Izquierda Unida ha impulsado, a través de Aida Castillejo, portavoz del Grupo Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, un comunicado conjunto en el que varios grupos de la institución denuncian las “actuaciones unilaterales” de su presidenta, la alcaldesa del Partido Popular María José García Pelayo, en relación con la situación de Ceuta.
El pronunciamiento, suscrito por los grupos Socialista, Izquierda Unida-Compromís-Comuns-Podemos, ERC y Junts, se produce después de que la FEMP solicitara a ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos la convocatoria de concentraciones el próximo 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta.
Las formaciones denuncian que esta iniciativa, así como otras decisiones comunicadas por la presidenta de la Federación, se habrían adoptado sin contar con el respaldo de los grupos representados en la FEMP ni con el acuerdo de sus órganos de gobierno.
“Ni la convocatoria de concentraciones en los ayuntamientos, ni la celebración de la Junta de Gobierno de septiembre en Ceuta, ni la cesión al presidente Vivas de un puesto en la Delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias ante el Comité de las Regiones han contado con el respaldo de los grupos representados en la FEMP ni con el acuerdo de sus órganos de gobierno”, señala el comunicado.
Los grupos firmantes consideran que el problema no reside en la solidaridad de las administraciones locales con Ceuta, sino en la forma en que la presidenta de la FEMP habría utilizado la institución para promover determinadas actuaciones sin el consenso del conjunto de las formaciones que la integran.
El comunicado recuerda que los gobiernos locales han demostrado su capacidad de actuar conjuntamente ante situaciones de especial gravedad, citando como ejemplos la pandemia, la erupción volcánica de La Palma, la invasión rusa de Ucrania o la tragedia de Adamuz. Según las organizaciones firmantes, en estos casos la respuesta se produjo desde la “institucionalidad”, el consenso entre los grupos y los órganos de gobierno de la FEMP.
Frente a este funcionamiento, las cuatro formaciones sostienen que en el caso de Ceuta García Pelayo habría actuado de manera unilateral y “a hechos consumados”, sin contar con el respaldo ni la aprobación del resto de grupos políticos.
El texto acusa además al Partido Popular de apartarse del “funcionamiento democrático” de la Federación durante la actual legislatura para hacer un “uso partidista” de la institución y de no respetar sus procedimientos internos.
Por ello, IU, PSOE, ERC y Junts expresan su “desacuerdo” con las decisiones adoptadas y reclaman a García Pelayo que las rectifique. También le exigen que adecúe su actuación a la “institucionalidad y lealtad” que, a su juicio, debe mantener tanto con el resto de grupos políticos como con los gobiernos locales asociados a la FEMP.
La polémica vuelve así a situar en el centro del debate el funcionamiento de la principal organización representativa de los municipios y provincias españolas y el papel que debe desempeñar ante situaciones de especial relevancia política e institucional.
