El pasado viernes fue detenido en Ibiza el ciudadano James ‘Fergie’ Cox Chambers (James Cox Chambers Jr.) a partir de una solicitud de extradición de Estados Unidos, donde se enfrentaría a cargos federales que podrían conllevar una pena de hasta 30 años de prisión.
El detenido, quien en 2023 recibió 250 millones de dólares tras vender su participación en Cox Entreprises, ha destinado su patrimonio a la solidaridad internacional y el activismo social, actividades entre las que se encuentran la donación a proyectos humanitarios en Gaza y la financiación de organizaciones activistas y medios de comunicación propalestinos.
Todos los/as diputados/as de IU, encabezados por su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, han firmado una iniciativa para plantear a los máximos responsables de Justicia y de Exteriores del Gobierno español si “en el supuesto de que los órganos judiciales españoles acordaran finalmente la extradición”, si piensan “ejercer las competencias que le atribuye la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, para denegar la entrega si apreciara un riesgo de vulneración de derechos fundamentales o la concurrencia de alguna de las causas legales que impiden la extradición”.
Izquierda Unida denuncia en su iniciativa que la detención de Chambers en España se produce en un “contexto de creciente represión de la Administración Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina y de la tensión creciente entre Donald Trump y el presidente del Gobierno español motivada, entre otras cuestiones, por las críticas de este último a la actuación del Estado de Israel en Gaza”.
Enrique Santiago, en concreto, advierte de que la solicitud de extradición de Chambers “puede responder a motivaciones políticas relacionadas con su apoyo a la causa palestina y una eventual extradición supondría un peligroso precedente de cara a cualquier ejercicio de las libertades de expresión, asociación y participación política”.
Uno de los cargos, el más grave y sin aportación de prueba alguna, por los que el Departamento de Justicia de EE.UU. pide la extradición de Chambers es la supuesta financiación de la resistencia palestina además de acusaciones vinculadas a protestas locales de apoyo para actuar contra instalaciones de fabricación de armamento israelí en EE.UU.
La iniciativa de IU registrada a través del Grupo Plurinacional Sumar inquiere del Gobierno una respuesta sobre si este valora que la solicitud de extradición está “motivada, total o parcialmente, por razones políticas relacionadas con su apoyo a la causa palestina”.
Interroga también sobre los “criterios que aplica el Gobierno para valorar la existencia de un riesgo de tortura, de tratos o penas inhumanos o degradantes, de imposición de penas incompatibles con los estándares europeos de derechos humanos o de una posible persecución por motivos políticos para resolver una solicitud de extradición”.
Finalmente, plantea si desde los ámbitos competentes del Ejecutivo estiman que “la protección de la libertad de expresión, de asociación y de participación en actividades de solidaridad internacional debe ser un elemento a tener en cuenta en la valoración de las solicitudes de extradición formuladas por terceros Estados con intereses opuestos a los defendidos por las personas reclamadas”.
Fuente: Izquierda Unida
