Maricarmen Abascal tiene 87 años y llevaba siete décadas viviendo en la misma casa. Este miércoles ha tenido que abandonarla. La comisión judicial ha ejecutado el desahucio de su vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, después de varios aplazamientos y de semanas de movilización para tratar de impedirlo. La anciana ha salido del edificio a las 13:00 horas en una camilla del Samur y ha sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
El desenlace resulta especialmente difícil de asumir porque durante los últimos días se habían planteado distintas alternativas para evitar que Maricarmen perdiera su casa. La propiedad, la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, reclama elevar el alquiler desde los 500 euros que paga actualmente hasta 2.650 euros mensuales. Una escritora que ha preferido mantener el anonimato llegó a ofrecerse a pagar los 2.150 euros de diferencia para que la anciana pudiera permanecer en su vivienda. La propuesta tampoco fue aceptada.
Desde octubre de 2025, además, las Administraciones disponían de un informe con distintas posibilidades para resolver el caso, entre ellas la adquisición de la vivienda o su expropiación para incorporarla al parque público. El Ministerio de Vivienda también aseguró haber mediado para intentar adquirir el inmueble, sin conseguir un acuerdo con la propiedad.
Cientos de personas junto a Maricarmen
La respuesta social ha sido multitudinaria. Cientos de personas han pasado la noche y la mañana frente al domicilio, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, con el objetivo de impedir el lanzamiento. Durante la mañana, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo para desalojar a quienes trataban de bloquear la entrada al edificio. Los activistas han denunciado empujones y golpes durante la intervención.
Entre quienes han acudido a la concentración ha estado Enrique Santiago, diputado de IU y secretario general del PCE. Santiago ya había llevado el caso al Congreso y ha vuelto a denunciarlo desde la concentración. «Estamos hartos de proponer medidas y llevarlas al Congreso», ha señalado, reclamando al Gobierno medidas que permitan acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.
Enrique Santiago ha situado además la responsabilidad política más allá del procedimiento judicial. A su juicio, el problema esencial es que el Gobierno central dispone de instrumentos que no está utilizando con la contundencia necesaria, mientras las administraciones autonómica y municipal también tienen competencias en materia de vivienda. El PSOE no tiene “la valentía suficiente para tomar medidas contundentes que acaben con la especulación y garanticen el derecho a la vivienda en un país donde hay cientos de miles de viviendas vacías, que es lo que es absolutamente inaceptable”, ha zanjado.
Su mensaje tras el desahucio ha sido igualmente contundente: Maricarmen, ha escrito, «llevaba 70 años en su casa y la ha echado un fondo buitre». También ha llamado a organizarse en el Sindicato de Inquilinas y en los sindicatos y a «luchar en todos los frentes» para evitar que vuelva a producirse una situación semejante.
Las administraciones dicen que quieren ayudar, pero Maricarmen acaba en la calle
El desahucio de Maricarmen deja también al descubierto una cadena de decisiones políticas que no puede quedar reducida a la actuación de la empresa propietaria. El Ministerio de Vivienda asegura haber intentado adquirir el inmueble y la ministra Isabel Rodríguez ha reclamado una solución, pero el Gobierno lleva meses sin sacar adelante algunas de las medidas que podrían cambiar las reglas que permiten que los fondos de inversión sigan aumentando su presencia en el mercado residencial.
La contradicción resulta especialmente evidente. Apenas una semana antes del lanzamiento, el Congreso volvió a rechazar una iniciativa de Sumar para impedir que empresas y fondos de inversión puedan comprar viviendas. El texto pretendía reservar la adquisición de estos inmuebles a personas físicas y frenar así la acumulación de viviendas con fines especulativos. PP, Vox y Junts votaron en contra, mientras que el PSOE se abstuvo. La iniciativa ni siquiera llegó a comenzar su tramitación parlamentaria.
Es difícil separar esa decisión del caso de Maricarmen. Su vivienda pasó a manos de una empresa y, posteriormente, la propiedad planteó elevar el alquiler desde los 500 euros que pagaba hasta 2.650. Mientras se discutía en el Congreso si poner límites a la adquisición de viviendas por parte de fondos, una mujer de 87 años se enfrentaba precisamente a las consecuencias de un mercado inmobiliario cada vez más dominado por grandes operadores.
La responsabilidad tampoco termina en el Gobierno central. En Madrid, las políticas del Partido Popular han apostado abiertamente por atraer inversión inmobiliaria y defender una ciudad favorable a la actividad de los grandes actores del sector.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho de la atracción de capital y de la actividad inmobiliaria uno de sus argumentos económicos, mientras rechaza aplicar herramientas como la declaración de zonas tensionadas previstas por la legislación estatal. En este contexto, la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los territorios donde más frontalmente se confrontan dos concepciones de la vivienda: como derecho o como activo de inversión.
Y mientras las distintas Administraciones se señalan mutuamente por sus competencias, Maricarmen ha terminado fuera de su casa.
Por eso el caso debería ser un punto de inflexión. No solo para pedir que no vuelva a producirse un desahucio como el de Maricarmen, sino para abordar la cuestión que está detrás: si las instituciones están dispuestas realmente a impedir que la vivienda se convierta en un activo cada vez más concentrado en manos de fondos y grandes propietarios.
Porque si una persona puede perder su casa después de 70 años mientras las empresas que acumulan viviendas encuentran cada vez más oportunidades para hacer negocio con ellas, el problema no es únicamente que haya fallado una solución de emergencia. Es que las reglas del mercado siguen estando por encima de la protección efectiva del derecho a la vivienda.
