Trump, Milei, Netanyahu, la Unión Europea y sus Estados gobernados por las derechas y ultraderechas, y en España Abascal y Feijóo, se han conjurado para imponer sus recetas autoritarias, neoliberales y austericidas, con el objetivo de recortar y endurecer drásticamente las relaciones sociales y laborales surgidas tras la derrota del fascismo al final de la Segunda Guerra Mundial.
El objetivo es el mismo: eliminar los derechos colectivos e individualizar las relaciones laborales: trabajar más y cobrar menos. También comparten las medidas: aumentar la jornada laboral; restringir los salarios, las prestaciones, las ayudas sociales y las pensiones; desmantelar y privatizar los servicios públicos y la Seguridad Social; demoler la negociación colectiva, la representatividad, el derecho de huelga y la capacidad de intervención de los sindicatos en las empresas y los sectores; facilitar y abaratar el despido; criminalizar la enfermedad de la clase obrera, recortando y persiguiendo las bajas laborales, los permisos retribuidos, etc.
La derecha en Grecia ya ha impuesto jornadas laborales de hasta 13 horas diarias. En Alemania, el gobierno de la GroKo también quiere imponerlas y, además, aumentar la jornada semanal hasta las 48 horas, recortar la sanidad y retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. En Bélgica, la derecha acaba con la prestación indefinida por desempleo, penaliza las prejubilaciones, limita la indexación salarial (actualización de los salarios conforme al IPC) y recorta el papel de los sindicatos. Macron, en Francia, pretende congelar las pensiones, restringir el derecho de huelga y la negociación colectiva, reducir el empleo público y aumentar la jornada laboral mediante la eliminación de días festivos. Meloni, en Italia, desmantela la renta de ciudadanía, limita la negociación colectiva, recorta el derecho de huelga y los servicios públicos, y aumenta los contratos temporales y precarios; en Portugal, la gigantesca movilización sindical y las contradicciones parlamentarias han tumbado el «paquetazo laboral» de la derecha, que pretendía abaratar y facilitar el despido, ampliar la jornada laboral, limitar derechos adquiridos y el derecho de huelga, así como ampliar los contratos precarios y la subcontratación.
El modelo laboral de Feijóo y Abascal para España
Uno de sus principales objetivos de la alianza entre el PP y Vox es derogar algunas de las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años de gobiernos progresistas e imponer importantes restricciones y recortes sociales, laborales y democráticos.
Aunque Abascal y Feijóo tratan de ocultar sus planes antiobreros y antisindicales para no asustar a los votantes de clase trabajadora, sí han mostrado algunos de sus rasgos. Por ejemplo, el líder del PP ya ha desvelado en las últimas semanas cuál sería su contrarreforma laboral si llegara a La Moncloa. Ante el Círculo de Empresarios Vascos, calificó las bajas médicas de «cáncer» y aseguró que existe un fraude masivo, reproduciendo la campaña de la patronal contra el «absentismo». También anunció que una de las principales iniciativas que adoptaría si llegara al Gobierno sería reducir los salarios y las prestaciones de los trabajadores que no acudieran a su puesto por una baja médica, un permiso o cualquier otro tipo de ausencia.
Feijóo, al igual que Vox, se opone a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y pretende revertirlas, en línea con su defensa de los intereses de la patronal. En materia de pensiones públicas, ambos han votado sistemáticamente en contra de su revalorización conforme al IPC, mostrando su intención de recortarlas y avanzar hacia su privatización.
También plantean recortes en los derechos sindicales. En su último Congreso, el PP defendió elevar de 50 a 250 trabajadores el umbral mínimo necesario para constituir un comité de empresa, lo que supondría un ataque sin precedentes contra el movimiento sindical y la representación de la clase trabajadora, ya que la inmensa mayoría de las empresas, por su tamaño, perderían o verían reducida su representación sindical.
