La protesta educativa madrileña ha dado un nuevo paso. A la huelga indefinida del profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, que entra en su cuarta semana, se han sumado este miércoles y jueves los trabajadores y estudiantes de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Una confluencia que amplía el conflicto y pone sobre la mesa un problema que va mucho más allá de las condiciones laborales: la financiación de la educación pública y el modelo universitario que está tomando forma en la Comunidad de Madrid.
Las aulas universitarias han amanecido estos dos días con menor actividad, piquetes informativos y concentraciones en los campus. La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que reúne a las plataformas de las seis instituciones, ha convocado los paros con el respaldo de CCOO, UGT, CGT y CNT, además de organizaciones estudiantiles. Están llamados a secundarlos el personal docente e investigador, los trabajadores de administración y servicios y el alumnado.
El primer día, las informaciones recogidas por RTVE situaban el seguimiento entre el 50% y el 90%, dependiendo de las facultades. La jornada de este jueves incluye actividades en los campus, una concentración ante la Consejería de Educación y una manifestación desde Atocha hasta Sol, prevista para las 17.30 horas.
Una universidad infrafinanciada en la comunidad más rica
La reivindicación universitaria tiene tres grandes ejes: financiación suficiente, mejora de las condiciones de trabajo y estudio y freno a la expansión de un modelo privatizador. Los convocantes denuncian que la falta de recursos está deteriorando la calidad de la enseñanza y la investigación, limita la contratación y promoción del profesorado y obliga a las universidades a recortar grupos, servicios y actividades. La Complutense, por ejemplo, ha tenido que afrontar un plan de reducción de grupos y profesorado, mientras la Rey Juan Carlos estudia solicitar un crédito de 40 millones de euros para hacer frente a sus problemas económicos.
Los datos disponibles ayudan a entender el malestar. Según el análisis de la Fundación CYD sobre los presupuestos liquidados de 2022, Madrid destinaba 5.362 euros por estudiante en transferencias corrientes y de capital procedentes de su Gobierno autonómico. Era la cifra más baja de todas las comunidades, por detrás de Cataluña (5.599 euros) y Murcia (6.267) y muy lejos de La Rioja, con 9.689 euros; Navarra, con 9.210, y País Vasco, con 9.065 euros.
La financiación pública no es una cuestión secundaria. Determina la capacidad de contratar profesorado e investigadores, mantener laboratorios y bibliotecas, renovar equipamientos, ampliar grupos y ofrecer una enseñanza con garantías. Cuando los presupuestos no acompañan, las consecuencias llegan a las aulas: menos recursos para prácticas, plantillas sobrecargadas, dificultades para estabilizar investigadores y menor capacidad para atender a un alumnado cada vez más numeroso.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, establece como objetivo compartido por el Estado, las comunidades autónomas y las universidades destinar al menos el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria en 2030. Los convocantes de la huelga denuncian que Madrid permanece en torno al 0,4% de su PIB regional, lejos del objetivo legal.
El negocio universitario crece en Madrid
Mientras las universidades públicas reclaman recursos para mantener su actividad, el sector privado ha encontrado en Madrid uno de sus principales espacios de expansión. La comunidad cuenta con 14 universidades privadas frente a 6 públicas y concentra casi el 30% de las instituciones privadas existentes en España. En la última década se han incorporado seis nuevas universidades privadas.
El crecimiento también se refleja en el alumnado. Entre los cursos 2015-2016 y 2025-2026, los estudiantes de grado matriculados en universidades privadas madrileñas pasaron de alrededor de 45.000 a más de 90.000. La cifra provisional de 2026 alcanza los 96.028, según la estadística de la Comunidad de Madrid. La región registra asimismo el mayor porcentaje de estudiantes en centros privados de todo el país, unos diez puntos por encima de la media nacional. En el conjunto de España, el 25,7% del alumnado universitario estaba matriculado en centros privados en el curso 2023-2024.
La tendencia no es exclusiva de Madrid. En Andalucía, el alumnado de grado en las universidades privadas pasó de unos 1.500 a 7.500 en diez años, mientras que Cataluña registró un crecimiento del 38%, desde 21.300 hasta cerca de 35.000 estudiantes. Sin embargo, la dimensión alcanzada en Madrid es muy superior: los centros públicos reciben ya solo al 58% de los nuevos estudiantes que acceden a la universidad en la región.
A esta expansión se añade la tramitación de nuevos proyectos privados. Dos iniciativas, TAI University y Universidad Felipe II, están pendientes de aprobación en la Asamblea de Madrid, mientras un tercer proyecto, la Universidad Abierta de Europa, ha quedado pospuesto por el Ejecutivo regional. Los tres recibieron informes desfavorables de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Quién decide y qué modelo de universidad se construye
La financiación universitaria depende fundamentalmente de las comunidades autónomas. Según la Fundación CYD, el 82% de las transferencias recibidas por las universidades públicas presenciales españolas en 2022 procedía de los gobiernos autonómicos. El Estado establece el marco legal general, los requisitos básicos y las condiciones de calidad del sistema, pero son los gobiernos regionales quienes tienen un papel decisivo en la financiación, la autorización de centros y universidades y la fijación de los precios públicos de matrícula. Las universidades, por su parte, disponen de autonomía para elaborar y gestionar sus propios presupuestos.
Los sindicatos, las plataformas estudiantiles y los colectivos en defensa de la enseñanza pública sostienen que la insuficiencia de recursos de los campus públicos coincide con una política de la Comunidad de Madrid que facilita la implantación y expansión de universidades privadas. Reclaman que se garantice la financiación de las seis instituciones públicas, se estabilicen las plantillas, se protejan las condiciones de estudio y se frene la mercantilización de la educación superior.
4º semana de huelga en la educación no universitaria
La huelga universitaria termina este jueves, pero el conflicto educativo madrileño continúa. El profesorado de las etapas no universitarias mantiene su convocatoria indefinida, iniciada el 14 de octubre, y exige a la consejera Mercedes Zarzalejo que abra una negociación con el comité de huelga. Sus demandas incluyen reducir las horas lectivas —de 19 a 17 en Secundaria y de 25 a 22 en Infantil y Primaria—, bajar las ratios, reforzar la atención a la diversidad, reducir la burocracia, mejorar las instalaciones y aumentar los salarios en 600 euros mensuales.
En la jornada del 3 de noviembre, los convocantes cifraron el seguimiento de los paros en el 40%, mientras que la Comunidad de Madrid lo situó en el 6,4%. La distancia entre ambos balances refleja también la falta de acuerdo entre la Administración y los representantes del profesorado.
La incorporación de las universidades ha ampliado el alcance de una protesta que ya no se limita a reclamar mejoras laborales. Lo que está en juego es qué recursos se destinan a la educación pública, qué oportunidades de acceso tienen los estudiantes y qué papel debe desempeñar la universidad en una sociedad cada vez más desigual.
