La crisis de la vivienda ha llevado a miles de personas a las calles de Portugal. La respuesta de las autoridades, sin embargo, ha sido recurrir reiteradamente a los desalojos policiales. Las acampadas instaladas en Lisboa y Oporto han sufrido varias intervenciones de la Policía de Seguridad Pública (PSP), con cargas, golpes de porra, detenciones y decenas de personas heridas. Amnistía Internacional ha denunciado el uso «excesivo» y «desproporcionado» de la fuerza y reclama una investigación sobre las actuaciones policiales.
La intervención más reciente tuvo lugar en la madrugada del 1 de noviembre, cuando agentes antidisturbios, algunos acompañados de perros, irrumpieron simultáneamente en las plazas del Rossio, en Lisboa, y João I, en Oporto. El operativo se saldó con trece personas detenidas y más de treinta manifestantes heridos, según el balance de los organizadores. Diez de ellos necesitaron atención hospitalaria.
La operación se produjo después de que más de un millar de personas participaran en una manifestación por el derecho a la vivienda que había transcurrido sin incidentes. Horas después, los agentes desalojaron las tiendas instaladas en ambas plazas. La PSP justificó la intervención por la ocupación no autorizada del espacio público y aseguró que algunos manifestantes habían lanzado objetos contra los agentes. Los abogados de los detenidos denunciaron la desproporción del dispositivo y anunciaron acciones judiciales contra el ministro de Administración Interna y el director de la Policía.
El Partido Comunista Portugués (PCP) calificó la actuación de «desproporcionada y violenta» y denunció que el Gobierno, en lugar de responder a la crisis habitacional, estaba recurriendo a una interpretación restrictiva de la ley para limitar el derecho constitucional de manifestación. El partido recordó además que un fiscal del Ministerio Público había señalado públicamente que instalar tiendas en las plazas no constituía por sí mismo ninguna ilegalidad. Para el PCP, reprimir a quienes luchan por un derecho reconocido en la Constitución resulta intolerable.
Los comunistas solicitaron un debate parlamentario de urgencia para exigir explicaciones y depurar responsabilidades políticas. Sin embargo, la iniciativa no salió adelante. El CDS se opuso expresamente y el PSD, Chega e Iniciativa Liberal no dieron su conformidad, impidiendo el consenso necesario para alterar el calendario parlamentario. La diputada Paula Santos acusó a estas fuerzas de obstaculizar la fiscalización del Gobierno y evitar que tuviera que dar explicaciones sobre la actuación policial.
Una violencia que viene de lejos
Lo ocurrido el 1 de noviembre no es un episodio aislado. Desde que comenzaron las acampadas, a mediados de octubre, las fuerzas policiales han intervenido repetidamente para desmantelarlas. En Oporto, una primera carga el 15 de octubre dejó 37 personas heridas, según los datos recogidos por Amnistía Internacional. La organización ya entonces reclamó una investigación independiente y recordó que el derecho de manifestación protege también las protestas pacíficas que ocupan el espacio público durante la noche.
Un testimonio publicado por El Salto amplía la perspectiva sobre estas actuaciones. Una persona participante en las acampadas relata detenciones violentas, golpes y el trato recibido por manifestantes racializados. Uno de ellos, Gege, de 18 años, cuenta que fue inmovilizado con una rodilla sobre la cabeza, esposado y separado del resto de detenidos. También relata que un agente le retiró la bufanda que le cubría el rostro y le dio dos bofetadas.
El artículo recoge asimismo episodios de cargas con granadas aturdidoras, balas de goma y perros policiales, además de la retirada y destrucción de tiendas y suministros de las acampadas. Sus autores relacionan estos hechos con una trayectoria más amplia de violencia policial en los barrios empobrecidos y racializados de Portugal. No se trataría, por tanto, de una práctica surgida con las protestas por la vivienda, sino de una realidad que ha adquirido mayor visibilidad al afectar a un movimiento con una presencia pública más amplia.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya había advertido en informes anteriores sobre los malos tratos policiales, especialmente contra personas extranjeras. Amnistía Internacional también ha documentado en sus intervenciones recientes lesiones graves entre manifestantes y ha insistido en que la dispersión de una protesta pacífica debe ser el último recurso.
La vivienda, el origen del conflicto
Las acampadas portuguesas se inspiran en las movilizaciones surgidas en ciudades españolas y denuncian una crisis habitacional que se ha agravado durante los últimos años. El precio de la vivienda en Portugal se ha más que duplicado desde 2017, mientras el Gobierno de Luís Montenegro impulsa una reforma de la legislación del alquiler que facilitaría los desahucios y eliminaría los límites de las rentas en los nuevos contratos.
Los manifestantes reclaman retirar la reforma, establecer límites a los alquileres, frenar las compras especulativas de fondos inmobiliarios y ampliar el parque público de vivienda. El Ejecutivo ha descartado retirar la iniciativa, aunque ha abierto la puerta a introducir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
En medio de los desalojos, una resolución judicial del 2 de noviembre reconoció el derecho de una de las manifestantes a mantener la acampada de Lisboa bajo determinadas condiciones. El fallo señaló que la hora, por sí sola, no justifica la dispersión de una manifestación y que las tiendas pueden ser instrumentos de protesta. El Ministerio de Administración Interna, no obstante, sostiene que la decisión se refiere exclusivamente al caso individual que llegó a los tribunales.La respuesta policial ha terminado por ampliar el alcance de unas movilizaciones que comenzaron reclamando el derecho a una vivienda digna. Sus participantes plantean que la lucha debe servir también para conectar otras reivindicaciones sociales y denunciar las distintas formas de opresión. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos exigen que las autoridades garanticen el derecho a manifestarse y depuren las responsabilidades por el uso de la fuerza.
