Con el acuerdo de gobierno de PP y Vox en Andalucía arranca un ciclo político que va a estar marcado por la letal alianza de los recortes a los servicios públicos (2.758 aulas públicas eliminadas en Andalucía desde que gobierna Moreno Bonilla) con la agenda ideológica de la extrema derecha contra los colectivos más vulnerables, contra las personas migrantes y contra las organizaciones sindicales de la clase trabajadora. Los centros educativos se convertirán de nuevo en el tablero de una “batalla cultural” para amordazar los valores democráticos, coeducativos y multiculturales así como la memoria histórica de la dictadura o de las víctimas de la violencia de Estado y del terrorismo fascista durante la Transición y en la lucha por la autonomía andaluza.
Bajo el mantra de la “libertad de elección”, el acuerdo de la vergüenza acelera la privatización mediante la extensión de conciertos educativos en Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial. Mientras tanto, rescata promesas incumplidas de Moreno Bonilla como la climatización en las aulas (mientras la Ley de Bioclimatización arrastra ya un lustro sin plena implantación) y persiste en un modelo de comedores escolares externalizados que antepone el negocio de las empresas privadas de catering al bienestar del alumnado.
Ante la inminente ofensiva privatizadora de los servicios públicos, la respuesta del sindicalismo andaluz no puede limitarse a la acción institucional ni al diálogo en las Mesas Sectoriales. El sindicalismo andaluz de clase tiene la obligación urgente de organizar una respuesta unitaria, de ensanchar su base militante y activista uniendo las reclamaciones laborales del profesorado con las necesidades de toda la comunidad educativa para un blindaje de la escuela pública. Necesitamos construir, más allá de siglas y de inclinaciones corporativistas, un contrapoder feminista, ecologista y antifascista; formar y organizar activistas, militantes y cuadros sindicales en los centros educativos, estrechar lazos con familias y estudiantes y tejer alianzas con los movimientos sociales y con las organizaciones políticas de la clase trabajadora.
El inicio del curso en septiembre debe marcar el comienzo de un otoño de movilización sostenida por el blindaje de la escuela pública. La confluencia sociopolítica y la unidad de acción desde la base son herramientas que pueden frenar el avance de la derecha y de la extrema derecha para garantizar el futuro de una escuela pública laica, inclusiva y democrática.
