La historia de Maricarmen cambió en 2018. Hasta entonces, la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que llevaba viviendo desde 1956 pertenecía a una familia particular. Ese año, el edificio fue vendido a Renta Corporación y posteriormente terminó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, conocida comercialmente como Urbagesa.
Desde entonces comenzó el conflicto que ha terminado este miércoles con Maricarmen, de 87 años, fuera de su casa.
La empresa defendió ante los tribunales que el contrato de renta antigua de la mujer había quedado extinguido. Tras años de litigio, el Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad sobre la segunda subrogación del contrato. Una vez recuperado el inmueble, la compañía llegó a plantear un alquiler de 2.650 euros mensuales frente a los aproximadamente 500 que pagaba Maricarmen.
Pero el interés del caso va más allá de la batalla judicial. La actividad de Urbagestión permite observar cómo funciona una parte del negocio inmobiliario profesional en Madrid.
Comprar inmuebles y buscar su rentabilidad
Urbagestión fue constituida en 2005 y se presenta como una empresa especializada en la gestión de activos inmobiliarios en rentabilidad. Trabaja con edificios residenciales, viviendas, oficinas, locales, hoteles, suelo y otros tipos de inmuebles.
Según la información publicada por EFE a partir de la propia actividad comercial de la compañía, Urbagesa ofrece también edificios residenciales que todavía tienen inquilinos. En uno de sus anuncios explica que una finca puede ser objeto de una “revalorización, previo vaciado y reforma del mismo”. En otro inmueble, anuncia un edificio con inquilinos y plantea como alternativas optimizar los alquileres o proceder a su vaciado y posterior reforma.
No significa que todas las operaciones de la empresa sigan necesariamente ese procedimiento ni que la adquisición de un edificio tenga como finalidad expulsar a sus residentes. Pero sí muestra cuál es la lógica económica con la que una compañía de este tipo analiza determinados inmuebles: la vivienda no se contempla únicamente como un lugar habitado, sino como un activo cuya rentabilidad y valor pueden aumentar.
La propia empresa afirma dedicarse al análisis de inversiones, estudios de mercado, consultoría y operaciones de compraventa de activos inmobiliarios. Tiene su sede en Madrid y, según la información empresarial recogida por EFE, cuenta con alrededor de siete empleados y está clasificada como microempresa.
Su actividad tampoco se limita a viviendas. Urbagesa comercializa inmuebles de distintos usos y dispone de una cartera que incluye edificios residenciales y otros activos, además de operaciones relacionadas con farmacias. La escala de la compañía no es la de un gran fondo internacional, pero su modelo se integra plenamente en el mercado profesional de inversión y gestión inmobiliaria.
Una vivienda de 500 euros frente a un mercado de 2.650
Ahí se encuentra el choque que ha convertido a Maricarmen en un símbolo.
Cuando Urbagestión entró en la operación, el edificio arrastraba contratos de renta antigua con unas condiciones muy alejadas de los precios disparatados del mercado actual madrileño. En el caso de Maricarmen, la renta rondaba los 500 euros mensuales.
La mujer rechazó en su momento una oferta de compra de unos 247.000 euros cuando el edificio estaba en manos de Renta Corporación. No podía afrontar ese desembolso ni obtener financiación a sus 80 años. Posteriormente, el conflicto pasó a los tribunales hasta que el Supremo determinó que la segunda subrogación de su contrato no podía mantenerse.
El resultado es conocido: una vivienda que durante décadas había tenido una función residencial estable pasó a convertirse en un activo con un potencial económico muy diferente. La propiedad llegó a exigir 2.650 euros mensuales, más de cinco veces la renta que pagaba Maricarmen.
El negocio detrás de la palabra “revalorización”
La palabra utilizada por la propia empresa resulta especialmente reveladora: revalorización.
En el lenguaje del mercado inmobiliario significa aumentar el valor económico de un activo. Puede hacerse mediante reformas, cambios en la gestión de los alquileres, nuevas condiciones contractuales o simplemente esperando a que aumente el valor de la zona.
Pero una vivienda no puede aumentar su valor de mercado en abstracto. Alguien termina pagando esa diferencia.
En el caso de Maricarmen, la distancia entre ambas realidades resulta brutal: para la propiedad, el inmueble podía generar una renta muy superior; para una pensionista de 87 años, ese incremento hacía imposible continuar viviendo en él.
Ese es el conflicto que queda oculto cuando se habla únicamente de una disputa sobre un contrato de alquiler. Lo que para una empresa inmobiliaria es un activo susceptible de revalorización, para quien lleva siete décadas viviendo allí es su casa.
Urbagestión ha ganado judicialmente la batalla por recuperar el inmueble. Pero el desahucio de Maricarmen vuelve a poner sobre la mesa una cuestión política que trasciende a esta empresa concreta: qué ocurre cuando viviendas situadas en barrios donde los precios se disparan pasan progresivamente de manos de propietarios particulares a sociedades cuyo negocio consiste precisamente en extraer rentabilidad de los activos inmobiliarios.
El miércoles, esta transformación ha tenido una imagen concreta: Maricarmen saliendo en camilla de la casa en la que entró con 17 años. Y detrás de ella, un inmueble que para el mercado puede ser una inversión, pero que durante 70 años fue un hogar.
