El secretario general del PCE y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha cargado contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de parte de los españoles nacionalizados mediante la denominada ‘ley de nietos’. Para Santiago, la resolución supone una situación “inconcebible” al establecer, en su opinión, una diferencia entre ciudadanos españoles con plenos derechos políticos y otros que, pese a conservar la nacionalidad, quedan temporalmente privados del sufragio.
“Es inconcebible que el Tribunal Supremo pueda establecer que hay españoles de primera y españoles de segunda”, afirmó este miércoles en La Sexta. El dirigente de IU considera especialmente grave que la resolución no cuestione la nacionalidad de las personas afectadas, pero sí su posibilidad de participar en unas elecciones.
El Supremo acordó el pasado martes suspender cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o relacionadas con la orientación o identidad sexual. La medida fue solicitada por Vox e Iustitia Europa y permanecerá vigente hasta que el alto tribunal resuelva el fondo del procedimiento.
La resolución no retira la nacionalidad española, sino que condiciona el ejercicio del derecho de sufragio desde el extranjero. El tribunal ha ordenado a los consulados que acrediten que las nacionalizaciones cumplen directamente los requisitos establecidos por la ley, sin aplicar la presunción de exilio introducida posteriormente por una instrucción del Gobierno. Esta instrucción presumía la condición de exiliado para quienes hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditasen su salida.
Es precisamente esta diferencia entre nacionalidad y derecho de voto la que Santiago considera constitucionalmente problemática. El portavoz de IU ha reivindicado el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, y ha señalado que se trata del “núcleo duro de derechos fundamentales constitucionales”.
“Esto solo tiene una explicación: esta sentencia es funcional a la política de deslegitimación del Partido Popular y Vox de la democracia”, sostuvo Santiago. El dirigente comunista vinculó así la decisión judicial con las críticas que ambas formaciones han realizado a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y, en particular, al incremento del censo electoral exterior derivado de las nuevas nacionalizaciones.
Santiago reclamó además una respuesta judicial por parte de la Fiscalía. “Espero que ya esté haciendo los trámites” para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, afirmó, defendiendo que deben agotarse previamente las vías ante el propio Supremo.
La polémica afecta potencialmente a un número muy elevado de ciudadanos. Unos 2,4 millones de descendientes de españoles que sufrieron el exilio durante la Guerra Civil o la dictadura han solicitado la nacionalidad mediante esta vía. De ellos, 544.722 la tienen aprobada y alrededor de 306.000 ya figuran inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
La decisión del Supremo se produce además en medio de un fuerte enfrentamiento político. El Gobierno ha rechazado la suspensión y Pedro Sánchez acusó al PP y a Vox de “cercenar el derecho al voto” de miles de ciudadanos. En el extremo contrario, Vox ha presentado la resolución como una victoria frente a lo que considera una supuesta manipulación del censo electoral, mientras el PP ha defendido que el tribunal ha frenado una estrategia de “ingeniería electoral”.
Para Santiago, sin embargo, el problema trasciende la disputa partidista. “La privación del voto a los españoles solo la hemos conocido en momentos de imposición de regímenes autoritarios en España”, afirmó, antes de considerar que una decisión de estas características no tiene “ningún sustento constitucional”.
La suspensión seguirá vigente hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto, dejando mientras tanto en una situación de incertidumbre a cientos de miles de españoles residentes en el extranjero.
