Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Andalucía y Extremadura son comunidades autónomas donde los pactos PP-Vox dejan una estela de desmemoria democrática que pone en peligro los tímidos avances de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y el posterior impulso que se le dio a la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Su objetivo es sustituir las leyes de memoria democrática por “Leyes de Concordia”. En Andalucía se llamará “leyes ideológicas”, de acuerdo al pacto de gobierno PP-Vox en su punto 148. El objetivo subyacente de todas ellas es sustituir el marco normativo actual para frenar el derecho a la identidad de las víctimas de la dictadura franquista y la reparación de las familias.
Las “Leyes de Concordia” se presentan como una ley que supere el marco normativo vigente y garantice el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo, o de la persecución ideológica. Pero es que nuestro país ya cuenta con una ley que protege a las víctimas del terrorismo y un marco legal para perseguir la violencia religiosa, la violencia social…
El gobierno central debe derogar todas las leyes autonómicas que vulneren la Ley de Rango Estatal de Memoria Democrática. Y los ayuntamientos de izquierda deben mantener políticas públicas de memoria
La deuda histórica de nuestro país era el reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista. Los pactos del PP-Vox pretenden hacer saltar por el aire todos los avances conseguidos hasta el momento y establecer la equidistancia como marco jurídico. Esta es su hoja de ruta y sus objetivos:
—Un retroceso en el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo.
—La paralización de políticas públicas relacionadas con la memoria democrática.
—Un cambio sustancial de enfoque que reducirá las exhumaciones a intervenciones arqueológicas, desvinculándose de los principios de verdad, justicia y reparación.
—Eliminar la dotación presupuestaria a todas las acciones de memoria democrática. Sólo mantendrán aquellas que se financian por parte del Gobierno de España y son transferidas a la Federación Española de Municipios y Provincias.
—Paralización de los expedientes abiertos para la eliminación de los vestigios y monumentos franquistas.
Ante este intento de igualar víctimas y verdugos, de eliminar la memoria democrática de las comunidades donde gobierna sólo nos queda:
—Mantener políticas públicas de memoria democrática en los ayuntamientos gobernados por la izquierda en nuestro país.
—Por parte del gobierno central, derogación de todas las leyes autonómicas que vulneren la Ley de Rango Estatal de Memoria Democrática, como se ha hecho con la ley mallorquina.
La memoria democrática es antifascista, por eso el interés de las comunidades autónomas donde gobiernan el PP-Vox de eliminar todo vestigio de la memoria democrática.
