validez de dicho proceso, que finalmente se ha conseguido con la Ley de Memoria Democrática.

Los capítulos dedicados a Grimau valen por sí solos el libro y justificarían a lo grande una vida de investigación. Pero es solo una parte. Juanjo estudia el proceso de creación de la ley, los debates en las Cortes, los distintos posicionamientos, entre los que destaca la enmienda a la totalidad defendida por Joaquín Ruiz-Giménez.

Deja constancia de los premios que recibieron los magistrados y fiscales del TOP durante la dictadura y su inserción a la jurisdicción democrática con absoluta normalidad y amnesia

Del Águila recupera el papel de los jueces, la resistencia de los procesados y las tácticas dilatorias o abiertamente denunciadoras de los abogados, como fueron los “juicios de silencio” que tuvieron lugar durante los catorce años de vigencia del TOP. La imaginación fue una de sus herramientas: el abogado Jaime Miralles llegó a solicitar que la Nunciatura Apostólica dictaminase si el Tribunal había incurrido en causa de excomunión por haber decretado el juicio a puerta cerrada de un sacerdote. También deja constancia de los premios que recibieron los magistrados y fiscales del TOP durante la dictadura y su inserción a la jurisdicción democrática con absoluta normalidad y amnesia. Es digno de reseñar el trabajo de análisis estadístico que aporta, así como la riqueza de fuentes bibliográficas jurídicas, políticas, memorialistas e incluso literarias que enriquecen y dan frescura al libro. Aporta como apéndice los nombres de todos los procesados y de los abogados y procuradores. Y, por si todo lo anterior no hubiese sido suficiente, en 2005 editó con Comisiones Obreras un cd-rom, que bautizó TOP-DAT, con la compilación de las sentencias del TOP.

La segunda edición, que se puede conseguir en la Fundación Abogados de Atocha, a la que ha donado los beneficios, añade a la primera dos afloraciones dignas de conocer: los tribunales especiales que se crearon en 1954 y 1957 para reprimir la contestación universitaria de la Universidad de Madrid de 1954 y las huelgas de Asturias del 57, respectivamente. Al igual que con el TOP, el autor parte del hecho jurídico para reconstruir con nombres y apellidos la oposición a la dictadura y la represión consiguiente. Y dado que es hombre de tenacidad y rigor, recupera en esta segunda edición las 86 sentencias que faltaban en la primera porque el tomo correspondiente había sido sustraído.

El Blog: Justiciaydictadura.com

En 2013 Juan José del Águila inició la andadura del blog justiciaydictadura.com con un resumen de su artículo “Julián Grimau, crimen de Estado”. En este momento, ya son 177 las entradas que tiene, que suelen corresponderse con trabajos de investigación amplios y muy documentados. A Grimau le dedica más de diez entradas; una de ellas es un sentido y cariñoso homenaje a su mujer, Ángela Martínez, Angelita Grimau, con motivo de su fallecimiento. El coronel Eymar es el protagonista de varias que van desde los inicios del blog hasta hace unos meses.

El blog estuvo paralizado como consecuencia de la enfermedad de su mujer, María Teresa García, Maite. Lo retomó con una preciosa semblanza de Maite escrita por Manuela Carmena (entrada 167). Un ejemplo de cómo trabaja es la entrada120, dedicada a la memoria de Carlos Álvarez, en la que, además de recuerdos personales, documenta los procesamientos del poeta. Su última entrada versa sobre los bandos de guerra del general Fanjul Goñi y el comandante Salvador de Arizón; la penúltima es un estudio sobre la importancia de la justicia militar en los últimos dos siglos, y la antepenúltima se la dedica a Nicolás Sánchez Albornoz que a sus cien años sigue al pie de la restauración de la memoria. 

El blog lo encabezan estas palabras de Cervantes: “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”. Lo ilustra una foto de 1942 tomada en el Colegio de Abogados de Barcelona durante la entronización del Sagrado Corazón de Jesús a la que asistieron las autoridades militares, eclesiástica, judiciales y fiscales de la Barcelona fascista. El saludo fascista de las puñetas es un documento en sí mismo.

“Me cago en Franco”

Primera sentencia, algunos datos y algunos sucesos del TOP

La primera sentencia del TOP, dictada el 23 de marzo de 1964 por los magistrados Enrique Amat Casado, Antonio Torres-Dulce Ruiz y José Francisco Mateu Canoves, condenó a diez años y un día al peón de albañil Timoteo Buendía Gómez por decir en varias ocasiones que se cagaba en Franco al aparecer el dictador en la televisión de un bar de Leganés.

Procedimientos: 22.660, que afectaron a un total de más de 50.000 personas.

Procesados: 9.146 (906 mujeres). El 70% de clase trabajadora.

Sentencias: 3.884, de las que el 75% fueron condenatorias.

Condenados: 6.748.

Penas: 8.118, que sumaron un total de 11.958 años de cárcel.

Juicio con mayor número de procesados: el 20 de diciembre de 1964 fueron procesados 40 mineros asturianos de los que 36 fueron condenados a un total de 55 años de prisión.

Palabras de libertad con agravamiento de pena…

Los entrecomillados que se escriben a continuación, extraídos del libro El TOP, la represión de la libertad (1963-1977) son palabras que los procesados dirigieron al juez con las consiguientes consecuencias.

“Quiero seguir con las esposas que me sujetan en este régimen que oprime y encarcela a los trabajadores” (palabras pronunciadas por José María Rodríguez Manzano, procesado por asociación ilícita, dirigidas al juez cuando este ordenó a los policías que le custodiaban que le quitasen las esposas). El fiscal pidió ocho años de cárcel por estas palabras.

“¡Abajo el fascismo! ¡Viva el comunismo! (Amador Alonso Fernández. Condenado a doce años y un día.

“Tribunal de excepción al servicio de una dictadura que se hunde. ¡Vivan las Comisiones Obreras! ¡Fuera los Tribunales de Excepción!”. (Marcelino Camacho. Estas palabras le costaron tres años y medio de cárcel).

Estas palabras de Marcelino fueron motivo del siguiente párrafo en la sentencia:

“… se reforzaba el contenido infame de la frase al atribuir a dicho órgano jurisdiccional una dependencia funcional respecto a una forma política de Gobierno, desconociendo que el Poder Judicial, en cuanto emanación del Poder Soberano, está dotado de independencia, afirmada por su Ley Orgánica y reconocida por las normas constitucionales, siendo el bien jurídico tutelado por la norma penal, el principio de autoridad y la dignidad de la función, ambos en íntima conexión con el orden público, postulado ideal de la seguridad interior del Estado”.

Son palabras que me recuerdan a las que ahora utilizan las señorías de la puerta de atrás del Supremo.