El Gobierno de Aragón anuncia la retirada de la asignación semanal a los menores migrantes acogidos en su comunidad

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia: «Una medida racista, miserable y cutre… un atentado contra los derechos humanos».
Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón | Fuente: @GobAragon
Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón | Fuente: @GobAragon

Los menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros de protección de la Comunidad de Aragón recibían hasta ahora una gratificación semanal de 17 euros por menor, pero el Departamento de Bienestar Social no sólo ha decidido retirar la asignación a los menores migrantes sino que de forma discriminatoria ha decidido mantenerla para los menores españoles tutelados. La medida ha sido ordenada por el Alejandro Nolasco (Vox), vicepresidente de Aragón y Consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, para quien su eliminación responde al compromiso del pacto de gobierno entre PP y Vox de no destinar recursos públicos a la inmigración ilegal.

Aragón acoge y tutela a 238 menores extranjeros no acompañados, una cantidad menor a la capacidad de acogida asignada a esta comunidad.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, su titular Sira Rego afirmaba que «discriminar a niños y niñas tutelados por su origen.. es un atentando contra nuestra Constitución y contra los derechos humanos». «La alianza PP-Vox empieza a desplegar su ‘prioridad nacional’ allí donde gobierna. Una medida racista, miserable y cutre para seguir criminalizando a personas que no viven aquí», afirma Rego.

La ministra de Juventud e Infancia anunció haberlo denunciado ante la Fiscalía por atentar contra el principio de igualdad de nuestra Constitución y por azuzar el odio.

Sira Rego afirmó que el único objetivo de Vox, allá donde gobierna, es crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma. «Esta discriminación —añadió la ministra— sería impensable hace unos años, pero el PP de Feijóo lo ha normalizado».

La ministra reivindicó una vez más la voluntad de nuestro país de ser un país de acogida, un país reconocido en todo el mundo por alzar la voz en defensa de los derechos humanos y se mostró confiada en que la medida pueda ser revocada, por entre otras cosas ser contraria a nuestra propia Constitución.

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