La vivienda se mantiene como principal problema de España, con un nuevo récord en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con casi el 50% de menciones en sus cuestionarios de mayo. Además, también encabeza la lista de problemas que afectan personalmente a la ciudadanía, con un 30,7%, cifra máxima del problema hasta el momento.
No es sorpresa para nadie que se trata de un reto pendiente de las Administraciones Públicas del Estado para con la clase trabajadora, junto a muchos de los otros retos y problemas a los que se enfrenta en un contexto de capitalismo feroz y represión de derechos humanos en tantos lugares del planeta.
Cuando evaluamos lo concreto del problema, una de las principales cuestiones que se ignoran o se manipulan malintencionadamente es la distribución competencial, es decir, las cartas que tiene cada administración para jugar.
Competencias autonómicas y autonomías rebeldes
A pesar de los muchos logros de los sucesivos gobiernos de coalición, en el período anterior no se prestó la suficiente atención a una de las insuficiencias más costosas para la ciudadanía, el hecho de que, según la Ley 12/2023 por el derecho a la Vivienda, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de no efectuar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado (en adelante, ZMRT), requisito indispensable para poder controlar los precios del alquiler. Al fin y al cabo, el redactado de la ley deja la puerta abierta a que las comunidades autónomas, aun cumpliéndose los requisitos para la declaración de ZMRT, puedan ignorar la realidad de sus pueblos y ciudades y dejar que el mercado opere a sus anchas.
La declaración de ZMRT, que ha demostrado su utilidad ya en diversos lugares en los que se ha aplicado, en la práctica no afecta a la vida de las personas que residen en tantas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ya que la consideran una medida intervencionista, y saben que omitir su aplicación desgasta al Gobierno central.
Las comunidades autónomas tienen competencias sobre vivienda. Las del PP se niegan a declarar zonas tensionadas para regular el precio del alquiler; lo consideran intervencionista y ellos apuestan por el mercado
En gran medida, muchas de las competencias en vivienda residen en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones Locales, que tienen las herramientas para decidir sobre la gestión directa de la mayor parte de la vivienda protegida (con la salvedad del recientemente creado parque de vivienda social de titularidad estatal) así como para desplegar los mecanismos de control de rentas en el mercado privado del alquiler, tal y como se ha señalado en el párrafo anterior. Todo ello, deja al Ejecutivo central con grandes limitaciones a la hora de hacer frente a este gran problema. A pesar de esto, hay diversas cuestiones y herramientas legislativas que podrían ser empleadas, desde el ejecutivo central, para combatir la barbaridad especulativa que crece más cada mes en nuestro país.
Campo para actuar
Cuestiones como multiplicar el porcentaje de vivienda pública social y asequible (asegurando una inversión mínima inicial del 2% del PIB anual), prohibir la compra especulativa, incoar expedientes de expropiación de viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, rehabilitación de inmuebles públicos en desuso, establecer un programa de adquisición de viviendas mediante tanteo y retracto, asegurar la gestión pública del parque público de vivienda, o abrir la posibilidad de que los municipios puedan declarar subsidiariamente ZMRT, serían algunos pasos decisivos para aliviar la enorme carga económica que supone actualmente para la clase trabajadora el acceso a la vivienda. Lamentablemente, en un contexto de inestabilidad parlamentaria y de intereses rentistas del Partido Socialista, muchas de estas medidas son difícilmente aplicables, y debemos prestar atención a otras posibilidades.
Prórroga de los alquileres
Llegados a este punto, surge la posibilidad de ejecutar una medida de aplicación inmediata que pueda dar algo de respiro a la ciudadanía: la prórroga de los alquileres. Ejecutada mediante real decreto ley, esta iniciativa ya se intentó convalidar posteriormente en el Congreso a finales de abril de este año. Lamentablemente, la derecha y ultraderecha no permitió que este clamor social pudiera ser convalidado. A consecuencia de esto, y según estimaciones de Oxfam Intermón[1], el porcentaje de población arrendataria en situación de sobreesfuerzo (aquella que destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda) podría pasar del 35% actual al 62%. Oxfam también apuntaba que, “en los próximos dos años, más de 1,2 millones de contratos de alquiler firmados antes de la escalada de precios llegarán a su fin, con cerca de 630.000 vencimientos previstos en 2026 y unos 600.000 adicionales en 2027”.
Independientemente del fracaso parlamentario, la publicación del RDL ya ayudó a miles de familias e inquilinas a ganar algo de tiempo y no verse aún más asfixiadas por el fin de sus contratos. Por ello, es imprescindible que se publique un nuevo real decreto ley y que, tras la pertinente negociación, se vuelva a traer a la Cámara Baja, para continuar la presión sobre la derecha especuladora y conseguir esa ansiada victoria que sin duda mejorará la vida de millones de personas en nuestro país.
Es fundamental ser ambicioso e intentar conseguir todos los retos pendientes del Gobierno, especialmente en materia de vivienda, pero trabajemos para hacerlo de manera informada con las competencias de cada administración, y, sobre todo, entendiendo la batalla que toca dar en cada momento. Somos conscientes de que este RDL no va a suponer la resolución definitiva de un problema que es estructural, pero creemos que es un pequeño alivio imprescindible hasta que consigamos dar con la solución que ponga fin a las dinámicas rentistas que, hoy día, se dan en nuestro país. Este es nuestro objetivo final, y no nos resignaremos hasta conseguirlo.
En este momento, la batalla es la prórroga del alquiler, y la convalidación del nuevo real decreto ley, batalla para la que se necesita del remo a favor de toda la ciudadanía, organizada y no organizada, con la intención definitiva de cumplir el objetivo constitucional de “disfrutar de una vivienda digna y adecuada” e “impedir la especulación”.
Nota:
[1] https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/rechazo-prorroga-alquiler-eleva-poblacion-sobreesfuerzo-35-al-62-por-ciento
