Los desahucios son silenciosos. Y diarios. El año pasado, el Consejo General del Poder Judicial registró 25.540 lanzamientos, término que aterroriza porque expresa sin ambigüedades que lo que se “lanza” de las casas son personas, con sus vidas, sus enseres, sus familias y sus vulnerabilidades e impotencias. Y a veces con sus enfermedades.
Afortunadamente, el desahucio de Maricarmen ayer en el madrileño barrio de Retiro, fue todo menos silencioso. Ha adquirido una dimensión nacional al convertirse en uno de los ejemplos más visibles del conflicto entre el derecho a la vivienda y la especulación sin escrúpulos de grandes operadores inmobiliarios.
Las movilizaciones de protesta que intentaron impedir el desahucio, continuaron por la tarde. El Sindicato de Inquilinas convocó concentraciones en una docena de ciudades. En Madrid, unas 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, protestaron ante el inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí, reclamando que se destine a Maricarmen y denunciando la política de vivienda madrileña y el escándalo de Ayuso. En Barcelona, la Guardia Urbana cifró en unas 250 las personas concentradas ante la Delegación del Gobierno. También hubo protestas en Valencia, Sevilla, Toledo, Guadalajara, Ávila, Cádiz, Málaga y Palma, entre otras ciudades. En Huelva está convocada otra concentración este jueves a las 19:30 horas ante la Subdelegación del Gobierno.
El desahucio de Maricarmen ha centrado el foco de todas las cámaras y de la indignación genenalizada en esos fondos buitres que negocian por encima de las vidas de la gente y en quienes les permiten hacerlo. En los especuladores y quienes les dejan actuar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de ellas, intentaba miniminar el caso: dijo que era uno más de los 25.500 desahucios que se realizan al año. Lo que no dijo es que casi el 10% de esos desahucios se realizan en la Comunidad de Madrid, ni recordó las competencias que ella y su gobierno regional del PP tienen en la materia, ni que se niegan a aplicar la Ley Estatal de Vivienda de 2023 y la calificación de zonas tensionadas en sus comunidades, que limitaría el precio y subida de alquileres, con reglas específicas para grandes tenedores.
En una cosa tiene razón Ayuso: el de Mari Carmen es un caso más. Sin querer hacerlo, dejó sobre la mesa que cada año hay más de 25.500 Mari Carmen que son expulsadas de unas viviendas que habitan y no pueden pagar y que 2.267 de los desahucios ejecutados, se realizaron en su comunidad. No se trata de poner un parche sino de cambiar y aplicar la ley.
Expropiación y Ley de Vivienda
Hay leyes que protegen a los propietarios. Pero las leyes se pueden cambiar. Hace falta voluntad. Y valentía. Esa valentía es la que Sumar y sus ministros exigen al gobierno. Sumar ha trasladado por escrito al PSOE su exigencia de que el próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 29 de septiembre, apruebe el real decreto-ley de vivienda y estudie la expropiación del inmueble para que pueda ser recuperado como vivienda pública.
Fuentes de Sumar consideran que, después de que la propiedad rechazara las distintas alternativas planteadas para evitar el desahucio, la expropiación es ahora la vía que debe estudiarse. La formación sostiene que el Gobierno “no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general” y demanda reforzar la protección de los inquilinos frente a grandes propietarios.
El marco jurídico de la medida se encuentra en el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada pero establece también su función social y contempla la privación de bienes por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante indemnización y de acuerdo con la ley. La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 establece, a su vez, que para proceder a una expropiación es necesaria la previa declaración de utilidad pública o interés social y regula el procedimiento y las garantías para los propietarios. La Ley de Vivienda de 2023 reconoce expresamente la función social de la vivienda y obliga a las administraciones competentes a promover las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.
Sumar reclama además que el próximo Consejo de Ministros apruebe «sí o sí» el decreto de vivienda, que incluiría, según la formación, la congelación y prórroga de los alquileres, medidas sobre los usos especulativos de la vivienda —entre ellos los pisos turísticos, los alquileres de temporada y las habitaciones— y nuevas garantías para familias e inquilinos frente a grandes tenedores.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió tras el desahucio que el Gobierno lleve ambas medidas al Consejo de Ministros. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó el lanzamiento de “indecencia” y reclamó que se cumpla el acuerdo de Gobierno para aprobar el nuevo decreto. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró el caso un “punto de inflexión” y defendió que el Ejecutivo debe estudiar “todas las vías legales, incluso estudiar la expropiación de la vivienda»”.
Sira Rego: “Debe comenzar a cuestionarse el derecho de propiedad cuando se contrapone al derecho a la vivienda”
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, fue más contundente: calificó de “insoportable” la situación de la vivienda y sostuvo que las distintas administraciones deben asumir sus responsabilidades. “O asumimos que todos tenemos responsabilidad en materia de vivienda o será imposible poner solución”, afirmó en RNE. Rego también planteó quedebe comenzar a cuestionarse el derecho de propiedad cuando se contrapone al derecho a la vivienda y denunció que se esté priorizando «el derecho a hacer caja y negocio con la vivienda frente a los derechos de la gente».
El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, situó igualmente la responsabilidad más allá del procedimiento judicial. “Estamos hartos de proponer medidas, llevarlas al Congreso y que las fuerzas de la derecha no sean capaces de aprobarlas”, señaló. Santiago reclamó al PSOE mayor contundencia y sostuvo que «no tienen la valentía suficiente para tomar medidas contundentes que acaben con la especulación y garanticen el derecho a la vivienda», además de recordar que existen cientos de miles de viviendas vacías.
El desahucio de Maricarmen ha situado de nuevo en el centro del debate la necesidad de reforzar las medidas de protección ante los lanzamientos y el alcance de las herramientas de las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda. Die Linke lo entendió bien en Berlín, y su defensa por el derecho a la vivienda fue refrendado por la ciudadanía que les dio la victoria en las elecciones de la capital alemana el pasado domingo. La bandera por el derecho a la vivienda empieza a ondear.
